Sentencia SU-115/19

 DERECHO DE PARTICIPACION Y ACCESO AL DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y CARGOS
 PUBLICOS DE RECTOR DE UNIVERSIDAD-Vulneración por cuanto Consejo de
 Estado, al decretar nulidad de elección de Rector de Universidad,
 desconoció autorregulación del Consejo Superior de la UPTC

 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y
 especiales de procedibilidad

 DERECHOS POLITICOS-Naturaleza fundamental/DERECHOS POLITICOS-Alcance

 DERECHOS POLITICOS-Permiten que haya una participación activa por parte
 de los ciudadanos

 DERECHO A ACCEDER A CARGOS PUBLICOS-Carácter fundamental/DERECHO A
 ACCEDER A CARGOS PUBLICOS-Ámbito de protección

Esta Corte reiteró que las facetas que hacen parte del ámbito de protección
del derecho de ingreso a la función pública son las siguiente: i) la
posesión de las personas que han cumplido con los requisitos para acceder a
un cargo, ii) la prohibición de establecer requisitos adicionales para
entrar a tomar posesión de un empleo, cuando el ciudadano ha cumplido a
cabalidad con las exigencias establecidas en el concurso de méritos, iii)
la facultad de elegir entre las opciones disponibles aquella que más se
acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido seleccionado
en dos o más concursos y, iv) la prohibición de remover de manera ilegítima
(ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona
que ejerza funciones públicas, entre otras

 REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA EJERCER FUNCIONES
 PUBLICAS-Conceptos diferentes pero no excluyentes entre si

Si bien estos dos conceptos son diferentes, no se excluyen, pues las
incompatibilidades definidas por el legislador pueden configurar
inhabilidades genéricas que limitan la elegibilidad de quienes aspiran a
ocupar cargos públicos

 INELEGIBILIDAD-Consecuencia jurídica

La figura jurídica de la inelegibilidad tiene como consecuencia jurídica la
prohibición de ser candidato, es decir, la imposibilidad de aspirar a
ocupar un cargo público. En palabras de esta Corte, no se trata de la
limitación de un derecho, sino que la posibilidad de postularse para el
ejercicio de la función pública no surge a la vida jurídica

 RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD COMO LIMITES A LA CONFIGURACION
 LEGISLATIVA DE INHABILIDADES-Jurisprudencia constitucional

 AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Dimensión académica, financiera y política

 DERECHO A LA EDUCACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DEL ESTADO A ENTES
 UNIVERSITARIOS-No desconoce la autonomía universitaria

 REELECCION DE RECTOR DE UNIVERSIDAD-No desconoció principio de igualdad

 REGULACION DE GARANTIAS ELECTORALES EN PROCESOS DE REELECCION DE RECTOR
 DE UNIVERSIDAD-Deben excluir cualquier forma de suspicacia, presunción
 de mala fe y de ausencia de moralidad de quien busca reelegirse en el
 cargo

 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por
 defectos sustantivo, violación de directa de la Constitución y fáctico,
 porque se desconoció la autorregulación de Universidad para reelección
 de Rector

 Referencia: expediente T-5.826.280

 Acción de tutela instaurada por Gustavo
 Orlando Álvarez Álvarez contra la Sección
 Quinta de la Sala de lo Contencioso
 Administrativo del Consejo de Estado.

 Asunto: Acción de tutela contra providencias
 judiciales. Acreditación de los defectos
 sustantivo, por desconocimiento de la
 Constitución y fáctico. La interpretación de
 una norma estatutaria que regula la
 reelección del rector de la universidad, en
 el sentido de establecer que no es inmediata
 desconoció el principio de autonomía
 universitaria y los derechos al debido
 proceso y de acceso al desempeño de
 funciones y cargos públicos.

 Magistrada Sustanciadora:
 GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana
Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo,
Antonio José Lizarazo Ocampo, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando
Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales, ha proferido la siguiente:

 SENTENCIA

En el proceso de revisión de la providencia dictada el 10 de noviembre de
2017, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, dentro del expediente de tutela T-5.826.280,
promovida por Gustavo Orlando Álvarez Álvarez contra la Sección Quinta de
esa misma Corporación.

El expediente fue remitido inicialmente a este Tribunal mediante oficio
número 0182 de 10 de octubre de 2016, por la Secretaría General de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en cumplimiento de
los artículos 86 de la Constitución y 31 del Decreto 2591 de 1991. La Sala
de Selección Número Doce de la Corte, mediante auto del 14 de diciembre de
2016, resolvió seleccionar el asunto de la referencia para su revisión.

Posteriormente, una vez fue rehecha la actuación con ocasión de la
declaratoria de nulidad contenida en el Auto número 202 del 26 de abril de
2017, el Consejo de Estado envío las piezas procesales de la referencia al
despacho de la Magistrada Sustanciadora, a través del oficio número 27 de
23 de febrero de 2018, para adelantar la revisión del presente asunto
conforme al auto del 14 de diciembre de 2016, previamente referido.

 I. ANTECEDENTES

El actor formuló acción de tutela contra la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a ser elegido
y de acceso a cargos públicos, así como los principios de autonomía
universitaria y de administración de justicia, generada por la sentencia
proferida el 3 de marzo de 2016, que resolvió anular su designación como
rector en propiedad de la universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia–en adelante UPTC- para el periodo 2015-2018.

El demandante acusó esta providencia por defectos sustantivo, por violación
de la Constitución y fáctico, porque: i) la interpretación que hizo la
autoridad accionada del parágrafo del artículo 1° del Acuerdo 008 de
2014[1], que modificó el artículo 16 de los Estatutos Generales de la
universidad, concluyó que la norma presuntamente estableció la prohibición
de reelección inmediata al rector en propiedad y en ejercicio del cargo que
se presenta al proceso de elección[2]; ii) desconoció la autonomía
universitaria al establecer una causal de inhabilidad que no estaba
prevista en los Estatutos Generales; y, iii) valoró la regulación de las
garantías electorales contenida en el Acuerdo 040 de 2014[3].

En ese sentido, solicitó que se conceda el amparo de los derechos
fundamentales invocados y en consecuencia se deje sin efectos la
providencia judicial acusada.

 A. Hechos relevantes

 1. El peticionario fue designado por el Consejo Superior de la
 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia como rector para el
 periodo 2015-2018, mediante Acuerdo 042 del 26 de noviembre de 2014.

 2. El mencionado acto de elección fue demandado individualmente por
 Carlos Julio Martínez Becerra, Gilberto Forero y la Nación-Ministerio
 de Educación Nacional, ante la Sección Quinta de la Sala de lo
 Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con fundamento en lo
 siguiente:

 a. La designación del accionante como rector violó el parágrafo del
 artículo 1° del Acuerdo 008 del 12 de marzo de 2014, porque al momento
 de su elección desempeñaba el mismo cargo en propiedad, por lo que no
 podía ser reelegido para el siguiente periodo.

 b. Los Acuerdos 039, 040, y 041 todos del año 2014, que regulaban el
 proceso de elección del rector de la Universidad Pedagógica y
 Tecnológica de Colombia para el periodo 2015-2018, fueron publicados
 de manera irregular.

 c. Las recusaciones presentadas durante el proceso de elección no fueron
 tramitadas conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1437 de
 2011.

 3. El despacho judicial accionado, resolvió acumular los expedientes que
 contenían las demandas independientes por auto de 9 de junio de 2015.
 Mediante sentencia de 3 de marzo de 2016, resolvió decretar la nulidad
 del Acuerdo No. 042 de 26 de noviembre de 2014, por medio del cual se
 designó al actor como rector de la Universidad Pedagógica y
 Tecnológica de Colombia para el periodo 2015-2018. La mencionada
 providencia tuvo 2 salvamentos de voto[4], en los que los consejeros
 se apartaron de la interpretación semántica que sustentó la decisión
 acusada.

 4. La posición mayoritaria de esa Corporación llegó a tal decisión tras
 analizar el parágrafo del artículo 16 de los Estatutos Generales de la
 UPTC, modificado por el Acuerdo 008 de 2014, cuyo contenido literal es
 el siguiente:

 “Parágrafo: El aspirante que haya sido Rector en Propiedad podrá ser
 elegido, nuevamente, hasta por una sola vez, por el periodo establecido
 en el presente artículo”. (Lo énfasis agregado)

En ese sentido, consideró que la norma citada habilitó la figura de la
reelección de la primera autoridad administrativa de la UPTC en el proceso
interno de designación rectoral del ente universitario[5].

Expuso las interpretaciones de la disposición objeto de estudio,
específicamente el alcance de la expresión “haya sido rector en propiedad”
presentadas por las partes del proceso de nulidad electoral y que permitían
entender la norma con dos posibles sentidos: i) el aspirante no podía estar
en ejercicio de sus funciones como rector en propiedad, pues la normativa
exige la cesación de las mismas al momento de presentar su candidatura
(postura de los demandantes); o ii) la consagración de una forma de
reelección inmediata, por lo que el demandado podría ser elegido para el
periodo siguiente[6] no obstante desempeñar ese empleo público, durante el
proceso de designación.

 5. El Consejo de Estado adoptó la primera postura hermenéutica, en la
 que la expresión “haya sido rector en propiedad” debe entenderse como
 la posibilidad de que “(…) solo aquellos que hayan terminado su
 periodo como rector, puedan ser elegidos nuevamente para dicho cargo
 (…)”[7]. El fundamento de dicha posición hermenéutica se sustentó en
 los siguientes criterios interpretativos: i) gramatical; ii)
 sistemático; y iii) funcional.

 1. Manifestó que el método gramatical “(…) busca resolver las dudas o
 controversias lingüísticas por medio de las reglas del lenguaje en
 el que está redactado el enunciado y su contexto gramatical”[8],
 por tal razón, la norma estatutaria avaló la reelección no
 inmediata del rector.

Adujo que “(…) en el precepto objeto de interpretación el tiempo verbal
“haya sido” corresponde a un pretérito perfecto, el cual de acuerdo con lo
dispuesto por la Real Academia de la Lengua, implica que “… se sitúa en el
pasado de la acción, el proceso o el estado expresados por el verbo”.”[9]

De esta manera, según la providencia objeto de estudio, los estatutos
contemplaron la figura de la reelección no inmediata del rector, por lo que
solamente pueden aspirar “(…) aquellas personas que en algún momento
ocuparon esa dignidad, es decir, que fueron pero ya dejaron de ser.”[10]

 2. En relación con la interpretación sistemática, ese despacho expresó
 que aquella “(…) implica tener en cuenta la ubicación física del
 enunciado en el texto legal, así como las relaciones jerárquicas o
 lógicas de éste con el resto del sistema jurídico”[11], por tal
 razón, “(…) ante las dos posibles interpretaciones de la norma,
 debe prevalecer aquella que resulta acorde con la normativa
 superior, en especial con los principios de igualdad, transparencia
 e imparcialidad, lo cual impone analizarlos en concreto.”[12]

De otra parte, consideró que “(…) el cambio en las reglas de juego
introducido en el año 2014, durante el periodo en que estaba fungiendo como
rector electo el señor Gustavo Orlando Álvarez Álvarez y que –a su juicio-
lo habilitó para presentarse inmediatamente a la nueva convocatoria,
implicó a no dudarlo, un desequilibrio en el proceso de elección, en
consideración a la concentración del poder de la universidad.”[13]

Con fundamento en lo anterior, concluyó que “(…) la transparencia e
imparcialidad imponían que la norma jurídica habilitante de la relección al
interior del ente universitario tan solo resultara aplicable para un
periodo posterior a aquel en el cual se realizó la modificación, una
interpretación diferente atenta contra los principios constitucionales
analizados y resulta, por ende, inadmisible.”[14]

 3. Finalmente, el criterio funcional de interpretación significó para
 el Consejo de Estado la inclusión de “(…) todos los factores
 relevantes para la atribución de significado a las disposiciones
 normativas, como son la finalidad de la regulación, la intención
 (sic) del legislador (sic) y las consecuencias de la
 interpretación.”[15]

En ese orden de ideas, estimó que “(…) la finalidad de la disposición debe
estar acorde con los valores que esta protege y los fines que persigue
(sic), que no pueden ser otros que el desarrollo de las elecciones en un
plano de igualdad jurídica que no genere un tratamiento privilegiado para
uno de los candidatos ni una restricción indebida de los derechos de los
demás.”[16]

 6. El Consejo de Estado aseveró que, en ese caso, era inadmisible que
 quien ocupa el cargo de rector en el mismo periodo en que se realizó
 la reforma del reglamento, participe en el proceso de elección, puesto
 que tendría una ventaja frente a los demás postulados, lo que
 quebrantaría los principios analizados. Por lo anterior, “(…) la única
 interpretación posible del parágrafo del artículo 16 de los Estatutos
 Generales de la UPTC es aquella que avala la reelección no inmediata e
 imposibilita a quien estaba desempeñando el Cargo para fecha de la
 reforma se presente como candidato en la nueva contienda.”[17]

Lo anterior, según esa Corporación judicial, se agrava ante la “ausencia
total” de un marco jurídico para regular las garantías electorales al
interior de la universidad, lo que demuestra “(…) que la voluntad del
Consejo Superior Universitario era que quien al momento de la reforma
fungía como rector no fuera a su vez candidato a la elección
inmediata.”[18]

 7. El Tribunal accionado dijo que las condiciones en el Acuerdo No. 008
 de 2014, que adicionó el parágrafo del artículo 16 que permitió la
 reelección del rector, generaron una inhabilidad para quien se
 postula, en especial si está en ejercicio de la rectoría y su periodo
 no ha finalizado, y una prohibición para el órgano elector, que en el
 caso concreto no podía designar al actor, por lo que desbordó sus
 competencias[19].

 8. Finalmente, esa Sección anotó que se relevaba de “(…) estudiar los
 demás reproches endilgados, pues con el examen realizado en
 precedencia basta para declarar la nulidad del acto acusado, siendo
 inane entrar a determinar si los demás vicios se acreditaron o
 no.”[20]

De esta manera, para el Tribunal demandado la disposición estatutaria de la
universidad autorizó una reelección no inmediata para ocupar el cargo de
rector en propiedad. Conforme a lo expuesto, encontró acreditado que el
peticionario ocupaba el cargo de rector, se postuló como aspirante y
resultó electo para desempeñar dicha dignidad para el periodo
inmediatamente siguiente[21], no obstante estar inhabilitado para tal fin.

En ese sentido, concluyó que el Consejo Superior de la universidad desbordó
sus competencias al haber reelegido al accionante, ya que desconoció los
precisos términos de elección de rector contenidos en los Estatutos de la
universidad[22]. Con base en los argumentos expuestos, ese despacho
judicial manifestó que se había configurado la nulidad del acto de elección
acusado.

 9. Mediante Acuerdo número 017 de 25 de mayo de 2015, el Consejo
 Superior de la UPTC designó como rector de esa institución al señor
 Alfonso López Díaz, para el periodo comprendido entre el 25 de mayo de
 2016 y el 31 de diciembre de 2018, en cumplimiento de la decisión de
 nulidad proferida por el Consejo de Estado el 3 de marzo de 2016. En
 efecto, de los considerandos del mencionado acto se observa el
 siguiente:

 “Que el Consejo de Estado mediante fallo de fecha 3 de marzo de 2016 y
 adicionado mediante auto de fecha 7 de abril del año en curso,
 notificado por estado el día 20 del mismo mes y año, decretó la nulidad
 del Acuerdo 042 de 2014, mediante el cual se designó como rector al
 Doctor Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, para el periodo comprendido
 entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2018.”[23]

 10. En el escrito inicial que contiene la solicitud de tutela contra la
 providencia judicial mencionada, el actor expuso que incurrió en una
 “vía de hecho” porque: i) creó una causal de inhabilidad inexistente
 para ser elegido rector que no está prevista en los estatutos, fundado
 en el análisis gramatical originado en las reglas de la Real Academia
 de la Lengua[24]; ii) desconoció la competencia del Consejo Superior
 de la UPTC para regular la forma y las inhabilidades para ser rector
 de la UPTC[25]; y iii) la sentencia desconoció el Acuerdo 040 de 2014,
 mediante el cual el Consejo Superior Universitario expidió un nuevo
 reglamento para garantizar la transparencia y la igualdad en la
 elección de rector[26].

 B. Actuaciones procesales que fueron objeto de declaratoria de nulidad
 por la Corte

La Sala presentará a continuación una breve reseña del trámite de tutela
adelantado por las instancias y que fue objeto de declaratoria de nulidad
ordenada mediante Auto 202 de 2017, proferido por este Tribunal.

Trámite procesal

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, avocó conocimiento mediante auto del veinte (20) de abril de
2016[27] y ordenó su notificación a: i) los magistrados de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, al Conjuez Antonio Agustín Aljure Salame, a
la Ministra de Educación Nacional, al Consejo Superior Universitario de la
UPTC, a los señores Carlos Julio Martínez Becerra, Gilberto Forero, Diego
Andrés García y a la señora Jenny Andrea Varela Tabares, y finalmente a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

 - Respuesta de las entidades accionadas y de los terceros vinculados al
 proceso

Ministerio de Educación Nacional

Presentó escrito el 27 de abril de 2016, vía correo electrónico, en el que
manifestó que la acción de tutela de la referencia no reunía los requisitos
generales de procedibilidad, por lo que solicitó negar las pretensiones del
demandante y declarar la improcedencia de la petición de amparo[28].

Rocío Araujo Oñate[29]

En su condición de Consejera de la Sección Quinta del Consejo de Estado y
de ponente de la providencia de 3 de marzo de 2016, radicó el 27 de abril
de 2016, un documento en el que contestaba la acción de tutela de la
referencia y solicitaba la declaratoria de improcedencia del amparo con
fundamento en las siguientes razones:

 - Mecanismos de defensa judicial ejercidos en el proceso: expresó que
 el actor presentó en el trámite ordinario solicitudes de aclaración,
 adición y nulidad de la sentencia objeto de censura y que, para el
 momento de la presentación de la petición de amparo, dicha decisión no
 había cobrado ejecutoria. Manifestó que esas actuaciones no fueron
 informadas por el solicitante y tampoco fueron demandadas las
 providencias de 7 y 20 de abril de 2016, que resolvieron las
 mencionadas peticiones, en el sentido de considerarlas acciones
 dilatorias y encaminadas a lograr la permanencia en el cargo cuya
 elección fue declarada nula.

 - Improcedencia de la acción de tutela para cuestionar la competencia
 de la Sección Quinta del Consejo de Estado: bajo el entendido de que
 no alegó dicha irregularidad en el trámite procesal. Adujo que esa
 Corporación tiene la competencia para garantizar la legalidad del acto
 de elección del rector y cuya interpretación y alcance son de
 exclusiva competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

 - Principio de autonomía del juez ordinario: afirmó que la decisión que
 se censura en sede de tutela fue proferida con base en el ejercicio de
 la autonomía judicial y se encuentra fundada en las normas que regulan
 la materia, especialmente, los Estatutos Generales y la reforma
 contenida en el Acuerdo No. 008 de 2014, que determinó la forma en que
 podía darse la nueva elección del rector al interior del ente
 universitario. Adicionó que la interpretación de estas se realizó de
 forma razonable y de acuerdo con los métodos hermenéuticos contenidos
 en los artículos 27 y siguientes del Código Civil.

 - Inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados:
 porque no se desconoció el derecho a elegir y ser elegido, debido a
 que no es absoluto y se verificó la infracción a las normas que
 regulaban la materia, principalmente por la inhabilitad del actor para
 presentar su candidatura en el proceso de elección de rector de la
 UPTC.

Gilberto Forero[30]

En su condición de demandante en el proceso de nulidad electoral, radicó
escrito el 26 de abril de 2017, en el que expresó que la tutela no reúne
los requisitos generales de procedencia y que, además, el principio pro
homine no pude desconocer el significado de los tiempos verbales derivados
de la aplicación de la interpretación gramatical.

 - Sentencia de primera instancia (anulada)

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, profirió decisión el 19 de mayo de 2016, en la que resolvió
rechazar por improcedente la solicitud de amparo, con fundamento en que el
accionante “(…) no cumple con el requisito de una carga argumentativa
mínima toda vez que el actor se limitó a señalar que la sentencia de la
Sección Quinta incurrió en defecto material o sustantivo, sin explicar las
razones o motivos por cuales (sic) considera que se presentó dicho
defecto.”[31] De tal suerte que, en el caso concreto, no bastaba con
“transcribir” los salvamentos de voto de los Consejeros que se apartaron de
la posición mayoritaria[32].

 - Impugnación

El actor impugnó la decisión de primera instancia, con fundamento en que
demostró la procedencia de la tutela contra la providencia judicial acusada
y además, presentó argumentos que acreditan la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados, aspecto que no fue analizado por el ad
quo[33].

 - Sentencia de segunda instancia (anulada)

La Subsección “A” de la Sección Segunda, de la Sala Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, dictó providencia el 13 de septiembre
de 2016, que resolvió revocar el fallo de primera instancia y en su lugar
negar el amparo de los derechos fundamentales invocados por el actor. El ad
quem expresó que la decisión adoptada por el despacho accionado no se tomó
con base en normas inexistentes, pues la interpretación desplegada se
fundamentó en los acuerdos universitarios aplicables al caso concreto, lo
que le permitió arribar a una conclusión de anulación razonable y basada en
el principio de autonomía judicial[34].

 C. El trámite de selección y las actuaciones en sede de revisión

El expediente fue remitido a esta Corporación mediante oficio número 0182
del 10 de octubre de 2016, de la Secretaría General de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado[35]. La Sala de Selección
Número Doce de la Corte Constitucional, mediante auto del 14 de diciembre
de 2016, resolvió seleccionar para su revisión el asunto de la
referencia[36].

El accionante radicó ante la Secretaría General de la Corte, el 7 de marzo
de 2017, escrito mediante el cual presenta algunas consideraciones para que
fueran tenidas en cuenta al momento de resolver la solicitud de amparo
objeto de análisis[37].

La Sala Plena de este Tribunal, en sesión del 8 de marzo de 2017, decidió
asumir el conocimiento del asunto, con fundamento en el artículo 61 del
Reglamento Interno de la Corte[38].
La Magistrada Sustanciadora, mediante auto del 14 de marzo de 2017,
resolvió decretar la suspensión de términos para fallar el presente asunto,
a partir del 8 de marzo de 2017, conforme a lo dispuesto por la Sala Plena
de la Corte y el artículo 61 del Reglamento Interno de esta
Corporación[39].

El señor Alfonso López Díaz, en calidad de rector y representante legal de
la UPTC, y en nombre propio, radicó ante la Secretaría el 15 de marzo de
2017, escrito mediante el cual solicitó la nulidad de todo lo actuado a
partir del auto admisorio de la demanda, con fundamento en la causal
contenida en el numeral 8° del artículo 133 del Código General del Proceso,
es decir, por la presunta “indebida notificación del auto admisorio de la
demanda”[40].

 D. La declaración de nulidad de todo lo actuado

La Sala Plena de la Corte, mediante Auto 202 de 2017, resolvió decretar la
nulidad de todas las actuaciones surtidas en el proceso de tutela de la
referencia, a partir del auto admisorio del 20 de abril de 2016, proferido
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado y ordenó rehacer la correspondiente actuación.
Adicionalmente, dispuso que el expediente fuera enviado a este Tribunal una
vez se surtieran las respectivas decisiones de instancia.

La Secretaría General de la Corte informó el 25 de abril de 2018, que el
Consejo de Estado remitió el expediente al despacho de la Magistrada
Sustanciadora para su revisión, mediante oficio número 27 de 23 de febrero
de 2018.

 E. Trámite surtido después de la declaratoria de nulidad

 - Adición a la acción de tutela

El actor radicó, el 15 de mayo de 2017, escrito que contenía
consideraciones para que hicieran parte de la solicitud inicial de tutela.
En dicho documento precisó los siguientes aspectos relevantes:

El procedimiento que antecedió la adopción de la reelección del rector en
la UPTC[41]. El peticionario explicó que los Estatutos Generales de la
universidad están contenidos en el Acuerdo 066 de 2005. Dicha normativa, en
sus artículos 16 y 19 regulaba el ejercicio del cargo de rector y prohibía
la reelección de dicho funcionario. El texto original era el siguiente:

 “Artículo 16. El Rector es el Representante Legal y la primera
 autoridad ejecutiva de la Universidad; será designado por el Consejo
 Superior, para un periodo de cuatro (4) años, contados a partir del 1º
 de enero siguiente a la fecha en que se realice la designación. Tal
 designación será de carácter personal.

 (…)

 Artículo 19. Para ser designado Rector se requiere:

 e) No haber desempeñado, en la Universidad, el cargo de Rector en
 propiedad.”

Expresó que la modificación de las disposiciones universitarias
relacionadas con la habilitación de la reelección del rector, empezó a
debatirse en la sesión de 6 de febrero de 2014, en la que fue aprobada la
reforma estatutaria con 7 votos a favor y 1 en contra, según consta en el
Acta No. 01 de esa misma fecha.

La discusión del cambio estatutario continuó el 12 de marzo de 2014, en
dicha sesión fue aprobada la reelección del rector con 7 votos a favor y 1
en contra, según consta en Acta No. 2 de ese día.

Con fundamento en lo anterior, el Consejo Superior profirió el Acuerdo 008
del 12 de marzo de 2014, que en su artículo 1º derogó el literal e) del
artículo 19 del Acuerdo 066 de 2005, y adicionó el siguiente parágrafo al
artículo 16 de la normativa en mención:

 “Parágrafo: El aspirante que haya sido Rector en propiedad, podrá ser
 elegido nuevamente hasta por una sola vez, por el periodo establecido
 en el presente artículo.”

El Consejo Superior de la UPTC, expidió los Acuerdos 039 y 040 de 2014, en
los que estableció el procedimiento y el reglamento de elección del rector
de la universidad. En el último acto jurídico se establecieron las
siguientes reglas[42]:

 “Artículo 1º. La Universidad garantizará el equilibrio informativo en
 la divulgación de las propuestas, permitiendo en igualdad de
 condiciones el acceso de todos los candidatos a los medios de
 comunicación institucionales, para la divulgación de su programa de
 gobierno, a través de la Oficina de Comunicaciones: en la emisora,
 redes sociales y página web.

 Artículo 2º. La Universidad garantizará a todos los candidatos en
 igualdad de condiciones los espacios físicos, la logística para la
 divulgación de sus propuestas en la sede central y sedes seccionales de
 la institución.

 Parágrafo: Si los candidatos consideran pertinente y necesario
 organizar foros, la universidad brindará los espacios académicos y de
 logística para tal fin.

 Artículo 3º. El Rector candidato, durante el proceso de designación de
 rector de la Universidad, no podrá:

 1. Asistir a actos de inauguración de obras públicas de la Institución.

 2. Referirse a su campaña y a los demás candidatos en sus presentaciones
 públicas como Rector.

 3. Utilizar bienes de la Universidad en actividades de su campaña.”

El artículo 4º de ese mismo cuerpo normativo modificó el cronograma de la
elección y se especificaron cada una de las actuaciones que debían
realizarse para la designación del rector. Este acto administrativo fue
publicado en el Diario Oficial número 49318 de 29 de octubre de 2014[43].

El proceso de elección culminó con el Acuerdo 042 de 26 de noviembre de
2014, mediante el cual se designó como rector de la universidad a Gustavo
Orlando Álvarez Álvarez para el periodo 2015-2018[44].

El actor precisó los defectos que sustentan la solicitud de amparo de la
siguiente manera:

 - Sustantivo: porque la Corporación accionada interpretó de manera
 contraevidente, errónea y “absolutamente” caprichosa el artículo 1º
 del Acuerdo 008 de 2014, debido a que acudió a la definición de la
 Real Academia Española (RAE) para entender lingüísticamente el tiempo
 “pretérito perfecto” de la expresión “haya sido”. Expresó que: “A
 partir de ese análisis concluyó superficialmente que ese tipo de
 fórmulas filológicas solo se refieren a hechos ocurridos en el pasado
 y que, por lo tanto, “haya sido” solo cobija a quien ocupó el cargo y
 no a quien lo esté ejerciendo.”[45]

Adujo que la norma contempla un pretérito perfecto compuesto que implica la
inclusión de los eventos pasados que aun ocurren en el presente, aspecto
que fue desconocido por la decisión acusada y que limitó inválidamente el
alcance de la disposición relativa a la reelección inmediata del rector.

 - Desconocimiento de la Constitución: porque transgredió la autonomía
 universitaria, especialmente el amplio margen de configuración en
 materia de autogobierno, como es la designación de su máxima autoridad
 ejecutiva. Además, incumplió el mandato superior de realizar
 interpretaciones restrictivas de las inhabilidades, las cuales, de
 acuerdo con el principio de legalidad, deben estar establecidas de
 manera clara y completa. Concluyó que la intensión del Consejo
 Superior no fue la consagración de una inhabilidad para el rector en
 ejercicio, pues no consignó dicha restricción de manera taxativa[46].

 - La falta de análisis del Acuerdo 040 de 2014 generó defectos
 sustantivo y fáctico: por no valorar dicho cuerpo normativo que
 establecía garantías especiales para los demás candidatos y era
 absolutamente relevante para fijar un alcance real de las
 interpretaciones sistemática y funcional.

 - Trámite procesal

El juez de instancia, no obstante que la declaratoria de nulidad decretada
por la Corte fue desde la providencia de 20 de abril de 2016, mediante auto
de 13 de junio de 2017, ordenó nuevamente: i) admitir la acción de tutela;
ii) negar la medida provisional solicitada por el actor; iii) notificar a
los magistrados de la Sección Quinta de ese Tribunal, al Conjuez Antonio
Agustín Aljure Salame, al representante legal de la UPTC, a los señores
Carlos Julio Martínez Becerra, Gilberto Forero y Diego Andrés García, y la
señora Jenny Andrea Varela Tabares y finalmente, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

El juez de instancia profirió el auto de 4 de julio de 2017, en el que
adicionó la providencia de 13 de junio de ese mismo año, en el sentido de
notificar al Ministerio de Educación Nacional. Esa entidad, nuevamente
presentó intervención el 10 de julio de 2017, en la que reiteró las razones
expuestas durante el trámite del amparo y que sustentan su solicitud de
declaratoria de improcedencia.

 - Respuestas

Ministerio de Educación Nacional[47]

Radicó vía correo electrónico el 16 de junio de 2017, escrito mediante el
cual reiteró las razones expuestas previas a la declaratoria de nulidad, en
el sentido de que la solicitud de amparo no cumple con los requisitos
generales de procedibilidad contra providencias judiciales, por lo que debe
declararse la improcedencia de la acción de tutela.

Alfonso López Díaz[48]

En su calidad de representante legal de la UPTC, presentó el 20 de junio de
2017, documento con el que contestó la solicitud de amparo. Manifestó que
la acción de tutela era improcedente porque los argumentos expuestos
carecen de sustento, demuestran el inconformismo del actor con la decisión
judicial y, adicionalmente, no configuran los defectos alegados.

De igual forma, adujo que no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el peticionario, en el sentido de que la sentencia no fue
caprichosa y realizó “(…) un profundo análisis de los diferentes criterios
de interpretación (…)”[49], por lo que concluyó, con base en el método
gramatical, que no estaba autorizada de manera expresa la reelección
inmediata del rector que se encontrara en ejercicio de sus funciones.

Finalmente, reiteró su solicitud de que se nieguen las pretensiones de la
acción de tutela por haberse acreditado la ausencia de vulneración de los
derechos invocados.

Rocío Araujo Oñate[50]

En su condición de Consejera Ponente de la providencia objeto de censura,
radicó el 21 de junio de 2017, escrito en el que reiteró las razones de su
intervención, previa a la declaratoria de nulidad, y agregó que la tutela
carece de carga argumentativa mínima, pues no identificó los defectos que
pueda adolecer la decisión impugnada.

 - Sentencia de única instancia proferida después de la declaratoria de
 nulidad[51]

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, una vez rehízo la actuación procesal con ocasión de la nulidad
decretada por la Corte, mediante sentencia del 10 de noviembre de 2017,
resolvió negar el amparo solicitado por el accionante con fundamento en las
siguientes razones:

No se configuraron los defectos por violación de la Constitución y
sustantivo, porque la pretensión de nulidad electoral fue resuelta con base
en criterios razonables sobre la interpretación de las normas que regulaban
el caso sometido a su conocimiento.

En relación con el defecto fáctico, expresó que la decisión objeto de
censura si valoró la existencia del Acuerdo 040 de 2014 y concluyó que el
cambio de reglas producía un desequilibrio en la contienda electoral.

Finalmente, consideró que no se configuraron los reproches constitucionales
invocados por el actor, lo que sustentó la decisión de negar las
pretensiones de amparo.

En esta oportunidad, el actor expresó que, si bien estaba en desacuerdo con
la decisión que negó la tutela, no impugnaba la misma y en su lugar,
solicitó dar aplicación al Auto 202 de 2017, en el sentido de remitir el
expediente inmediatamente a la Corte para que se surta la revisión
correspondiente, debido a que requiere que se culmine con el proceso y se
defina si se presentó la vulneración de los derechos fundamentales
invocados[52].

 II. CONSIDERACIONES

Competencia

 1. La
 Sala
 Plena
 de la
 Corte
 Constitu
 cional
 es
 competen
 te para
 revisar
 el
 fallo
 proferid
 o
 dentro
 de la
 acción
 de
 tutela
 número
 T-
 5.826.28
 0, con
 fundamen
 to en
 los
 artículo
 s 86 y
 241-9
 de la
 Constitu
 ción y
 31 a 36
 del
 Decreto
 2591 de
 1991.

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales. Reiteración de jurisprudencia[53]

 2. Antes
 de
 adelanta
 r el
 estudio
 de
 fondo
 del
 asunto
 de la
 referenc
 ia, la
 Sala
 debe
 ocuparse
 de la
 acredita
 ción de
 los
 requisit
 os
 generale
 s de la
 solicitu
 d de
 amparo.
 Una vez
 verifica
 da su
 demostra
 ción,
 si es
 del
 caso,
 la
 Corte
 formular
 á el
 respecti
 vo
 problema
 jurídic
 o que
 permita
 realizar
 el
 examen
 de las
 causales
 específ
 icas de
 procedib
 ilidad
 del
 amparo
 contra
 providen
 cias
 judicial
 es
 alegadas
 por el
 peticion
 ario.

 3. La
 proceden
 cia de
 la
 acción
 de
 tutela
 contra
 providen
 cias
 judicial
 es es
 excepcio
 nal[54]
 y
 encuentr
 a su
 fundamen
 to
 constitu
 cional
 en el
 artículo
 86 de
 la
 Carta,
 que
 establec
 e su
 viabilid
 ad
 cuando
 la
 vulnerac
 ión o
 la
 amenaza
 de los
 derechos
 fundame
 ntales
 se
 produce
 por la
 acción
 u
 omisión
 de
 cualquie
 r
 autorida
 d
 pública,
 incluid
 os los
 jueces
 de la
 Repúblic
 a.

 4. Con la
 Sentenci
 a C-590
 de
 2005[55],
 la
 Corte
 superó
 el
 concepto
 de
 vías de
 hecho,
 utilizad
 o
 previame
 nte en
 el
 análisis
 de la
 proceden
 cia de
 la
 tutela
 contra
 providen
 cias
 judicial
 es,
 para
 dar
 paso a
 la
 doctrina
 de
 particul
 ares
 supuesto
 s de
 procedib
 ilidad.
 En ese
 sentido,
 la
 proceden
 cia del
 amparo
 está
 condicio
 nada al
 cumplimi
 ento de
 ciertos
 y de
 riguroso
 s
 requisit
 os de
 proceden
 cia,
 agrupado
 s en:
 i)
 requisit
 os
 generale
 s y ii)
 causales
 específ
 icas de
 procedib
 ilidad[56]
 .

 5. Los
 requisit
 os
 generale
 s de
 proceden
 cia de
 la
 acción
 de
 tutela
 contra
 providen
 cias
 judicial
 es son:
 i) que
 la
 cuestión
 sea de
 relevanc
 ia
 constitu
 cional;
 ii) el
 agotamie
 nto de
 todos
 los
 medios
 de
 defensa
 judicial
 –ordina
 rios y
 extraord
 inarios-
 , salvo
 que se
 trate
 de
 evitar
 la
 ocurrenc
 ia de
 un
 perjuici
 o
 iusfunda
 mental
 irremedi
 able[57]
 ; iii)
 la
 observan
 cia del
 requisit
 o de
 inmediat
 ez, es
 decir,
 que la
 acción
 de
 tutela
 se
 interpon
 ga en
 un
 tiempo
 razonabl
 e y
 proporci
 onado a
 la
 ocurrenc
 ia del
 hecho
 generado
 r de la
 vulnerac
 ión[58];
 iv) si
 se
 trata
 de una
 irregula
 ridad
 procesal
 , que
 la
 misma
 sea
 decisiva
 en la
 providen
 cia que
 se
 impugna
 en sede
 de
 amparo[59]
 ; v) la
 identifi
 cación
 razonabl
 e de
 los
 hechos
 que
 generaro
 n la
 vulnerac
 ión de
 derechos
 fundame
 ntales
 y de
 haber
 sido
 posible,
 que
 los
 mismos
 hayan
 sido
 alegados
 en el
 proceso
 judicial
 [60]; y
 vi) que
 no se
 trate
 de una
 tutela
 contra
 tutela[61]
 .

Verificación en el presente asunto de las causales genéricas de
procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

 6. Con
 fundamen
 to en
 lo
 expuesto
 , la
 Sala
 consider
 a que
 en el
 presente
 asunto
 están
 acredita
 dos los
 requisit
 os
 generale
 s de
 procedib
 ilidad
 de la
 acción
 de
 tutela
 contra
 providen
 cias
 judicial
 es como
 pasa a
 verse a
 continua
 ción:

 i) El actor expresó que la decisión anulatoria de su designación como
 rector de la UPTC proferida por el despacho accionado afectó “(…)
 intensamente los postulados constitucionales de la autonomía
 universitaria (art. 69), el debido proceso (art. 29), los
 principios de la administración de justicia (art. 230), así como el
 derecho a ser elegido, a acceder y a desempeñar cargos públicos
 (art. 40)”[62]. Lo anterior evidencia una indiscutible relevancia
 constitucional, pues se trata de definir si la actuación judicial y
 la sentencia proferida por el Consejo de Estado, vulneraron
 efectivamente los derechos fundamentales del actor.

En efecto, la Corte en Sentencia SU-539 de 2012[63] expresó que la acción
de tutela contra sentencias judiciales es un instrumento excepcional, que
tiene como objetivo determinar si la decisión del juez incurrió en graves
falencias de relevancia constitucional. De esta manera, cuando se invoca el
defecto sustantivo por la indebida interpretación de una disposición, el
amparo constitucional no emerge como una herramienta de corrección
hermenéutica, pues esos asuntos ya fueron discutidos y decididos en el
proceso ordinario. Por el contrario, la labor del juez de tutela se
concreta en un “juicio de validez”[64] de la constitucionalidad de la
providencia objeto de estudio, en la que verifica que el proceso de
interpretación judicial no vulnere los derechos fundamentales de las
partes.

De esta manera, en el presente asunto, el actor no formuló la acción de
tutela como un simple instrumento de corrección interpretativa, sino que la
misma tiene como finalidad cuestionar la validez constitucional y concreta
de la decisión judicial objeto de censura, la cual acusó de afectar los
principios superiores de autonomía universitaria, de acceso a la
administración de justicia y el derecho fundamental de ingreso a la función
pública, lo cual trasciende el escenario legal y lo sitúa en una discusión
sobre el desconocimiento de garantías contenidas en la Carta Política, por
lo que su relevancia constitucional es innegable.

 ii) Manifestó que la providencia judicial atacada fue dictada en única
 instancia conforme al numeral 4º del artículo 149 de la Ley 1437 de
 2011. Adicionalmente, adujo que en el presente caso no tienen
 cabida las causales del recurso extraordinario de revisión
 consagrado en el artículo 250 del C.P.A.C.A.

Para la Corte, en el presente asunto procede la acción de tutela como
mecanismo definitivo porque la solicitud se dirige en concreto contra la
sentencia de 3 de marzo de 2016, que fue proferida en única instancia
conforme al numeral 4º del artículo 149 del C.P.A.C.A.

Ahora bien, la Corte se aparta de las consideraciones expresadas por la
Consejera Ponente de la decisión acusada, en el sentido de cuestionar el
presupuesto analizado, bajo el entendido de que el actor formuló
solicitudes de aclaración, adición y nulidad contra la providencia objeto
de censura, por lo que el accionante contaba con otros mecanismos
judiciales para defender los derechos cuya afectación alega.

Para la Sala, estos recursos no configuran un mecanismo idóneo y eficaz
para la salvaguarda de los derechos fundamentales invocados por el
peticionario, debido a que persiguen finalidades procesales distintas a la
garantía de postulados Superiores. Adicionalmente, esa interviniente
manifestó que los mismos fueron resueltos mediante autos de 7 y 20 de abril
de 2016, en los que se consideró que constituyeron peticiones dilatorias
del proceso y que estaban encaminadas a lograr la permanencia en el cargo
cuya elección fue declarada nula por esa sección, lo que confirma la falta
de aptitud de amparo de los recursos ordinarios presentados por el
tutelante, para analizar la supuesta violación de los derechos
fundamentales invocados en la solicitud de amparo.

De igual forma, en el presente asunto, no procedía el recurso
extraordinario de revisión, puesto que la cuestión que se debate no se
adecua a ninguna de las causales previstas para su procedencia, de acuerdo
al artículo 250 del C.P.A.C.A[65].

Finalmente, la Sala advierte que, aunque el actor no impugnó la decisión de
primera instancia que negó el amparo constitucional, dicha actuación
procesal no le era exigible en el presente asunto, ni mucho menos
condiciona la revisión que esta Corporación realiza de las sentencias de
tutela conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, porque el
requisito se predica de la decisión objeto de censura y además, antes de la
nulidad decretada por la Corte, la impugnación fue formulada y se evidenció
la opinión jurídica del juez de segunda instancia, por lo que el resultado
judicial desfavorable, en este caso era previsible.

En ese sentido, el accionante no cuenta con otros instrumentos para el
ejercicio de sus garantías procesales, ni para corregir la actuación
judicial que presuntamente desconoció sus derechos fundamentales, aspecto
que acredita el presupuesto de subsidiariedad.

 iii) En relación con la inmediatez, la Sala considera que este
 presupuesto se satisface, puesto que la sentencia que se cuestiona
 es de 3 de marzo de 2016 y la acción de tutela se presentó el 15 de
 ese mismo mes y año, es decir, en un término de 12 días, tiempo que
 se considera razonable y proporcionado.

 iv) La acción de tutela contra las providencias judiciales atacadas no
 se sustenta en una irregularidad procesal por lo que este requisito
 no es aplicable en el presente asunto.

 v) El accionante identificó razonablemente los hechos que generan la
 vulneración de los derechos fundamentales, tanto en la acción de
 tutela inicial como en el documento radicado el 15 de mayo de 2015,
 en el que precisó las razones y los defectos que sustentan la
 solicitud de amparo, el cual se basó, en la supuesta vulneración de
 los derechos fundamentales al debido proceso, a ser elegido y de
 acceso al desempeño de cargos públicos, así como los principios de
 autonomía universitaria y de acceso a la administración de
 justicia, ocasionada por la decisión judicial proferida por el
 despacho accionado, la que acusó de incurrir en defectos
 sustantivo, por violación de la Constitución y fáctico.

 vi) El presente asunto no tiene como finalidad la censura de una
 sentencia de tutela. La solicitud de amparo se dirige a cuestionar
 una providencia judicial proferida dentro de un proceso de nulidad
 electoral tramitada ante la jurisdicción contenciosa
 administrativa.

 7. En
 suma,
 la
 presente
 acción
 de
 tutela
 cumple
 con los
 requisit
 os
 generale
 s de
 procedib
 ilidad,
 pues
 fue
 acredita
 da la
 relevanc
 ia
 constitu
 cional,
 el
 presupue
 sto de
 subsidia
 riedad,
 la
 inmediat
 ez, la
 identifi
 cación
 de los
 hechos
 que
 generan
 la
 vulnerac
 ión de
 los
 derechos
 fundame
 ntales
 y que,
 finalmen
 te, no
 está
 dirigida
 con
 una
 sentenci
 a de
 amparo,
 por lo
 que la
 Sala
 pasara
 a
 realizar
 el
 análisis
 de
 fondo
 en este
 asunto.

Asunto bajo revisión y formulación de los problemas jurídicos.

 8. Como
 se
 advirtió
 previam
 ente,
 el
 actor
 formuló
 acción
 de
 tutela
 contra
 la
 Sección
 Quinta
 del
 Consejo
 de
 Estado
 por la
 presunta
 vulnera
 ción de
 sus
 derechos
 fundame
 ntales
 al
 debido
 proceso,
 a ser
 elegido
 y de
 acceso
 a
 cargos
 públicos
 , así
 como
 los
 principi
 os de
 autonomí
 a
 universi
 taria y
 de
 administ
 ración
 de
 justicia
 ,
 generada
 por la
 sentenci
 a
 proferid
 a el 3
 de
 marzo
 de
 2016,
 que
 resolvió
 anular
 su
 designac
 ión
 como
 rector
 en
 propieda
 d de la
 UPTC
 para el
 periodo
 2015-
 2018.
 El
 demandan
 te
 acusó
 esta
 providen
 cia por
 defectos
 sustant
 ivo,
 por
 violació
 n
 directa
 de la
 Constitu
 ción y
 fáctico,
 porque:
 i) con
 la
 interpre
 tación
 que
 hizo la
 autorida
 d
 accionad
 a del
 parágraf
 o del
 artículo
 1° del
 Acuerdo
 008 de
 2014[66]
 , que
 modificó
 el
 artículo
 16 de
 los
 Estatuto
 s
 Generale
 s de la
 universi
 dad, se
 establec
 ió la
 prohibic
 ión de
 reelecci
 ón
 inmediat
 a al
 rector
 en
 propieda
 d y en
 ejercici
 o del
 cargo
 que se
 presenta
 al
 proceso
 de
 elección
 [67];
 ii)
 desconoc
 ió la
 autonomí
 a
 universi
 taria
 al
 establec
 er una
 causal
 de
 inhabili
 dad que
 no
 estaba
 prevista
 en los
 Estatuto
 s
 Generale
 s; y,
 iii) no
 valoró
 la
 regulaci
 ón de
 las
 garantía
 s
 electora
 les
 contenid
 a en el
 Acuerdo
 040 de
 2014[68]
 . En
 ese
 sentido,
 solicit
 ó que
 se
 conceda
 el
 amparo
 de los
 derechos
 fundame
 ntales
 invocado
 s y en
 consecue
 ncia se
 deje
 sin
 efectos
 la
 providen
 cia
 judicial
 acusada
 .

La autoridad accionada y los intervinientes consideraron que no se
acreditaron los defectos aludidos porque la providencia se basó en el
ejercicio del principio de autonomía judicial y de ninguna manera
constituyó una decisión caprichosa y arbitraria.

En ese mismo sentido, el juez de instancia negó el amparo solicitado tras
expresar que no se demostraron los yerros sustantivo y fáctico, por lo que
la sentencia objeto de censura no fue el resultado de un proceso decisional
arbitrario y con desconocimiento de los derechos fundamentales del actor.

 9.
 Conforme
 a lo
 expuesto
 , la
 Sala
 consider
 a que
 el
 problema
 jurídic
 o que
 debe
 abordar
 es el
 siguient
 e:

¿El Consejo de Estado, al decretar la nulidad de la designación del actor
como rector de una universidad pública, incurrió en defectos sustantivo,
por violación directa de la Constitución y fáctico, en tanto: i) concluyó
que los Estatutos Generales establecieron la prohibición de reelección
inmediata de quien ejerce la rectoría en propiedad y en dicha calidad se
presenta al proceso de elección; ii) desconoció la autonomía universitaria
al establecer una causal de inhabilidad que no estaba prevista en los
Estatutos Generales; y, iii) no valoró la regulación electoral contenida en
el Acuerdo 040 de 2014?

 10. Para
 dar
 respuest
 a al
 problema
 jurídic
 o
 plantead
 o, la
 Sala
 abordará
 el
 estudio
 de los
 siguient
 es
 asuntos:
 i) los
 causales
 específ
 icas de
 procedib
 ilidad
 de la
 acción
 de
 tutela
 contra
 providen
 cias
 judicial
 es, con
 especial
 énfasis
 en los
 defectos
 sustant
 ivo,
 por
 violació
 n
 directa
 de la
 Constitu
 ción y
 fáctico;
 ii) la
 naturale
 za y
 alcance
 del
 derecho
 a la
 particip
 ación
 política
 ,
 particul
 armente
 el
 acceso
 al
 desempeñ
 o de
 cargos
 y de
 funcione
 s
 públicas
 .
 Adiciona
 lmente,
 se
 estudiar
 án iii)
 las
 restricc
 iones y
 limitaci
 ones
 del
 precitad
 o
 derecho,
 asi
 como,
 los
 efectos
 de la
 figura
 de la
 reelecci
 ón; y,
 iv) el
 principi
 o
 constitu
 cional
 de
 autonomí
 a
 universi
 taria.
 Finalmen
 te, se
 analizar
 á el
 caso
 concreto
 .

Causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales

 11. Las
 causales
 especia
 les de
 procedib
 ilidad
 persigue
 n el
 análisis
 sustanc
 ial del
 amparo
 solicita
 do, así
 lo
 advirtió
 esta
 Corporac
 ión en
 la
 Sentenci
 a C-590
 de
 2005[69],
 que
 además
 establec
 ió que
 basta
 con la
 configur
 ación
 de
 alguna
 de las
 causales
 específ
 icas,
 para
 que
 proceda
 el
 amparo
 respecti
 vo.
 Tales
 causales
 han
 sido
 decantad
 as por
 la
 jurispru
 dencia
 constitu
 cional
 en
 forma
 de
 defectos
 , así:

 - Defecto orgánico: ocurre cuando el funcionario judicial que profirió
 la sentencia impugnada carece, en forma absoluta, de competencia. 

 - Defecto procedimental absoluto: surge cuando el juez actuó totalmente
 al margen del procedimiento previsto por la ley.

 - Defecto fáctico: se presenta cuando la decisión impugnada no cuenta
 con el apoyo probatorio, que permita aplicar la norma en que se
 sustenta la decisión o en el evento en que se desconocen pruebas que
 tienen influencia directa en el sentido del fallo.

 - Defecto material o sustantivo: tiene lugar cuando la decisión se toma
 con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales[70]; existe
 una contradicción evidente y grosera entre los fundamentos y la
 decisión; se deja de aplicar una norma exigible en caso o se otorga a
 la norma jurídica un sentido que no tiene.

 - El error inducido: acontece en el caso en que la autoridad judicial
 fue objeto de engaños por parte de terceros, que la condujeron a
 adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales.

 - Decisión sin motivación: se presenta cuando la sentencia atacada
 carece de legitimación, debido a que el servidor judicial incumplió su
 obligación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que
 la soportan.

 - Desconocimiento del precedente[71]: se configura en el evento en que
 por vía judicial se ha fijado el alcance sobre determinado asunto y el
 funcionario judicial desconoce la regla jurisprudencial establecida.
 En estas circunstancias, la acción de tutela busca garantizar la
 eficacia jurídica del derecho fundamental a la igualdad.

 - Violación directa de la Constitución: que se deriva del principio de
 supremacía constitucional, el cual reconoce a la Carta Política como
 un supuesto plenamente vinculante y con fuerza normativa.

 12. En
 este
 asunto,
 como lo
 indicó
 la Sala
 previame
 nte, se
 identifi
 có el
 objeto
 de las
 vulnerac
 iones
 en la
 posible
 ocurrenc
 ia de
 los
 defectos
 sustant
 ivo,
 por
 violació
 n
 directa
 de la
 Constitu
 ción y
 fáctico.
 Por
 tal
 razón,
 a
 continua
 ción,
 se
 presenta
 una
 breve
 caracter
 ización
 de los
 mismos.

Defecto sustantivo

 13. El
 defecto
 sustanti
 vo se
 basa en
 que la
 función
 de las
 autorida
 des
 judicial
 es de
 interpre
 tar y
 de
 aplicar
 las
 normas
 jurídica
 s, con
 fundamen
 to en
 el
 principi
 o de
 autonomí
 a y de
 independ
 encia
 judicial
 , no es
 absoluta
 [72].
 De esta
 manera,
 la
 configur
 ación
 del
 menciona
 do
 yerro
 se
 presenta
 cuando
 la
 decisión
 que
 adopta
 el juez
 desconoc
 e la
 Constitu
 ción y
 la ley,
 porque
 se basa
 en una
 norma
 evidente
 mente
 inaplica
 ble al
 caso
 concreto
 [73].

 14. Este
 defecto
 ha sido
 decantad
 o
 extensam
 ente
 por
 esta
 Corporac
 ión. En
 sentido
 amplio
 se está
 en
 presenci
 a del
 vicio
 cuando
 la
 autorida
 d
 judicial
 emplea
 una
 norma
 inaplica
 ble al
 caso
 concreto
 , deja
 de
 aplicar
 la
 norma
 adecuada
 , o
 interpre
 ta las
 normas
 de tal
 manera
 que
 contrarí
 a la
 razonabi
 lidad
 jurídica
 [74].

En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos[75]:

 a. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es
 aplicable al caso concreto, por impertinente[76] o porque ha sido
 derogada[77], es inexistente[78], inexequible[79] o se le reconocen
 efectos distintos a los otorgados por el Legislador[80].

 b. No se hace una interpretación razonable de la norma[81].

 c. Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con
 efectos erga omnes[82].

 d. La disposición aplicada es regresiva[83] o contraria a la
 Constitución[84].

 e. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para
 fines no previstos en la disposición[85].

 f. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador
 judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la
existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se
han presentado anteriormente.

Alcance de la competencia del juez de tutela para analizar el defecto
sustantivo[86]

 15.
 Conforme
 a lo
 expuesto
 , la
 Sala
 reitera
 que la
 competen
 cia el
 juez de
 tutela
 en
 materia
 del
 análisis
 del
 defecto
 sustanti
 vo es
 restring
 ida,
 pues su
 conocimi
 ento
 del
 asunto
 no se
 basa en
 un
 escrutin
 io del
 alcance
 legal
 de la
 disposic
 ión
 inaplica
 da o
 indebida
 mente
 interpre
 tada, o
 de las
 razones
 adoptada
 s por
 el
 funciona
 rio
 judicial
 al
 momento
 de
 proferir
 la
 decisión
 , sino
 que, su
 estudio
 siempre
 debe
 concentr
 arse en
 la
 verifica
 ción de
 si la
 providen
 cia
 objeto
 de
 censura
 desconoc
 ió los
 principi
 os y
 los
 valores
 Superior
 es. En
 otras
 palabras
 ,
 cuando
 se
 trata
 de una
 tutela
 contra
 providen
 cias
 judicial
 es, la
 Corte
 adelanta
 un
 control
 de
 constitu
 cionalid
 ad de
 la
 decisión
 con el
 objetivo
 de
 verifica
 r si se
 generó
 la
 vulnerac
 ión de
 un
 derecho
 fundamen
 tal[87].

De esta manera, la garantía del principio de legalidad que sustenta el
defecto sustantivo, debe ser verificada por el juez de tutela en
consideración al valor normativo intrínseco de la Constitución (art. 4
Superior), por lo que el yerro judicial invocado con ocasión de la
interpretación y de la aplicación de las normas legales, debe sustentarse
en el desconocimiento de los cauces de la Carta y la vulneración de los
derechos fundamentales[88].

 16. En
 atención
 a lo
 anterior
 , la
 carga
 argument
 ativa
 que
 debe
 asumir
 el
 actor
 para
 acredita
 r la
 configur
 ación
 del
 defecto
 sustanti
 vo es
 mucho
 más
 estricta
 , pues
 para
 habilita
 r la
 competen
 cia del
 juez
 del
 amparo,
 relacion
 ada con
 el
 estudio
 del
 menciona
 do
 vicio,
 el
 razonami
 ento
 debe
 hacerse
 en
 “clave
 constitu
 cional”[89]
 y de
 derechos
 fundame
 ntales.

 17. En
 suma,
 el juez
 de
 tutela
 analiza
 el
 defecto
 en el
 marco
 de un
 control
 de
 constitu
 cionalid
 ad de
 la
 sentenci
 a,
 orientad
 o por
 la
 “especif
 icidad
 de la
 interpre
 tación”[90]
 de la
 Carta y
 de los
 derechos
 fundame
 ntales,
 lo que
 implica
 que la
 demostra
 ción
 del
 yerro
 no se
 centra
 en
 acredita
 r que
 el juez
 ordinari
 o
 simpleme
 nte
 desconoc
 ió la
 ley,
 sino
 que
 aquella
 se
 dirige
 a
 establec
 er que
 dicha
 actuació
 n
 desconoc
 ió las
 garantía
 s
 superior
 es.

En ese sentido, la competencia del juez de amparo no se refiere a debates
sobre asuntos legales, sino que el examen del defecto sustantivo se
restringe a un juicio de constitucionalidad de la providencia en el que
debe examinar la vulneración o el riesgo de afectación de los derechos
fundamentales.

Defecto por violación directa de la Constitución

 18. Esta
 Corporac
 ión ha
 expresad
 o que
 este
 yerro
 surge
 de
 aquella
 decisión
 proferi
 da por
 un juez
 ordinari
 o que
 desconoc
 e la
 Carta
 porque:
 “i) 
 deja de
 aplicar
 una
 disposic
 ión ius
 fundamen
 tal a
 un caso
 concreto
 [91]; o
 ii)
 aplica
 la ley
 al
 margen d
 e los
 dictados
 de la
 Constitu
 ción[92]
 (…)”[93]
 . Lo
 que
 habilita
 , la
 proceden
 cia de
 la
 acción
 de
 tutela
 en
 contra
 de las
 decision
 es
 judicial
 es
 censurad
 as.

En Sentencia SU-396 de 2017[94], la Corte afirmó que con fundamento en el
artículo 4º Superior, la Constitución tiene carácter vinculante y fuerza
normativa, aspectos que guían la interpretación y la aplicación de las
disposiciones que conforman el ordenamiento jurídico en el sentido de que
los preceptos y los mandatos superiores son de eficacia directa. La tutela
contra providencias judiciales, tal y como se advirtió previamente,
comprende un control de constitucionalidad de la sentencia en el que el
mencionado defecto se entiende de la siguiente manera:

 “(…) es una causal de tutela contra providencia judicial que se origina
 en la obligación que les asiste a todas las autoridades judiciales de
 velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de
 la Carta Política, según el cual ‘la Constitución es norma de normas.
 En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra
 norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales’”[95].

Defecto fáctico

 19. Desde
 sus
 inicios
 esta
 Corte
 establec
 ió que
 los
 jueces
 tienen
 amplias
 facultad
 es
 discreci
 onales
 para
 efectuar
 el
 análisis
 del
 material
 probato
 rio en
 cada
 caso
 concreto
 [96].
 Por
 ello,
 determin
 ó que
 cuando
 se
 alega
 un
 error
 de
 carácter
 probato
 rio, la
 evaluaci
 ón de
 la
 providen
 cia
 judicial
 por
 parte
 de un
 juez de
 tutela
 debe
 privileg
 iar los
 principi
 os de
 autonomí
 a y de
 independ
 encia
 judicial
 [97].
No obstante, esa competencia debe ejercerse conforme a los principios de la
sana crítica, atender necesariamente criterios de objetividad, de
racionalidad, de legalidad y de motivación, entre otros, y respetar la
Constitución y la ley. De lo contrario, la discrecionalidad sería entendida
como arbitrariedad judicial, hipótesis en la cual se configuraría la causal
por defecto fáctico y el juez de tutela podría revocar la providencia
atacada[98].

 20. La
 jurispru
 dencia
 constitu
 cional
 establec
 ió que
 el
 defecto
 fáctico
 se
 configur
 a
 cuando:
 (i)
 existe
 una
 omisión
 en el
 decreto
 de
 pruebas
 que
 eran
 necesari
 as en
 el
 proceso;
 (ii)
 se da
 una
 valoraci
 ón
 capricho
 sa y
 arbitrar
 ia de
 las
 pruebas
 presenta
 das;
 (iii)
 no se
 valora
 en su
 integrid
 ad el
 material
 probato
 rio, y
 (iv)
 las
 pruebas
 carecen
 de
 aptitud
 o de
 legalida
 d, por
 su
 inconduc
 encia,
 o
 porque
 fueron
 recaudad
 as de
 forma
 inapropi
 ada,
 “caso
 último
 en el
 que
 deben
 ser
 consider
 adas
 como
 pruebas
 nulas
 de
 pleno
 derecho”
 [99].

Asimismo, esta Corte puntualizó que el defecto estudiado tiene dos
dimensiones, una positiva[100] y otra negativa[101]. La primera se presenta
cuando el juez efectúa una valoración por “completo equivocada”, o
fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello y, la segunda,
cuando omite o ignora la valoración de una prueba determinante o no decreta
su práctica sin justificación alguna.

Con todo, esta Corporación ha sido enfática en señalar que “para que la
tutela resulte procedente ante un error fáctico, ‘[e]l error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto’”[102].

 21. La
 cualific
 ación
 del
 defecto
 fáctico
 implica
 que el
 yerro
 debe
 ser
 relevant
 e, no
 solo en
 términos
 de
 protecci
 ón del
 derecho
 al
 debido
 proceso,
 sino
 también
 respecto
 a la
 controve
 rsia
 jurídica
 bajo
 examen.[103]
 De tal
 suerte
 que:

 “no competente [sic] al juez constitucional remplazar al juzgador de
 instancia en la valoración de las pruebas desconociendo la autonomía e
 independencia de éste al igual que el principio del juez natural, ni
 realizar un examen del material probatorio que resulta exhaustivo, en
 tanto, como lo señaló esta Corporación en sentencia T-055 de 1997,
 ‘tratándose del análisis del material probatorio, la independencia
 judicial cobra mayor valor y trascendencia”[104].

En efecto, la jurisprudencia ha destacado que el análisis del juez de
tutela debe ser cuidadoso y no basta con establecer una lectura diferente
de las pruebas, pues en la actividad probatoria está de por medio el
principio de autonomía judicial. Bajo esa perspectiva, en el escenario de
la tutela contra providencias judiciales, la Sala insiste en que el
operador judicial de conocimiento adelanta un juicio de constitucionalidad
de la sentencia, en el que verifica las particularidades del caso y
establece que la actividad probatoria y su valoración en el proceso,
desconocieron preceptos constitucionales, particularmente derechos
fundamentales.

Realizado el estudio precedente la Sala procede a exponer de manera sucinta
los aspectos más relevantes del derecho fundamental a la participación
política, los instrumentos de materialización, sus restricciones, los
efectos de la figura de la inelegibilidad y el principio de autonomía
universitaria.

Naturaleza y alcance del derecho fundamental a la participación política

 22. La
 Constitu
 ción de
 1991,
 tras
 haber
 consagra
 do el
 principi
 o de
 democrac
 ia
 particip
 ativa,
 amplió
 el
 espectro
 de
 interven
 ción de
 los
 ciudadan
 os en
 los
 asuntos
 públicos
 , con
 la
 finalida
 d de
 recupera
 r los
 vínculos
 de
 confianz
 a y de
 activida
 d
 política
 con el
 Estado[105]
 . Bajo
 esa
 perspect
 iva, la
 Constitu
 ción
 establec
 ió
 nuevas
 opciones
 y
 posibili
 dades
 para
 que las
 personas
 puedan
 tomar
 parte
 en las
 decision
 es y en
 los
 procesos
 polític
 os de
 la
 sociedad
 , en
 cumplimi
 ento
 del
 mandato
 contenid
 o en el
 artículo
 2º
 Superior
 [106].

Conforme a lo anterior, el principio de participación democrática no se
reduce únicamente a un nuevo modelo de adopción de decisiones, sino que
implica la redefinición de las dinámicas de comportamiento social y
político, fundado axialmente en el pluralismo, la tolerancia, la protección
de los derechos y de las libertades y en la responsabilidad de los
ciudadanos en la determinación del destino colectivo[107].

De esta manera, se reformuló el concepto de democracia mediante la
implementación de cambios trascendentales en el sistema político,
principalmente en la manera en que se comprende al ciudadano en la vida
pública. En efecto, se le otorgó el derecho a participar en los procesos
decisorios políticos que lo afectan o sobre los cuales tiene interés[108].

Con base en lo expuesto y de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte,
la democracia participativa genera un cambio directo y sustancial en el
concepto tradicional de ciudadanía, porque la injerencia social y política
de las personas no queda reducida a la votación periódica, sino que, la
participación se amplía a otros espacios deliberativos y decisorios,
relacionados específicamente con la conformación, el ejercicio y el control
del poder político[109].

 23. En
 suma,
 un
 sistema
 democrát
 ico
 basado
 en el
 principi
 o de la
 particip
 ación:
 i)
 inspira
 el
 nuevo
 marco
 de la
 estructu
 ra
 constitu
 cional
 del
 Estado;
 ii)
 implica
 la
 ampliaci
 ón
 cuantita
 tiva de
 oportuni
 dades
 reales
 de
 injerenc
 ia
 ciudadan
 a; y
 iii)
 genera
 la
 recompos
 ición
 cualitat
 iva de
 las
 dinámica
 s
 sociales
 y
 públicas
 ,
 puesto
 que su
 espectro
 trascie
 nde de
 lo
 político
 elector
 al
 hacia
 los
 planos
 individu
 al,
 económic
 o y
 colectiv
 o[110].

 24. La
 menciona
 da
 concepci
 ón de
 democrac
 ia
 particip
 ativa
 se
 material
 iza con
 la
 consagra
 ción
 constitu
 cional
 de los
 derechos
 polític
 os,
 concebid
 os por
 esta
 Corte
 como
 los
 instrume
 ntos
 con los
 que
 cuentan
 los
 ciudadan
 os para
 incidir
 sobre
 la
 estructu
 ra y el
 proceso
 decision
 al en
 el cual
 tienen
 interés
 en
 particip
 ar[111].
 De
 esta
 manera,
 se
 trata
 de
 “(…)
 titulari
 dades
 de las
 que se
 desprend
 en los
 mecanism
 os por
 medio
 de los
 cuales
 la
 ciudadan
 ía se
 ejerce.”
 [112]

 25. Esta
 Corte,
 en
 Sentenci
 a T-066
 de
 2015[113],
 expresó
 que
 los
 derechos
 polític
 os
 pueden
 clasific
 arse de
 múltiple
 s
 formas;
 en el
 caso
 particul
 ar de
 la
 particip
 ación,
 aquellos
 pueden
 ser: i)
 de
 particip
 ación
 directa
 (iniciat
 iva
 legislat
 iva,
 referend
 os,
 entre
 otros);
 ii) de
 acceso
 a la
 función
 pública;
 y iii)
 derecho
 al
 sufragio
 , tanto
 en su
 dimensió
 n
 activa
 como
 pasiva.

De todos modos, los derechos políticos permiten que los ciudadanos
participen de manera activa en la consolidación de los escenarios
democráticos en los que se debaten los asuntos trascendentales que impactan
de forma muldimensional en la vida de los sujetos que hacen parte de la
comunidad. Por tal razón, los mencionados postulados constituyen garantías
para que las personas incidan y controlen el poder político, los cuales
deben ser ejercidos mediante los procedimientos y los mecanismos
consagrados para tal fin[114].

 26. De
 esta
 suerte,
 conforme
 al
 artículo
 40 de
 la
 Carta,
 entre
 otros,
 las
 personas
 tienen
 la
 posibili
 dad de
 particip
 ar en
 la
 conforma
 ción,
 el
 ejercici
 o y el
 control
 del
 poder
 político
 ,
 mediante
 cualqui
 era de
 los
 siguient
 es
 mecanism
 os: i)
 elegir
 y ser
 elegido;
 ii)
 tomar
 parte
 en
 eleccion
 es, en
 plebisci
 tos, en
 referend
 os, en
 consulta
 s
 populare
 s y
 otras
 formas
 de
 particip
 ación
 democrát
 ica;
 iii)
 constitu
 ir
 partidos
 ,
 movimien
 tos y
 agrupaci
 ones
 política
 s sin
 ninguna
 limitaci
 ón; iv)
 interpon
 er
 acciones
 pública
 s en
 defensa
 de la
 Constitu
 ción y
 la ley;
 y v)
 acceder
 al
 desempeñ
 o de
 funcione
 s y
 cargos
 públicos
 , entre
 otros[115]
 .

 27. En
 concorda
 ncia
 con lo
 preceden
 te,
 esta
 Corte
 ha
 expresad
 o que
 el
 derecho
 de
 particip
 ación
 política
 se
 caracter
 iza por
 ser
 universa
 l, bajo
 el
 entendid
 o de
 que
 comprome
 te
 diversos
 escenar
 ios,
 procesos
 y
 lugares
 dentro
 de la
 esfera
 pública
 y
 privada,
 y
 además,
 porque
 el
 concepto
 de
 política
 sobre
 el que
 descansa
 se
 nutre
 de todo
 lo que
 le
 puede
 interesa
 r a la
 persona,
 a la
 comunida
 d y al
 Estado,
 lo que
 justific
 a la
 injerenc
 ia en
 la
 distribu
 ción,
 el
 control
 y la
 asignaci
 ón del
 poder
 social[116]
 .

Adicionalmente, su naturaleza es expansiva, porque su dinámica comprende el
conflicto social y busca encauzarlo a partir del respeto y la constante
reivindicación de un mínimo de democracia política y social, la cual debe
ampliarse de manera progresiva con la finalidad de conquistar nuevos
ámbitos y profundizar permanentemente en su vigencia, lo que exige de los
principales actores públicos y privados, un ineludible compromiso con su
efectiva construcción[117].

 28. La
 garantía
 de
 este
 derecho
 esta
 contenid
 a a
 nivel
 internac
 ional
 en las
 siguient
 es
 normas:
 i) el
 artículo
 21 de
 la
 Declarac
 ión
 Universa
 l de
 los
 Derechos
 Humanos
 [118];ii
 ) el
 artículo
 25 del
 Pacto
 Internac
 ional
 de
 Derechos
 Civiles
 y
 Político
 s[119];
 y iii)
 el
 artículo
 23 de
 la
 Convenci
 ón
 American
 a sobre
 Derechos
 Humanos
 [120],
 entre
 otros.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que si bien no
existe un sistema o una modalidad específica para garantizar los derechos
políticos, los Estados pueden establecer las condiciones para hacerlos
efectivos, lo que incluye la consagración de restricciones a los mismos,
siempre que no se afecte su contenido esencial. En el caso Yatama contra
Nicaragua, ese Tribunal manifestó:

 “La participación política puede incluir amplias y diversas
 actividades que las personas realizan individualmente u organizados,
 con el propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán
 un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así
 como influir en la formación de la política estatal a través de
 mecanismos de participación directa.

 (…)

 La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos
 políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los
 derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar
 sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios
 de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática.
 La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de
 manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los
 ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule
 claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De
 acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el
 ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el
 inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas
 en ese inciso. La restricción debe encontrase prevista en una ley, no
 ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un
 propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un
 interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando
 hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que
 restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad
 con el propósito que se persigue”[121].

En el mismo sentido, en el caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos
Mexicanos, esa Corte expuso:

 “El sistema interamericano tampoco impone un sistema electoral
 determinado ni una modalidad específica para el ejercicio de los derechos
 a votar y a ser votado. La Convención Americana establece lineamientos
 generales que determinan un contenido mínimo de los derechos políticos y
 permite a los Estados que dentro de los parámetros convencionales regulen
 esos derechos de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas,
 sociales y culturales, las que pueden variar de una sociedad a otra, e
 incluso en una misma sociedad, en distintos momentos históricos”[122].

 29. En
 conclusi
 ón, en
 el
 sistema
 universa
 l y
 regional
 de
 protecci
 ón no
 existe
 una
 estructu
 ra
 determin
 ada de
 garantía
 de los
 derechos
 polític
 os, sin
 embargo,
 si se
 consagra
 n los
 contenid
 os
 mínimos
 que
 deben
 ser
 respetad
 os y
 desarrol
 lados
 por los
 Estados,
 en
 especial
 ,
 cuando
 se
 trata
 del
 establec
 imiento
 de
 restricc
 iones o
 limitaci
 ones a
 los
 mismos.

 30. De
 otra
 parte,
 para
 este
 Tribunal
 la
 particip
 ación
 política
 y sus
 formas
 de
 concreci
 ón
 configur
 an un
 derecho
 con
 naturale
 za
 fundamen
 tal[123]
 . En
 efecto,
 la
 Sentenci
 a T-469
 de
 1992[124]
 señaló
 que los
 derechos
 polític
 os son
 fundamen
 tales
 en una
 democrac
 ia
 represen
 tativa.
 Por su
 parte,
 en la T-
 045 de
 1993[125]
 , la
 Corte
 expresó
 que
 dicha
 caracter
 ística
 radica
 en que
 hacen
 parte
 de la
 esfera
 indispen
 sable
 para la
 direcció
 n de la
 sociedad
 , pues
 garantiz
 a la
 autodete
 rminació
 n de la
 persona,
 el
 aseguram
 iento
 de la
 conviven
 cia
 pacífica
 y la
 consecuc
 ión de
 un
 orden
 justo.

La Sentencia T-1050 de 2002[126], manifestó que la esencia misma de nuestro
sistema democrático radica en el ejercicio libre de los derechos políticos
consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, y
además, su naturaleza de garantías fundamentales ha sido reconocida
ampliamente en la jurisprudencia de la Corte[127].

La Sentencia C-329 de 2003[128] reiteró la ius fundamentalidad de los
derechos políticos de participación, al expresar que la participación
configura en el ordenamiento constitucional un principio y fin del Estado,
que influye no solo dogmáticamente sino también en las relaciones concretas
entre las autoridades y los ciudadanos en sus diversas órbitas como la
económica, la política o la administrativa. Por tal razón, el Constituyente
dedicó un artículo especial a los derechos políticos, particularmente, a
sus formas de ejercicio, lo que torna innegable su relevancia Superior.

 31. De
 acuerdo
 a lo
 expuesto
 , los
 derechos
 derivad
 os de
 la
 particip
 ación
 democrát
 ica
 tienen
 la
 naturale
 za de
 fundamen
 tales,
 debido
 a que
 represen
 tan la
 reformul
 ación
 de los
 mecanism
 os de
 toma de
 decision
 es, en
 los que
 el
 ciudadan
 o
 adquiere
 un
 papel
 trascend
 ental
 de
 injerenc
 ia en
 los
 asuntos
 que le
 afectan,
 y
 además,
 exige
 de las
 autorida
 des la
 asunción
 de
 compromi
 sos
 tendient
 es a su
 efectivi
 zación
 constant
 e en el
 marco
 de las
 nuevas
 relacion
 es con
 las
 personas
 que
 hacen
 parte
 de la
 comunida
 d, no
 solo
 para
 garantiz
 ar su
 carácter
 expansi
 vo,
 sino
 también
 para
 asegurar
 su
 vigencia
 .

El derecho de acceso al ejercicio de funciones públicas como expresión del
principio de participación democrática

 32. Una de
 las
 principa
 les
 expresio
 nes de
 los
 derechos
 de
 particip
 ación
 en la
 conforma
 ción,
 el
 ejercici
 o y el
 control
 del
 poder
 político
 es la
 posibili
 dad de
 acceder
 al
 ejercici
 o de
 cargos
 o de
 funcione
 s
 públicas
 ,
 conforme
 al
 numeral
 7º del
 artículo
 40 de
 la
 Constitu
 ción.

Esta Corte ha establecido que el ingreso a la función pública configura un
derecho fundamental, por cuanto la seguridad de su ejercicio concreto
permite efectivizar el principio de participación política, sobre el cual
descansa el sustento filosófico que orienta e inspira nuestra Carta. De
esta manera, se trata de una garantía inherente a la naturaleza humana, la
cual, derivada de su racionalidad, le otorga la oportunidad de tomar parte
en el manejo de los asuntos públicos[129].

Por lo anterior, la fundamentalidad del mencionado postulado deriva de su
condición de mecanismo idóneo para materializar la democracia participativa
y porque, además, permite concretar el derecho a conformar, ejercer y
controlar el poder político[130]. En la Sentencia SU-544 de 2001[131], esta
Corporación expresó que el referido derecho es de singular importancia
dentro del ordenamiento constitucional, puesto que garantiza la posibilidad
de lograr amplios espacios de legitimación democrática[132].

 33. Para
 este
 Tribunal
 , la
 protecci
 ón, el
 respeto
 y el
 desarrol
 lo por
 parte
 del
 Estado,
 del
 derecho
 a
 acceder
 a
 cargos
 públicos
 ,
 implica
 análisis
 distint
 os,
 según
 el
 momento
 en el
 que se
 presenta
 su
 ejercici
 o. En
 ese
 sentido,
 en el
 nivel
 abstract
 o,
 propio
 de los
 juicios
 de
 control
 de
 constitu
 cionalid
 ad, el
 debate
 gravita
 sobre
 las
 restricc
 iones,
 las
 limitaci
 ones o
 las
 condicio
 nes de
 ingreso
 al
 ejercici
 o de la
 función
 pública
 y la
 verifica
 ción
 del
 cumplimi
 ento de
 los
 requisit
 os de
 proporci
 onalidad
 , de
 razonabi
 lidad y
 del
 respeto
 por su
 núcleo
 esencial
 [133].

Por otro lado, cuando se está en el escenario de la acción de tutela, lo
que se pretende establecer es si a una persona le ha sido desconocida la
posibilidad de acceder a un cargo público determinado. Por tal razón, en el
desarrollo del juicio respectivo, no resulta suficiente la norma
constitucional, sino que, el análisis debe ser sistemático e integral, en
el que estén incluidas las disposiciones legales, reglamentarias y
estatutarias, relativas al cumplimiento de las condiciones y requisitos
para su ingreso y permanencia[134].

Lo expuesto, tal como lo ha expresado la Corte[135], permite comprender que
dicha garantía no está revestida de carácter absoluto, ya que el Texto
Superior puede consagrar determinadas condiciones para su ejercicio, al
igual que el Legislador tiene la potestad de establecer los requisitos para
su desempeño, con lo cual se procura la realización del interés general, se
efectiviza la igualdad y se garantizan los principios que gobiernan el
cumplimiento de la función pública[136].

 34. El
 derecho
 de
 acceso
 a
 cargos
 públicos
 ha
 sido
 entendid
 o por
 la
 Corte
 como la
 protecci
 ón del
 ciudadan
 o
 contra
 las
 decision
 es
 estatale
 s que
 de
 manera
 arbitrar
 ia: i)
 le
 impide
 el
 ingreso
 a un
 cargo
 público;
 ii) lo
 desvincu
 la del
 mismo;
 y iii)
 una vez
 encuentr
 a
 empleo,
 le
 obstacul
 iza
 injustif
 icadamen
 te el
 ejercici
 o de
 sus
 funcione
 s[137].

En la Sentencia C-176 de 2017[138], esta Corte reiteró que las facetas que
hacen parte del ámbito de protección del derecho de ingreso a la función
pública son las siguientes: i) la posesión de las personas que han cumplido
con los requisitos para acceder a un cargo[139], ii) la prohibición de
establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un
empleo, cuando el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias
establecidas en el concurso de méritos[140], iii) la facultad de elegir de
entre las opciones disponibles aquella que más se acomoda a las
preferencias de quien ha participado y ha sido seleccionado en dos o más
concursos[141] y, iv) la prohibición de remover de manera ilegítima
(ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona
que ejerza funciones públicas[142], entre otras.

 35. En
 conclusi
 ón, el
 derecho
 de
 acceso
 a
 cargos
 públicos
 es
 fundamen
 tal
 porque
 se
 erige
 como
 instrume
 nto
 para
 efectivi
 zar el
 principi
 o de
 democrac
 ia
 particip
 ativa.
 Sin
 embargo,
 su
 ejercici
 o no es
 absoluto
 , pues
 está
 condicio
 nado a
 las
 regulaci
 ones
 consagra
 das en
 la
 Carta y
 aquellas
 expedid
 as por
 el
 Legislad
 or o
 demás
 autorida
 des
 habilita
 das
 para
 tal
 fin, en
 aras de
 realizar
 el
 interés
 general,
 la
 igualdad
 y los
 principi
 os que
 gobierna
 n el
 cumplimi
 ento de
 la
 función
 pública,
 por lo
 que se
 trata
 de un
 postulad
 o de
 configur
 ación
 legal.
 De esta
 suerte,
 en el
 análisis
 de las
 presunta
 s
 vulnerac
 iones
 se debe
 establec
 er si
 las
 decision
 es
 proferid
 as por
 el
 Estado,
 en las
 que se
 evidenci
 e
 arbitrar
 iedades,
 se
 impide
 a los
 ciudadan
 os el
 ingreso
 al
 empleo
 estatal,
 se
 genera
 su
 desvincu
 lación,
 o se
 obstacul
 iza el
 desempeñ
 o de
 los
 deberes
 que
 están a
 su
 cargo.

Las limitaciones y las restricciones al ejercicio del derecho de acceso a
cargos públicos

 36.
 Previame
 nte se
 expuso
 que el
 ejercici
 o del
 derecho
 de
 ingreso
 a la
 función
 pública
 está
 condicio
 nado a
 los
 requisit
 os
 consagra
 dos por
 la
 Constitu
 ción y
 a la
 configur
 ación
 que del
 mismo
 haga el
 Legislad
 or, con
 la
 finalida
 d de
 garantiz
 ar el
 interés
 general,
 la
 igualdad
 y los
 principi
 os de
 la
 función
 pública.

De esta forma, el señalamiento de los requisitos y las condiciones para el
acceso, permanencia, ascenso, ejercicio y retiro de la función pública,
debe ser el resultado de un ejercicio razonable y proporcionado de la
potestad de configuración que le reconoció el Constituyente al Legislador,
en las precisas condiciones consagradas en los artículos 125 y 150 numeral
23 de la Carta, salvo aquellas establecidas directamente por el Texto
Superior[143].

En desarrollo de la mencionada potestad, el Legislador debe sujetarse a
estrictos parámetros de razonabilidad y de proporcionalidad, lo que implica
la imposibilidad de afectar el núcleo esencial del derecho, mediante la
consagración de exigencias irrealizables que tornen nugatoria la
posibilidad de los ciudadanos de participar en el ejercicio de la función
pública en igualdad de oportunidades[144].

 37. La
 función
 pública
 comporta
 la
 realizac
 ión de
 esfuerzo
 s y
 activida
 des que
 deben
 asumir
 los
 órganos
 del
 Estado
 para
 asegurar
 el
 cumplimi
 ento de
 sus
 fines[145]
 ,
 orientad
 os
 hacia
 la
 atención
 y la
 satisfac
 ción de
 los
 interese
 s
 generale
 s de la
 comunida
 d[146],
 bajo
 estricto
 s
 criterio
 s de
 igualdad
 ,
 moralida
 d,
 eficacia
 ,
 economía
 ,
 celerida
 d,
 imparcia
 lidad y
 publicid
 ad,
 conforme
 lo
 establec
 en los
 artículo
 s 1º y
 209
 Superior
 es.

 38. Este
 concepto
 delimit
 a el
 derecho
 fundamen
 tal a
 particip
 ar en
 la
 conforma
 ción,
 ejercici
 o y
 control
 del
 poder
 político
 ,
 consagra
 do en
 el
 artículo
 40 de
 la
 Carta,
 que
 tiene
 como
 una de
 sus
 expresio
 nes el
 acceso
 al
 desempeñ
 o de
 funcione
 s y a
 cargos
 públicos
 [147].

En ese orden de ideas, el establecimiento de condiciones para el ejercicio
del derecho por parte del Legislador debe propender por el equilibrio de
dos principios de la función pública: i) el derecho a la igualdad de
oportunidades para participar en la conformación del poder político (Art.
40 C.P.); y ii) la búsqueda de la eficiencia, economía, celeridad,
imparcialidad, publicidad y eficacia de la Administración[148].

El régimen de inhabilidades, incompatibilidades y situaciones de
inelegibilidad para el acceso al desempeño de funciones públicas[149]

 39. Como
 se
 advirtió
 previam
 ente,
 el
 menciona
 do
 derecho
 no es
 absoluto
 , pues
 el
 Legislad
 or
 puede
 establec
 er
 condicio
 nes
 para su
 ejercici
 o, con
 la
 finalida
 d de
 procurar
 la
 realizac
 ión del
 interés
 general
 y de
 los
 principi
 os que
 gobierna
 n el
 cumplimi
 ento de
 la
 función
 pública[150]
 .
 Dentro
 de las
 menciona
 das
 circunst
 ancias
 se
 encuentr
 an las
 inhabili
 dades e
 incompat
 ibilidad
 es,
 entendid
 as como
 aquellas
 reglas
 y
 exigenci
 as que
 deben
 observar
 se para
 el
 acceso
 y
 ejercici
 o de
 funcione
 s
 públicas
 [151].

 40. Para
 la
 Corte,
 las
 inhabili
 dades
 buscan
 asegurar
 que,
 quienes
 aspiran
 a
 acceder
 al
 ejercici
 o de la
 función
 pública,
 quieran
 realiza
 r
 activida
 des
 vinculad
 as a
 interese
 s
 públicos
 o
 sociales
 ,
 ostenten
 ciertas
 cualida
 des o
 condicio
 nes que
 aseguren
 su
 gestión
 con
 observan
 cia de
 criterio
 s de
 igualdad
 ,
 eficienc
 ia,
 moralida
 d e
 imparcia
 lidad y
 además,
 garantic
 en la
 prevalen
 cia de
 los
 interese
 s
 generale
 s de la
 comunida
 d sobre
 los
 personal
 es[152].

El Consejo de Estado entiende las inhabilidades como aquellas
circunstancias personales negativas o situaciones prohibitivas existentes o
sobrevenidas consagradas en la Carta y la ley que condicionan el ingreso o
la permanencia en el ejercicio de la función pública, puesto que su
inobservancia puede: a) impedir el acceso (supuesto de inelegibilidad); y,
b) la solución de continuidad en el cargo, debido a la falta de calidades,
cualidades de idoneidad o de moralidad para desarrollar ciertas actividades
o adoptar determinadas decisiones, bajo el entendido que busca proteger los
principios y valores que gobiernan el ejercicio de la función pública y en
especial, evitar que exista aprovechamiento del cargo, la posición o el
poder para favorecer intereses propios o de terceros[153].

Según esa Corporación, se trata de “(…) impedimentos de origen político,
ético, o moral, para ser elegido o nombrado, en determinado cargo, pero que
provienen de circunstancias externas, tales como el parentesco, los
antecedentes, el ejercicio de otras actividades”[154], entre otras. Para
esta Corte, las inhabilidades son:

 “(…) aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que
 impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para
 un cargo público y, en ciertos casos, impiden que la persona que ya
 viene vinculada al servicio público continúe en él; y tienen como
 objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad,
 imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están
 desempeñando empleos públicos.”[155]

 41. A
 diferenc
 ia de
 las
 inhabili
 dades,
 las
 incompat
 ibilidad
 es son
 prohibic
 iones
 dirigida
 s al
 titular
 de la
 función
 pública
 que le
 impiden
 ocuparse
 de
 ciertas
 activida
 des o
 el
 ejercici
 o
 simultán
 eo de
 las
 competen
 cias
 propias
 de su
 cargo y
 las que
 correspo
 nden a
 otros
 empleos,
 por lo
 que el
 interés
 Superior
 puede
 afectase
 por
 una
 indebida
 acumula
 ción de
 funcione
 s o de
 interese
 s que
 afecten
 la
 imparcia
 lidad e
 independ
 encia
 que
 orientan
 a la
 administ
 ración[156]
 .

 42. Estos
 dos
 concepto
 s son
 ontológi
 camente
 distinto
 s, pues
 regulan
 situacio
 nes
 jurídica
 s
 diferent
 es
 (acceso
 y
 ejercici
 o de la
 función
 pública
 respecti
 vamente)
 , sin
 embargo,
 no son
 excluyen
 tes,
 pues
 como lo
 ha
 definido
 este
 Tribunal
 , las
 incompat
 ibilidad
 es de
 un
 cargo
 que se
 extiende
 n más
 allá
 del
 periodo
 dispuest
 o para
 su
 ejercici
 o,
 constitu
 yen
 “inhabil
 idades
 genérica
 s”[157]
 o
 “condici
 ones de
 inegilib
 ilidad”[158]
 .

 43. En
 conclusi
 ón, uno
 de los
 objetivo
 s de
 las
 inhabili
 dades y
 de las
 incompat
 ibilidad
 es es
 regular
 el
 acceso
 y
 ejercici
 o de la
 función
 pública
 en
 condicio
 nes de
 igualdad
 ,
 moralida
 d,
 transpar
 encia y
 probidad
 en la
 ejecució
 n de
 los
 fines
 del
 Estado,
 ya que
 pretende
 n la
 realizac
 ión de
 interese
 s
 colectiv
 os. Por
 tal
 razón,
 las
 circunst
 ancias
 y las
 condicio
 nes
 personal
 es y
 funciona
 les que
 configur
 an las
 inhabili
 dades e
 incompat
 ibilidad
 es son
 límites
 y
 restricc
 iones
 legítima
 s al
 derecho
 fundamen
 tal a
 particip
 ar en
 la
 conforma
 ción,
 ejercici
 o y
 control
 del
 poder
 político
 (artícu
 lo 40
 Superior
 ).

Si bien estos dos conceptos son diferentes, no se excluyen, pues las
incompatibilidades definidas por el Legislador pueden configurar
inhabilidades genéricas que limitan la elegibilidad de quienes aspiran a
ocupar cargos públicos.

La inelegibilidad y su impacto en el derecho de participación en la
conformación del poder político

 44. La
 reelecci
 ón ha
 sido
 entendid
 a como
 la
 posibili
 dad de
 que una
 persona
 pueda
 continua
 r en el
 ejercici
 o de la
 función
 pública,
 al
 poder
 ser
 nuevamen
 te
 elegida
 una vez
 el
 periodo
 establec
 ido
 para su
 desempeñ
 o ha
 fenecido
 . De
 esta
 manera,
 existen
 ordenami
 entos
 jurídico
 s en
 los
 que[159]:

 i) La reelección es inmediata e indefinida, consecutiva o sucesiva,
 lo que le permite a quien se encuentra en el cargo ser candidato a
 las elecciones que se presenten una vez se venza el término de
 ejercicio de su empleo[160].

 ii) La reelección inmediata consecutiva por una sola vez;

 iii) La reelección mediata, aplazada o diferida[161], que no opera para
 el periodo sucesivo inmediato, sino que la posibilidad de ser
 candidato se condiciona al transcurso de cierto tiempo desde el fin
 de su gestión[162]. En este escenario se genera una situación de
 inelegibilidad durante el “periodo interpositivo”[163], en otras
 palabras, se configura una restricción al derecho de acceso al
 cargo público hasta el momento en que se cumpla el plazo
 establecido en la norma.

 iv) La prohibición de reelección[164].

 45. Este
 Tribunal
 en
 Sentenci
 a C-141
 de
 2010[165],
 analizó
 la
 figura
 de la
 reelecci
 ón
 presiden
 cial,
 esbozó
 los
 principa
 les
 rasgos
 de
 dicha
 figura
 y
 estudió
 su
 impacto
 sobre
 el
 derecho
 fundamen
 tal de
 particip
 ación
 en la
 conforma
 ción,
 ejercici
 o y
 control
 del
 poder
 político
 . En
 ese
 sentido,
 expresó
 que
 existen
 cargos
 que
 tienen
 un
 determin
 ado
 tiempo
 de
 duración
 para
 su
 ejercici
 o, pero
 pueden
 ser
 desempeñ
 ados
 por la
 misma
 persona
 durante
 varios
 periodos
 , sean
 estos
 sucesivo
 s o no,
 sin que
 sobre
 el
 mismo
 exista
 alguna
 prohibic
 ión o
 limitaci
 ón.

De otra parte, el ordenamiento puede prever el ejercicio de funciones
públicas por una sola vez o durante un determinado número de periodos, al
cabo de los cuales quien los ha desempeñado no puede aspirar a ocuparlos de
nuevo[166].

En el primer caso, se presenta para la persona una situación de
elegibilidad, puesto que pese a haber desempeñado el cargo por uno o más
periodos, jurídicamente tiene la posibilidad de presentarse nuevamente para
ser reelegido. En el segundo supuesto, para quien ejerció las funciones en
la única oportunidad permitida o se encuentre en el “periodo interpositivo”
o haya completado el límite de oportunidades autorizadas, se configuró un
escenario de inelegibilidad¸ pues es irrelegible para el cargo al que
aspira[167].

 46. La
 figura
 jurídica
 de la
 inelegib
 ilidad
 tiene
 como
 consecue
 ncia
 jurídica
 la
 prohibic
 ión de
 ser
 candidat
 o, es
 decir,
 la
 imposibi
 lidad
 de
 aspirar
 a
 ocupar
 un
 cargo
 público.
 En
 palabras
 de
 esta
 Corte,
 no se
 trata
 de la
 limitaci
 ón de
 un
 derecho,
 sino
 que la
 posibili
 dad de
 postular
 se para
 el
 ejercici
 o de la
 función
 pública
 no
 surge a
 la vida
 jurídica
 [168].

Para GARCÍA LÓPEZ la mencionada figura genera la eliminación o la
destrucción con carácter previo, singular y excepcional de un derecho que
permanece inalterado para el resto de los sujetos que quedan al margen de
la situación en concreto. El efecto de dicha condición se explica en el
entendido de que del conjunto de ciudadanos que pueden postularse a un
cargo público, se excluye a algunos por el lugar de responsabilidad del
cargo que ocupan al momento en que se desarrolla el proceso de
designación[169].

En ese sentido, FERNÁNDEZ-MIRANDA expresa que se trata de una figura que
busca impedir que quienes se encuentren en una situación de supremacía
jurídica, económica o social, puedan presentarse a ocupar nuevamente un
empleo público, sin previa renuncia al cargo declarado inelegible, lo que
pone en riesgo la objetividad del proceso de elección[170].
Por su parte, VANEGAS GIL considera que una situación de inelegibilidad se
sustenta en la necesidad de garantizar la probidad y la moralidad de
quienes están llamados a ocupar los distintos cargos públicos, y además, de
proteger la libertad de los llamados a participar en la elección del
funcionario[171]. En este caso, la condición inhabilitante no solamente
impacta los derechos de quien aspira a acceder al empleo público, en el
sentido de que se afecta la posibilidad de participar en el ejercicio del
poder político, sino que también incide en la libertad del encargado de su
elección, pues se impone una restricción en la posibilidad de seleccionar
entre los postulados[172].

 47. En
 suma,
 la
 reelecci
 ón, en
 términos
 general
 es,
 tiene
 una
 naturale
 za
 habilita
 nte,
 pues
 genera
 una
 situació
 n de
 elegibil
 idad en
 quienes
 aspiran
 a
 continua
 r en el
 cargo
 una vez
 se
 cumple
 el
 tiempo
 establec
 ido
 para su
 ejercici
 o.
 Según
 GOMES
 CANOTHIL
 O, en
 los
 Estados
 Democrát
 icos,
 el
 principi
 o debe
 ser la
 posibili
 dad de
 particip
 ar en
 los
 procesos
 de
 acceso
 a
 cargos
 públicos
 , mas
 no la
 inelegib
 ilidad,
 por lo
 que la
 primera
 configur
 a la
 regla
 general,
 mientra
 s que
 la
 segunda
 la
 excepció
 n[173].

De esta suerte, la inelegibilidad, bien sea por su prohibición para
cualquier caso, o por la imposición de un “periodo interpositivo” o por el
cumplimiento del límite de oportunidades para concurrir como postulante,
genera una situación de inelegibilidad, entendida como la imposibilidad del
nacimiento del derecho de aspirar a ocupar un cargo público a quien se
encuentra en dicha condición.

Límites constitucionales a la interpretación de las restricciones al
derecho de acceso a cargos públicos

 48.
 Previame
 nte se
 advirtió
 que la
 particip
 ación
 en la
 conforma
 ción
 del
 poder
 político
 expresa
 da en
 el
 acceso
 al
 empleo
 público
 tiene
 amplia
 configur
 ación
 legal,
 en el
 sentido
 de que
 el
 Legislad
 or
 puede
 establec
 er las
 condicio
 nes que
 deben
 acredita
 r las
 personas
 que
 aspiren
 a
 ocupar
 los
 cargos
 estatale
 s. Sin
 embargo,
 dicha
 facultad
 está
 restring
 ida por
 la
 Constitu
 ción,
 por lo
 que las
 limitaci
 ones
 establec
 idas
 deben
 responde
 r a
 criterio
 s de
 razonabi
 lidad y
 de
 proporci
 onalidad
 .

En efecto, la Corte en Sentencia C-100 de 2004[174] expresó que la
discrecionalidad del Legislador es amplia para regular los requisitos y las
condiciones de acceso a la función pública, no obstante, en desarrollo de
esta, tiene vedado el desconocimiento de los derechos fundamentales de los
aspirantes a ocupar el cargo, específicamente los derechos de participación
y de igualdad. De igual manera, debe propender por establecer condiciones
que se ajusten al mérito, a la capacidad de los aspirantes y a las
exigencias del servicio.

Por su parte, la Sentencia C-612 de 2013[175] manifestó que al momento de
analizar los límites del Legislador para regular inhabilidades deben
apreciarse las siguientes premisas: i) pueden estar consagradas en la
Constitución o en la ley. En este último evento existe libertad de
configuración legislativa; ii) su establecimiento genera la restricción del
derecho fundamental de acceso a cargos y funciones públicas; y, iii) la
potestad de regulación no es absoluta, pues debe observar criterios de
razonabilidad y de proporcionalidad para no afectar injustificadamente el
núcleo esencial del derecho de participación hasta anularlo.

 49. Los
 límites
 constitu
 cionales
 en
 materia
 de
 inhabili
 dades
 también
 se
 extiende
 n al
 interpre
 te de
 las
 normas
 que los
 contiene
 n. En
 ese
 sentido,
 el
 artículo
 1º del
 Código
 Electora
 l[176]
 establec
 e que
 “(…)
 las
 causales
 de
 inhabili
 dad y
 de
 incompat
 ibilidad
 son de
 interpre
 tación
 restring
 ida.”.
 Este
 Tribunal
 en
 Sentenci
 a C-147
 de
 1998[177]
 consider
 ó que:

 “(…) no se puede olvidar que las inhabilidades, incluso si tienen rango
 constitucional, son excepciones al principio general de igualdad en el
 acceso a los cargos públicos, que no sólo está expresamente consagrado
 por la Carta (CP arts. 13 y 40) sino que constituye uno de los
 elementos fundamentales de la noción misma de democracia. Así las
 cosas, y por su naturaleza excepcional, el alcance de las
 inhabilidades, incluso de aquellas de rango constitucional, debe ser
 interpretado restrictivamente, pues de lo contrario estaríamos
 corriendo el riesgo de convertir la excepción en regla. Por
 consiguiente, y en función del principio hermenéutico pro libertate,
 entre dos interpretaciones alternativas posibles de una norma que
 regula una inhabilidad, se debe preferir aquella que menos limita el
 derecho de las personas a acceder igualitariamente a los cargos
 públicos.” (Lo énfasis agregado)

En Sentencia C-1372 de 2000[178] dijo que las inhabilidades:

 “(…) han de ser interpretadas en forma restrictiva (sentencias C-320 de
 1994 y C-147 de 1998, entre otras), en el sentido de dar prevalencia a
 los derechos a la igualdad y al acceso a funciones y cargos públicos.
 No significa lo anterior, el desconocimiento de la facultad
 discrecional que, en esta materia, se le reconoce al legislador
 (sentencias C-367 de 1996, C-509 de 1997, entre otras), dado que, si
 bien corresponde a él señalar causales de inhabilidad diversas a las
 establecidas por el Constituyente, cuando ello se considere conveniente
 para el desempeño probo de la función pública, esa competencia tiene un
 límite objetivo: el no desconocimiento de los mencionados derechos.”

Esta postura jurisprudencial fue reiterada en la Sentencia C-903 de
2008[179] que adujo: “(…) la índole excepcional de las inhabilidades e
incompatibilidades, las normas que las contemplan deben ser interpretadas y
aplicadas con un criterio restrictivo y, por ende, con exclusión de un
criterio extensivo.”

Por su parte, el Consejo de Estado “(…) las causales de inhabilidad son de
interpretación restrictiva pues vienen a limitar un derecho consustancial
al orden y al sistema democrático, cual es de elegir y ser elegido
(…)”[180]

 50. En
 suma,
 el
 establec
 imiento
 y la
 interpre
 tación
 de las
 situacio
 nes que
 restring
 en o
 limitan
 el
 acceso
 a los
 cargos
 públicos
 tiene
 límites
 constitu
 cionales
 que
 garantiz
 an un
 contenid
 o
 mínimo
 indispon
 ible[181]
 . De
 esta
 suerte,
 el
 Legislad
 or al
 establec
 er las
 condicio
 nes de
 ingreso
 al
 empleo
 público
 debe
 observar
 estrict
 os
 criterio
 s de
 proporci
 onalidad
 y de
 razonabi
 lidad,
 que
 permitan
 restrin
 gir
 justific
 adamente
 los
 derechos
 de
 particip
 ación
 de las
 personas
 .

Por su parte, el intérprete de las normas que consagran las limitaciones al
mencionado derecho, debe hacer un ejercicio hermenéutico restrictivo, en el
sentido de no admitir analogías ni aplicaciones extensivas y en el que
además, se dé prevalencia a la aplicación del principio pro homine.

En ese sentido, la interpretación de las normas que consagran limitaciones
o restricciones a los derechos de participación política debe hacerse desde
la óptica más favorable a los derechos fundamentales[182], especialmente
los relacionados con la posibilidad de conformar el poder político, en
atención al compromiso expansivo del Estado que surge de su esencia
democrática.

La autonomía universitaria en el marco del Estado Social y Democrático de
Derecho. Alcances y límites constitucionales.

 51. La
 autonomí
 a
 universi
 taria
 tiene
 el
 propósit
 o de
 consolid
 ar a la
 instituc
 ión de
 educació
 n
 superior
 como
 un
 espacio
 académic
 o, que
 permita
 el
 encuentr
 o “(…)
 entre
 las
 diferent
 es
 escuelas
 de
 pensamie
 nto y
 (…) la
 concepci
 ón de
 múltiple
 s
 formas
 y
 metodolo
 gías
 para el
 ejercici
 o de la
 docencia
 y para
 el
 desarrol
 lo de
 la
 activida
 d misma
 del
 educando
 ”[183]
 de modo
 que
 logre
 responde
 r a las
 dinámica
 s y a
 las
 tareas
 que le
 son
 propias:
 el
 saber y
 la
 ciencia.

Dicha autonomía se afianzó, en el contexto de las sociedades
latinoamericanas, como una garantía para el desarrollo del conocimiento, en
la medida en que su propósito es sustraer a las instituciones de educación
superior de las dinámicas políticas externas, para que la producción
científica sea autónoma[184], a pesar de que la educación sea un derecho y
un servicio cuya materialización depende, en la práctica, del Estado.
Entonces, el propósito de la autonomía universitaria, en últimas es “(…)
evitar injerencias indebidas del Estado dirigidas a homogeneizar las
corrientes de pensamiento y garantizar, de esta forma, la pluralidad, el
disenso, la participación y la diferencia”[185].

Esta figura resulta trascendental para el papel que tiene el conocimiento
en una sociedad, si se admite que uno de los objetivos del campo del
conocimiento es plantear sus posturas a la colectividad, incluso cuando sus
conclusiones se oponen a las consideraciones de los gobernantes. “La
universidad tiene la obligación (…) de decir la verdad al poder”[186] y la
única forma de lograrlo es romper su dependencia de él.

Bajo esta perspectiva, la autonomía universitaria es un mecanismo de
interacción armónica entre la Universidad y el Estado, que permite la
realización de los cometidos de ambas instituciones en relación con la
educación superior, para fomentar concepciones y prácticas académicas
libres[187].

 52. La
 autonomí
 a
 instituc
 ional
 de las
 universi
 dades
 es
 reconoci
 da por
 la
 UNESCO,
 junto
 con la
 libertad
 de
 enseñanz
 a y de
 su
 aprendiz
 aje,
 como
 una
 herramie
 nta
 para
 que la
 universi
 dad
 pueda
 asumir
 su rol
 en la
 sociedad
 [188],
 bajo el
 entendid
 o de
 que
 “(…)
 los
 individu
 os
 encargad
 os de
 su
 buena
 administ
 ración
 puedan
 tomar
 iniciati
 vas a
 la hora
 de
 responde
 r a las
 demandas
 cambian
 tes de
 la
 sociedad
 en
 materia
 de
 enseñanz
 a
 superior
 ”[189].

 53. En
 Colombia
 , esta
 figura
 fue
 recogida
 en la
 Constitu
 ción en
 el
 artículo
 69,
 que
 dispuso:
 “[s]e
 garantiz
 a la
 autonomí
 a
 universi
 taria.
 Las
 universi
 dades
 podrán
 darse
 sus
 directiv
 as y
 regirse
 por sus
 propios
 estatuto
 s, de
 acuerdo
 con la
 ley
 (…)”,
 de modo
 que
 reconoci
 ó en
 favor
 de
 estas
 instituc
 iones
 un
 marco
 de
 autodete
 rminació
 n.

Tal mandato fue desarrollado en la Ley 30 de 1992, en cuyo artículo 3° se
planteó como objetivo “(…) garantiza[r] la autonomía universitaria, y
vela[r] por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la
suprema inspección y vigilancia de la educación superior”, en el entendido
de que “[e]s propio de las instituciones de educación superior la búsqueda
de la verdad, el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra
y del aprendizaje de acuerdo con la presente ley.”[190]

A la hora de regular específicamente la autonomía de las instituciones de
educación superior, el Legislador estableció expresamente que se trata de
un derecho de las universidades[191], y se traduce en la facultad que ellas
tienen para (i) configurar su reglamento interno[192] y, a través de él,
(ii) designar sus propias autoridades académicas y administrativas, como
(iii) seleccionar a los docentes; (iv) fijar y organizar programas
académicos a desarrollar[193], (v) establecer las condiciones para otorgar
los títulos que correspondan a ellos[194]; (vi) definir sus labores
académicas, docentes, científicas y culturales; (vii) establecer los
mecanismos de selección de los estudiantes y configurar los reglamentos que
los rigen; y, (viii) “arbitrar y aplicar sus recursos”[195].

 54. En
 relación
 con
 estas
 facultad
 es, la
 Corte
 ha
 establec
 ido
 tres
 dimensio
 nes de
 la
 autonomí
 a
 universi
 taria:
 una
 académic
 a[196],
 una
 financie
 ra[197]
 y una
 política
 [198],
 que se
 traducen
 en la
 autonomí
 a para
 investig
 ar y
 enseñar,
 en la
 autonomí
 a
 económic
 a y en
 la
 autonomí
 a
 administ
 rativa[199]
 . En
 estos
 aspectos
 , la
 Sentenci
 a C-337
 de
 1996[200]
 le
 reconoci
 ó a la
 instituc
 ión de
 educació
 n
 superior
 la
 potestad
 de
 autoorga
 nización
 (darse
 sus
 propias
 directiv
 as) y
 de auto-
 regulaci
 ón
 (regirse
 por
 sus
 propios
 estatuto
 s)[201].

 1. En relación con la autonomía académica esta Corte expresó que la
 universidad debe contar con la facultad de establecer sus programas y
 los requisitos de titulación de sus estudiantes y preservarlos siempre
 en el marco de los derechos a la educación del cuerpo
 estudiantil[202].

 2. Respecto de la autonomía financiera se ha destacado que el propósito
 de la autorregulación y auto organización se logra, en parte, por el
 manejo libre de recursos. Así las cosas, es indispensable que la
 entidad educativa tenga el poder de elaborar y disponer de su propio
 presupuesto, y distribuir sus recursos para atender su propósito y sus
 necesidades[203].

 3. Por último, en relación con la autonomía administrativa se consolida
 en cabeza de las universidades la facultad de darse sus propios
 estatutos, para regir la relación entre la comunidad universitaria y
 preservar sus objetivos[204]. Esta facultad, según algunos autores, se
 identifica con la autodeterminación en el gobierno universitario y
 paralelamente en una autogestión administrativa, que conciben como
 ámbitos diferenciables de la autonomía universitaria[205].

 55. Ahora
 bien,
 el
 amplio
 espectro
 de
 desarrol
 lo de
 la
 autonomí
 a
 universi
 taria
 no
 puede
 asumirse
 como
 la
 independ
 encia o
 el
 aislamie
 nto de
 la
 instituc
 ión. De
 tal
 suerte
 que:

 “[n]o se trata (…) de crear un Estado dentro de otro Estado ni de
 contraponer un poder a otro poder. La autonomía es condición que
 permite a la universidad cumplir, en la mejor forma posible, la tarea
 que le es propia. (…) La autonomía no debe provocar el divorcio entre
 la universidad y su medio”, sino todo lo contrario[206].

 56. La
 Corte
 ha
 aclarado
 al
 respecto
 que la
 autonomí
 a
 universi
 taria
 no
 signific
 a de
 ningún
 modo la
 independ
 encia
 total
 de la
 instituc
 ión
 educativ
 a. La
 Sentenci
 a C-491
 de
 2016[207]
 precisó
 que tal
 figura
 debe
 ser
 interpre
 tada en
 forma
 armónica
 con
 las
 facultad
 es de
 vigilanc
 ia e
 inspecci
 ón del
 Estado
 sobre
 la
 educació
 n, de
 modo
 que
 debe
 resultar
 congrue
 nte con
 los
 principi
 os y
 fines
 constitu
 cionales
 , como
 con los
 derechos
 fundame
 ntales
 consagra
 dos en
 el
 texto
 superior
 . Por
 lo
 tanto,
 en
 cualquie
 ra de
 sus
 facetas,
 la
 autonomí
 a
 universi
 taria
 está
 sometida
 a las
 normas
 constitu
 cionales
 y a
 los
 parámetr
 os
 legales
 que las
 desarrol
 lan.

Entonces, la autonomía universitaria y las facultades que a través de ella
se le reconocen a las instituciones de educación superior, deben sujetarse
a los principios constitucionales. La razón es que sin lugar a dudas esta
figura “(…) implica, el respeto absoluto por el desarrollo social e
individual del ciudadano. Así, la educación es un medio para que el
individuo se integre de manera efectiva a la sociedad y se forme en valores
democráticos que impongan como regla de conducta, el respeto y la
tolerancia”[208].

En esa medida, si bien los tres ámbitos de desarrollo de la autonomía
universitaria referidos con anterioridad constituyen una barrera externa a
las injerencias en el plano académico, de ningún modo pueden consolidarse
sin tener en cuenta que imponen al interior de la comunidad y de la
dinámica universitaria, el cumplimiento de la Constitución y la ley, como
la promoción del respeto por ellas[209].

Para efectos del análisis de este caso concreto, en lo que sigue, la Sala
se concentrará en la dimensión de autogestión y organización administrativa
de las instituciones de educación superior y se enfocará en las
limitaciones que le impone el principio democrático y participativo.

La universidad, su gobierno y el desarrollo de la autonomía en su interior
en el marco del principio democrático y participativo

 57. Como
 se
 planteó
 en el
 apartado
 anterio
 r, uno
 de los
 aspectos
 en los
 que la
 universi
 dad
 debe
 ser
 autónoma
 para
 que
 pueda
 desarrol
 lar el
 campo
 del
 saber y
 la
 formació
 n
 ciudadan
 a, es
 su
 organiza
 ción
 interna
 (polític
 a y
 administ
 rativa),
 que,
 junto
 con las
 demás
 facultad
 es de
 autogest
 ión, le
 dan a
 la
 entidad
 educativ
 a la
 capacida
 d para
 desarrol
 lar su
 objetivo
 en
 relación
 con el
 conocimi
 ento y
 con el
 aporte
 a la
 sociedad
 .

El gobierno de la entidad educativa implica la elaboración organizada de
“(…) técnicas de gestión, administración y autoverificación que encuentren
un equilibrio entre la autonomía universitaria y la obligación de rendir
cuentas a la sociedad y de demostrar su eficacia en el desempeño de su
cometido”[210], como en el respeto por los derechos fundamentales en el
seno de la institución[211]. Todo ello debe diseñarse y desarrollarse en
los estatutos de la universidad, que recogen los mecanismos diseñados para
la toma de decisiones sobre la comunidad universitaria o sobre cualquiera
de sus miembros, como expresión de lo que sería la voluntad
universitaria[212].

Esta voluntad, en el marco del principio democrático, precisa de la
existencia de autoridades establecidas como “producto y la garantía del
‘pacto social interno’ entre los integrantes de la comunidad misma y del
‘pacto social externo’ entre comunidad nacional y la universitaria”[213].
Las autoridades solo pueden reflejar este doble pacto, en la medida en que
ellas hayan llegado a dirigir a la comunidad mediante del principio de
participación democrática y se afiancen en la participación de la comunidad
universitaria en relación con las determinaciones que le conciernen.

 58. Ahora
 bien,
 la
 autonomí
 a
 administ
 rativa
 en su
 modalida
 d de
 autogobi
 erno
 abarca
 varias
 facultad
 es para
 la
 instituc
 ión de
 educació
 n
 superior
 , que
 fueron
 recogida
 s por
 la
 Sentenci
 a T-187
 de
 1993[214].
 Según
 esta
 decisión
 , la
 universi
 dad
 tiene
 la
 libertad
 de
 “(…)
 elaborar
 sus
 propios
 estatuto
 s,
 definir
 su
 régimen
 interno,
 estatuí
 r
 (sic.)
 los
 mecanism
 os
 referent
 es a la
 elección
 ,
 designac
 ión y
 período
 de sus
 directiv
 os y
 administ
 radores,
 señalar
 las
 reglas
 sobre
 selecció
 n y
 nominaci
 ón de
 profesor
 es,
 establec
 er los
 programa
 s de su
 propio
 desarrol
 lo,
 aprobar
 y
 manejar
 su
 presupue
 sto y
 aprobar
 los
 planes
 de
 estudio
 que
 regirán
 la
 activida
 d
 académic
 a.”

Asimismo la Sentencia C-1435 de 2000[215] destacó que la autodeterminación
administrativa o política de las instituciones de educación superior supone
que a ellas les corresponde su autorregulación filosófica y administrativa,
con lo que se les autoriza a (i) crear y modificar los estatutos
universitarios; (ii) diseñar los mecanismos de elección, designación y
períodos de sus directivos y administradores (iii) fijar los programas
académicos, los planes de estudio y las actividades docentes, científicas y
culturales; (iv) precisar los mecanismos de selección docente y
estudiantil; (v) asumir la elaboración y aprobación de sus presupuestos y
(vi) administrar los bienes y recursos de la institución.

 59. El
 régimen
 particul
 ar de
 las
 universi
 dades
 públicas
 estable
 ce
 condicio
 nes
 especial
 es para
 ellas
 en
 cuanto
 a la
 organiza
 ción y
 la
 elección
 de
 directiv
 as,
 como
 del
 personal
 docente
 y
 administ
 rativo[216]
 . Así,
 según
 el
 artículo
 61, la
 Ley 30
 de 1992
 establec
 e en
 últimas
 “el
 estatuto
 básico
 u
 orgánico
 y las
 normas
 que
 deben
 aplicars
 e para
 su
 creación
 ,
 reorgani
 zación
 y
 funciona
 miento”
 y los
 reglamen
 tos
 internos
 de las
 universi
 dades
 estatale
 s deben
 observar
 las
 normas
 que lo
 componen
 , sin
 perjuici
 o de la
 autonomí
 a
 universi
 taria.

En el capítulo II de la Ley 30 de 1992, se establece lo relativo a la
organización y elección de directivas de las universidades públicas.
Conforme a lo anterior, consagran su dirección en cabeza del Consejo
Superior Universitario, del Consejo Académico y del rector[217],
instituciones internas que en su conformación deben representar al Estado y
a la comunidad académica y garantizan, en dichos escenarios decisionales,
la efectividad de los derechos políticos, derivados del principio de
participación democrática.

 60. El
 rector,
 conforme
 el
 artículo
 66 de
 esa
 misma
 normativ
 a es el
 represen
 tante
 legal y
 la
 primera
 autorida
 d
 ejecutiv
 a de la
 universi
 dad
 oficial.
 Su
 designac
 ión la
 hace el
 Consejo
 Superior
 Univers
 itario,
 a
 través
 de la
 aplicaci
 ón del
 reglamen
 to que
 debe
 fijar
 la
 universi
 dad, en
 el que
 precise
 los
 requisit
 os y
 calidade
 s para
 desempeñ
 ar este
 cargo.

La Sentencia C-506 de 1999[218] precisó que la designación del rector bajo
los preceptos fijados por la misma universidad es central para el
desarrollo de su actividad y para la concreción de esa garantía, de modo
que depende enteramente de las reglas previstas por la comunidad
universitaria para que pueda ser elegido[219].

 61. En
 suma,
 la
 autonomí
 a
 universi
 taria
 contempl
 a el
 derecho
 de los
 entes
 de
 educació
 n
 superior
 , para
 darse
 su
 propio
 reglamen
 to y
 establec
 er las
 condicio
 nes de
 acceso
 a los
 cargos
 directiv
 os. En
 cumplimi
 ento de
 lo
 anterior
 , deben
 respetar
 los
 límites
 constitu
 cionales
 y
 legales
 que
 orientan
 el
 ejercici
 o de
 dichos
 postulad
 os en
 los
 escenari
 os de
 decisión
 democrá
 tica
 que se
 dan al
 interior
 de
 esas
 instituc
 iones.

Caso concreto. Respuesta a los problemas jurídicos planteados

Identificación de la carga argumentativa que sustenta la decisión censurada

 62. El
 despacho
 acciona
 do,
 mediante
 sentenc
 ia de 3
 de
 marzo
 de
 2016,
 resolvió
 decreta
 r la
 nulidad
 del
 Acuerdo
 número
 42 de
 26 de
 noviembr
 e de
 2014,
 mediante
 el
 cual se
 eligió
 al
 peticion
 ario
 como
 rector
 de la
 UPTC
 para el
 periodo
 2015-
 2018.

A tal conclusión arribó del análisis del parágrafo del artículo 16 de los
Estatutos Generales de la UPTC, cuyo contenido literal es el siguiente:

 “Parágrafo: El aspirante que haya sido Rector en Propiedad podrá ser
 elegido, nuevamente, hasta por una sola vez, por el periodo establecido
 en el presente artículo”. (Lo énfasis agregado)

La primera aproximación metodológica del Consejo de Estado fue la
identificación de la norma citada previamente, como la habilitación de la
figura de la reelección de la primera autoridad administrativa del ente
universitario[220].

Posteriormente, expuso las interpretaciones de la disposición objeto de
estudio, específicamente las relacionadas con el alcance de la expresión
“haya sido rector en propiedad”, presentadas por las partes del proceso de
nulidad electoral y que permitían entender la norma bajo dos premisas
lógicamente posibles: i) el aspirante no podía estar en ejercicio de sus
funciones como rector en propiedad, pues la normativa exige la cesación de
las mismas (postura de los demandantes); o ii) la consagración de una forma
de reelección inmediata, por lo que el actor podría ser elegido para el
periodo siguiente (postura del demandado)[221].

 63. El
 Consejo
 de
 Estado
 adoptó
 la
 primera
 postura
 hermenéu
 tica,
 en la
 que la
 expresió
 n “haya
 sido
 rector
 en
 propieda
 d” debe
 entender
 se como
 la
 posibili
 dad de
 que
 “(…) de
 que
 solo
 aquellos
 que
 hayan
 terminad
 o su
 periodo
 como
 rector,
 puedan
 ser
 elegidos
 nuevame
 nte
 para
 dicho
 cargo
 (…)”[222]
 . Para
 sustenta
 r dicha
 posición
 hermené
 utica,
 acudió
 a los
 siguient
 es
 criterio
 s
 interpre
 tativos:
 i)
 gramatic
 al; ii)
 sistemát
 ico; y
 iii)
 funciona
 l.

 64.
 Manifest
 ó que
 el
 método
 gramatic
 al “(…)
 busca
 resolver
 las
 dudas o
 controve
 rsias
 lingüíst
 icas
 por
 medio
 de las
 reglas
 del
 lenguaje
 en el
 que
 está
 redactad
 o el
 enunciad
 o y su
 contexto
 gramati
 cal”[223]
 , por
 tal
 razón,
 la
 norma
 estatuta
 ria
 avaló
 la
 reelecci
 ón no
 inmediat
 a del
 rector.

Adujo que en “(…) el precepto objeto de interpretación el tiempo verbal
“haya sido” corresponde a un pretérito perfecto, el cual de acuerdo con lo
dispuesto por la Real Academia de la Lengua, implica que “… se sitúa en el
pasado de la acción, el proceso o el estado expresados por el verbo”.”[224]

De esta manera, los estatutos contemplaron la figura de la reelección no
inmediata del rector, por lo que pueden aspirar “(…) aquellas personas que
en algún momento ocuparon esa dignidad, es decir, que fueron pero ya
dejaron de ser.”[225]

 65. En
 relación
 con la
 interpre
 tación
 sistemát
 ica,
 ese
 despacho
 expresó
 que
 aquella
 “(…)
 implica
 tener
 en
 cuenta
 la
 ubicació
 n
 física
 del
 enunciad
 o en el
 texto
 legal,
 así
 como
 las
 relacion
 es
 jerárqui
 cas o
 lógicas
 de éste
 con el
 resto
 del
 sistema
 jurídico
 ”[226],
 por tal
 razón,
 “(…)
 ante
 las dos
 posibles
 interpr
 etacione
 s de la
 norma,
 debe
 prevalec
 er
 aquella
 que
 resulta
 acorde
 con la
 normativ
 a
 superior
 , en
 especial
 con
 los
 principi
 os de
 igualdad
 ,
 transpar
 encia e
 imparcia
 lidad,
 lo cual
 impone
 analizar
 los en
 concreto
 .”[227]

De esta forma, realizó una breve consideración sobre el principio de
igualdad y la necesidad de su análisis a partir del Acto Legislativo No. 2
de 2004, que permitió la reelección del Presidente de la República.
Posteriormente, se refirió a la Ley 996 de 2005, que desarrolló el
escenario electoral de la reforma constitucional citada previamente.

De otra parte, consideró que “(…) el cambio en las reglas de juego
introducido en el año 2014, durante el periodo en que estaba fungiendo como
rector electo el señor Gustavo Orlando Álvarez Álvarez y que –a su juicio-
lo habilitó para presentarse inmediatamente a la nueva convocatoria,
implicó a no dudarlo, un desequilibrio en el proceso de elección, en
consideración a la concentración del poder de la universidad.”[228]

Con fundamento en lo anterior, concluyó que “(…) la transparencia e
imparcialidad imponían que la norma jurídica habilitante de la relección al
interior del ente universitario tan solo resultara aplicable para un
periodo posterior a aquel en el cual se realizó la modificación, una
interpretación diferente atenta contra los principios constitucionales
analizados y resulta, por ende, inadmisible.”[229]

 66.
 Finalmen
 te, el
 criterio
 funcion
 al de
 interpre
 tación
 signific
 ó para
 el
 Consejo
 de
 Estado
 la
 inclusió
 n de
 “(…)
 todos
 los
 factores
 relevan
 tes
 para la
 atribuci
 ón de
 signific
 ado a
 las
 disposic
 iones
 normativ
 as,
 como
 son la
 finalida
 d de la
 regulaci
 ón, la
 intenció
 n del
 legislad
 or
 (sic) y
 las
 consecue
 ncias
 de la
 interpre
 tación.”
 [230]

En ese orden de ideas, estimó que “(…) la finalidad de la disposición debe
estar acorde con los valores que esta protege y los fines que persigue
(sic), que no pueden ser otros que el desarrollo de las elecciones en un
plano de igualdad jurídica que no genere un tratamiento privilegiado para
uno de los candidatos ni una restricción indebida de los derechos de los
demás.”[231]

Aseveró que en el presente asunto era inadmisible que quien ocupa el cargo
de rector en el mismo periodo en que se realizó la reforma del reglamento,
participe en el proceso de elección, puesto que tendría una ventaja frente
a los demás postulados, lo que quebrantaría los principios analizados. Por
lo anterior, “(…) la única interpretación posible del parágrafo del
artículo 16 de los Estatutos Generales de la UPTC es aquella que avala la
reelección no inmediata e imposibilita a quien estaba desempeñando el Cargo
para fecha de la reforma se presente como candidato en la nueva
contienda.”[232]

Lo anterior, según esa Corporación judicial, se agrava ante la “ausencia
total” de un marco jurídico para regular las garantías electorales al
interior de la universidad, lo que demuestra “(…) que la voluntad del
Consejo Superior Universitario era que quien al momento de la reforma
fungía como rector no fuera a su vez candidato a la elección
inmediata.”[233]

Esa Corporación dijo que las condiciones en el Acuerdo No. 008 de 2014,
generaron una inhabilidad para quien se postula, en especial si está en
ejercicio de la rectoría y su periodo no ha finalizado, y una prohibición
para el órgano elector, que en el caso concreto no podía elegir al
demandado, por lo que desbordó sus competencias[234].

Finalmente, esa Sección anotó que se relevaba de “(…) estudiar los demás
reproches endilgados, pues con el examen realizado en precedencia basta
para declarar la nulidad del acto acusado, siendo inane entrar a determinar
los demás vicios se acreditaron o no.”[235]

La providencia objeto de censura incurrió en los defectos sustantivo, por
violación directa de la Constitución y fáctico

 67. En
 esta
 oportuni
 dad,
 para la
 Corte
 el
 estudio
 que
 debe
 abordar
 se
 realiza
 en el
 marco
 de una
 acción
 de
 tutela
 contra
 providen
 cia
 judicial
 ,
 particul
 armente
 una
 decisión
 del
 Consejo
 de
 Estado
 acusada
 de
 incurrir
 en los
 defectos
 sustant
 ivo,
 por
 violació
 n de la
 Constitu
 ción y
 fáctico.
 Bajo
 ese
 entendid
 o, la
 Sala
 adelanta
 rá un
 control
 de
 constitu
 cionalid
 ad de
 la
 sentenci
 a
 reprocha
 da para
 verifica
 r la
 acredita
 ción de
 los
 yerros
 formulad
 os por
 el
 accionan
 te.

Conforme a lo anterior, la Sala considera que en el presente caso, la
decisión judicial del Consejo de Estado no implicó una vía de hecho,
entendida como una actuación caprichosa y arbitraria que generó la
anulación de la elección del peticionario como rector del ente
universitario, pero sí incurrió en los defectos invocados en la tutela, tal
y como se demuestra a continuación.

 68. La
 norma
 objeto
 de
 análisis
 por el
 Consejo
 de
 Estado
 para
 declarar
 la
 nulidad
 de la
 elección
 del
 actor
 como
 rector
 de la
 UPTC,
 fue la
 contenid
 a en el
 parágraf
 o del
 artículo
 16 de
 los
 Estatuto
 s
 Generale
 s de
 esa
 instituc
 ión,
 que
 establec
 e lo
 siguient
 e:

“Parágrafo: El aspirante que haya sido Rector en Propiedad podrá ser
elegido, nuevamente, hasta por una sola vez, por el periodo establecido en
el presente artículo”.

La proposición citada tiene una innegable trascendencia constitucional,
puesto que regula el ejercicio del derecho fundamental de participación en
la conformación del poder político del ente universitario, específicamente,
la posibilidad de aspirar al desempeño de un cargo público, pues consagra
la reelección de quien haya sido rector.

 69. Para
 la
 Corte,
 la
 norma
 estatuta
 ria
 tiene
 dos
 lecturas
 posible
 s: i)
 la
 interpre
 tación
 literal,
 gramati
 cal y
 finalist
 a,
 realizad
 a por
 el
 Consejo
 de
 Estado
 en la
 sentenci
 a
 acusada,
 que
 consider
 aba la
 prohibic
 ión
 para el
 rector
 actual
 de ser
 elegido
 nuevamen
 te en
 ese
 cargo;
 y, ii)
 el
 entendim
 iento
 sistemát
 ico y
 contextu
 al de
 la
 norma
 estatuta
 ria que
 permite
 la
 reelecci
 ón
 inmediat
 a de
 ese
 funciona
 rio.
 Conforme
 a lo
 expuesto
 , este
 último
 sentido
 hermenéu
 tico es
 el que
 se
 ajusta
 en el
 mayor
 grado
 posible
 a los
 contenid
 os
 constitu
 cionales
 , de
 acuerdo
 a los
 siguient
 es
 argument
 os:

 70. La
 interpre
 tación
 literal,
 gramati
 cal o
 semántic
 a
 configur
 a una
 herramie
 nta
 válida
 en la
 labor
 judicial
 , sin
 embargo,
 en
 este
 caso no
 era
 suficien
 te para
 resolver
 la
 cuestión
 puesta
 en
 conocimi
 ento
 del
 juzgador
 ,
 debido
 a que
 las
 partes
 del
 proceso
 le
 habían
 presenta
 do dos
 interpre
 taciones
 ciertas
 y
 posibles
 , y
 además,
 la
 decisión
 sobre
 la
 misma
 tenía
 un
 impacto
 directo
 en el
 principi
 o
 democrát
 ico, en
 la
 autonomí
 a
 universi
 taria-
 particul
 armente
 la
 potestad
 de
 autorreg
 ulación-
 y en
 el
 núcleo
 esencial
 del
 derecho
 de
 acceso
 a
 cargos
 públicos
 del
 peticion
 ario,
 pues
 implicab
 a la
 posibili
 dad de
 postular
 se y de
 ser
 elegido
 para el
 empleo
 estatal.

En efecto, el límite del tenor literal como instrumento de la labor
jurisdiccional se muestra insuficiente cuando se trata de establecer los
efectos jurídicos de una disposición normativa que regula procesos
electorales que se sustentan en contenidos constitucionales que, por regla
general, están consagrados en disposiciones con estructuras de
principio[236], por lo que los apartados jurídicos que los desarrollan y
permiten su ejercicio, deben garantizar la indisponibilidad de su núcleo
esencial, el cumplimiento del mandato expansivo de los mismos y su
efectividad en el mayor grado posible de acuerdo con las condiciones
fácticas y jurídicas.

Por tal razón, según HEGENBARTH el recurso a los diccionarios resulta ser
una ayuda muy limitada para la interpretación judicial, pues solo ofrece el
significado semántico de las expresiones contenidas en las disposiciones
normativas. Cuando se trata de la comprensión de las proposiciones
infraconstitucionales que permiten el ejercicio y el alcance de las
garantías fundamentales, el significado gramatical configura una
herramienta insuficiente, debido al gran número de hablantes y a la
dinámica cambiante del lenguaje, que impide la identificación de una regla
semántica en la que estén inmersas las condiciones de su entorno[237] y que
además, puedan ser aplicadas a los complejos procesos de hermenéutica
jurídica, en especial cuando se analizan los contextos en los que se
ejercen o se restringen los derechos fundamentales.

Para DEPENHEUER el control constitucional concreto sobre el desconocimiento
de un derecho fundamental no puede hacerse desde el alcance semántico de la
disposición acusada, pues su esencia se desnaturalizaría en una
verificación de lo lingüísticamente posible, lo que implica una afectación
a la idea de Carta Política como orden identitario, axiológico y
convergente de la comunidad[238].

Según ALEXY el argumento semántico tiene como finalidad justificar,
criticar o afirmar una interpretación jurídica como posible, con referencia
específica al uso del lenguaje, bien sea natural o técnico. Por tal razón,
es posible aproximarse a tantas formas diversas de afirmaciones literales,
como distintas sean las invocaciones del hablante a su competencia
lingüística y la referencia a la autoridad de diccionarios[239].

 71. Este
 Tribunal
 en
 diferent
 es
 oportuni
 dades
 se ha
 pronunci
 ado
 sobre
 las
 limitaci
 ones de
 la
 interpre
 tación
 literal.
 La
 Sentenci
 a C-011
 de
 1994[240]
 analizó
 la
 constitu
 cionalid
 ad del
 Proyecto
 de Ley
 Estatuta
 ria por
 el cual
 se
 reglamen
 tó el
 voto
 programá
 tico.
 En
 aquella
 oportuni
 dad, la
 Corte
 afirmó:

 “Cuando el efecto de la interpretación literal de una norma conduce al
 absurdo o a efectos contrarios a la finalidad buscada por la propia
 disposición, es obvio que la norma, a pesar de su aparente claridad, no
 es clara, porque las decisiones de los jueces deben ser razonadas y
 razonables. El intérprete tiene entonces que buscar el sentido
 razonable de la disposición dentro del contexto global del ordenamiento
 jurídico-constitucional conforme a una interpretación sistemática-
 finalística.”[241]

De igual manera, en reiteradas oportunidades, este Tribunal ha puesto de
presente las limitaciones de la interpretación literal cuando se trata de
preceptos incluso constitucionales, que regulan el ejercicio de derechos
fundamentales. Algunas veces, ha concluido que el método semántico como
instrumento para conocer el contenido de una disposición constitucional no
es suficiente, debido a que la materia regulada es esencialmente variable y
que además, está influida por circunstancias sociales cambiantes que se
proyectan en la vida cotidiana de personas concretas[242].

 72. Para
 la
 Sala,
 en el
 presente
 caso
 se
 imponía
 una
 interpre
 tación
 sistemát
 ica y
 contextu
 al de
 la
 norma
 estatuta
 ria que
 lograra
 conectar
 la
 disputa
 sometida
 a su
 conocimi
 ento
 con la
 necesida
 d de
 efectivi
 zar los
 principi
 os y
 los
 valores
 constitu
 cionales
 que
 orientab
 an el
 proceso
 electora
 l al
 interior
 del
 ente
 universi
 tario,
 es
 decir,
 el
 fundamen
 to de
 la
 decisión
 judicia
 l debió
 conducir
 a una
 solución
 que
 comprend
 iera el
 conflict
 o
 particul
 ar con
 una
 represen
 tación
 sistemát
 ica del
 ordenami
 ento
 jurídico
 , en
 especial
 del
 Texto
 Superior
 [243].

Por tal razón, conforme lo afirma BARAK, el proceso interpretativo de cada
principio constitucional y de las normas infraconstitucionales que los
desarrollan y permiten su ejercicio, debe garantizar en la mayor medida
posible las razones axiológicas que lo justifican y, además, reflejar la
evolución del sistema jurídico y las dinámicas sociales con el paso del
tiempo[244].

En suma, en el presente caso, si bien el método semántico no está proscrito
por la Constitución, era el más restrictivo del principio democrático, de
la autonomía universitaria-en especial de la potestad de autorregulación- y
del derecho de acceso a cargos públicos, por lo que se imponía una
interpretación sistemática y ajustada a los hechos de la disposición.

 73. De
 acuerdo
 a lo
 expuesto
 , la
 Corte
 consider
 a que
 la
 interpre
 tación
 literal,
 semánti
 ca y
 finalist
 a que
 sustentó
 la
 providen
 cia
 estudiad
 a y
 proferid
 a por
 el
 despacho
 acciona
 do, no
 es la
 que más
 se
 ajusta
 dentro
 de las
 opciones
 hermené
 uticas
 posibles
 a la
 Constitu
 ción,
 ya que
 no
 consider
 ó el
 entendim
 iento
 sistémic
 o y
 contextu
 al de
 la
 norma
 estatuta
 ria,
 tal y
 como se
 expone
 a
 continua
 ción:

Al revisar los antecedentes que dieron lugar a la expedición del Acuerdo
008 de 2014, que modificó los Estatutos Generales y especialmente, permitió
la reelección del rector de la UPTC, se observa lo siguiente:

 1. El Acta No. 01 de 6 de febrero de 2014 del Consejo Superior, relata el
 inicio del debate del proyecto de reforma de los Estatutos relacionado
 con la reelección del rector. El representante de los egresados, en su
 condición de autor del proyecto, expresó que:

 “(…) la posibilidad de ser elegido como ex rector, no busca beneficiar
 a una persona en particular, ya que debe ser como una posibilidad, para
 que cualquiera de los ex rectores pueda llevar a cabo un plan de
 desarrollo a largo plazo, con el fin de evitar traumatismos en el
 adelantamiento de los procesos inherentes a la Universidad. Expresa que
 la propuesta puede ser vista como un estímulo para las personas que lo
 hayan cumplido (sic), con una buena labor.”[245]
El designado por el Presidente de la República, adujo que era:

 “(…) pertinente no hablar de reelección, toda vez que no es ese el
 procedimiento el estudiado (sic), pues es apenas la ampliación de la
 posibilidad para que un aspirante se inscriba y presente nuevamente al
 cargo de rector. A dicho pronunciamiento adhiere el presidente del
 Consejo Superior, quien además agrega que el procedimiento, debe estar
 acompañado por una reglamentación específica, en la que se premie una
 buena administración, pero además de ello, evitando la cohesión de
 varias administraciones, que permitan la continuidad indeterminada en
 el cargo.”[246]

Por su parte, el representante de los docentes manifestó que:

 “(…) el proyecto de Acuerdo, modifica los requisitos de quienes aspiren
 a ser rector de la UPTC. Agrega (Sic) que en caso de aprobarse el
 proyecto en mención, es pertinente incluir un parágrafo en el Artículo
 16, del Acuerdo 066 de 2005, referente a la posibilidad de no
 perpetuarse en el cargo, estableciendo un límite para ello. Sugiere, en
 caso de que la misma sea aprobada, incluir un parágrafo así: “Nadie
 podrá ser elegido para ocupar el cargo de Rector de la Universidad
 Pedagógica y Tecnológica de Colombia, por más de dos periodos”. A tal
 propuesta adhiere el representante de las directivas académicas.”[247]
 (Lo énfasis agregado)

El Consejo Superior, una vez fueron resueltos los impedimentos presentados
por el representante de los estudiantes, procedió a realizar la votación
del proyecto de reforma estatutaria, el cual fue aprobado con un total de 7
votos positivos y solo 1 negativo (representante de los estudiantes), tal
como se evidencia a continuación[248]:

|Integrante |Votación |
|Delegado de la Ministra de Educación Nacional |Positivo |
|Designado del Presidente de la República |Positivo |
|Delegado del Gobernador del Departamento de Boyacá. |Positivo |
|Representante de las Directivas Académicas |Positivo |
|Representante de los docentes |Positivo (con la|
| |inclusión del |
| |parágrafo del |
| |artículo 16 de |
| |los Estatutos |
| |Generales). |
|Representante de los egresados |Positivo |
|Representante de los estudiantes |Negativo |
|Representante del sector productivo |Positivo |
|Representante de los Ex rectores |No votó. |

En el acta se evidenció lo siguiente:

 “El Consejo Superior APRUEBA, el proyecto de Acuerdo en mención y en
 primera sesión, con un total de siete (7) votos. El mismo se aprueba
 con las sugerencias efectuadas por los consejeros, referentes a la
 inclusión de un parágrafo en el artículo 16, que hace alusión a la
 posibilidad de desempeñar el cargo de rector, únicamente en dos
 oportunidades.”[249] (lo énfasis agregado)

 2. La segunda sesión para la reforma estatutaria se realizó el 12 de
 marzo de 2014, y quedó consignada en el Acta No. 02 de la misma fecha.
 En esa oportunidad, la intervención del representante de los
 egresados, autor del proyecto de reforma, fue la siguiente:

 “(…) lo que se pretendió fue precisamente abrir una posibilidad y
 permitir un espectro más amplio de aspirantes, para que puedan ser
 elegidos. Recalca que el proceso de consulta no ha sido modificado, y
 se está dando una mayor posibilidad a las bases, para que acudan al
 voto de castigo como herramienta, situación evidenciada en los proseos
 (sic) electorales del 09 de marzo. (…) Concluye señalando que las
 ventajas de la universidad con un proceso de continuidad de ex
 rectores, son muchas, para evitar interrupciones y procesos
 inconclusos, en los cuales nueva (sic) administraciones pueden afectar
 los ideales y proyectos benéficos planteados por administraciones
 anteriores.”[250]

El representante estudiantil dijo que:

 “(…) el tema precisamente no es que se presente el actual rector, pues
 en últimas ese no es el tema en particular, sino que una decisión
 trascedente para la democracia universitaria, no sea consultada a los
 estamentos. (…) Agrega que si se abre la democracia universitaria no
 habría problema en el asunto de reelección, pero debe ser el estamento
 universitario, quien decida si un rector continua o no.”[251]

Por su parte, el representante de las directivas académicas consideró que:

 “(…) es bueno hablar de democracia participativa y no restrictiva.
 Aclara que es bueno, (sic) que quienes cumplan con ciertas condiciones,
 cuenten con el aval social y el prestigio académico, para ser rector de
 la UPTC y así, puedan presentarse a un proceso en igualdad de
 condiciones, máxime cuando es la única universidad que no cuenta con
 tal mecanismo.”[252] (Énfasis agregado)

En aquel momento, la iniciativa fue sometida a votación y se produjo su
aprobación con un total de 7 votos de la siguiente manera[253]:

|Integrante |Votación |
|Delegado de la Ministra de Educación Nacional |Positivo |
|Designado del Presidente de la República |Positivo |
|Delegado del Gobernador del Departamento de Boyacá. |Positivo |
|Representante de las Directivas Académicas |Positivo |
|Representante de los docentes |Positivo (con la|
| |inclusión del |
| |parágrafo del |
| |artículo 16 de |
| |los Estatutos |
| |Generales. |
|Representante de los egresados |Positivo |
|Representante de los estudiantes |Negativo |
|Representante del sector productivo |Positivo |

En tal virtud, en el Acta se consignó que: “(…) se aprueba el proyecto de
Acuerdo por medio del cual se modifican los artículo 16. 22, 25 y 40, y se
deroga el literal e) del Artículo (sic) 19, del Acuerdo 066 de 2005. Con
respecto al artículo 16, la modificación consiste en la inclusión de un
parágrafo.”[254]

 74. De
 acuerdo
 a lo
 anterior
 , para
 la Sala
 es
 claro
 que a
 partir
 de los
 antecede
 ntes de
 la
 reforma
 estatuta
 ria
 adelanta
 da en
 la
 UPTC,
 que
 hacen
 parte
 del
 expedien
 te de
 la
 referenc
 ia, el
 ente
 universi
 tario,
 en
 ejercici
 o de su
 potestad
 de
 autorreg
 ulación,
 modific
 ó el
 proceso
 de
 elección
 del
 rector,
 bajo
 evidente
 s
 propósit
 os de
 habilita
 ción en
 términos
 de
 acceso
 al
 ejercici
 o de
 empleos
 públicos
 . Es
 decir,
 la
 mayoría
 de las
 interven
 ciones
 de los
 integran
 tes del
 Consejo
 Superior
 tuviero
 n como
 objetivo
 resalta
 r las
 ventajas
 de la
 inclusió
 n de la
 reelecci
 ón en
 términos
 de
 ampliaci
 ón de
 los
 espacios
 de
 particip
 ación
 política
 ,
 mediante
 la
 posibili
 dad de
 que un
 mayor
 número
 candidat
 os
 pudieran
 concurr
 ir al
 certamen
 elector
 al.

Aunque en los antecedentes no se hizo mención expresa a la modalidad de
reelección inmediata, tampoco los miembros del Consejo Superior
consideraron que aquella fuera mediata, es decir, que se estableciera un
periodo “inter positivo”, que generara una situación de inelegibilidad del
rector actual.

Por lo anterior, en las discusiones vertidas al interior del Consejo
Superior de la universidad nunca se excluyó la posibilidad de que el actual
rector pudiera ser candidato y resultar reelegido, pues la modificación de
los Estatutos Generales buscaba ampliar los espacios de participación para
las personas que pretenden postularse, como para los electores. En esa
perspectiva, los miembros de esa autoridad universitaria contemplaron la
posibilidad de que el director del claustro de esa época podía participar
en la contienda y no tuvieron reparos sobre la legalidad de la
participación de ese funcionario.

En suma, la voluntad expresada por el Consejo Superior de la Universidad en
el marco de su potestad de autorregulación tenía como finalidad habilitar
la reelección del rector y limitar los periodos para su ejercicio, no
restringir el acceso a la función pública del actual representante legal de
la universidad, mediante el establecimiento de una condición interpositiva
de inelegibilidad, como la que le impuso al accionante, la decisión
acusada.

 75. En tal
 sentido,
 la
 interpre
 tación
 sistemát
 ica del
 parágraf
 o del
 artículo
 16 de
 los
 Estatuto
 s
 Generale
 s de la
 UPTC,
 confirma
 la
 efectivi
 zación
 de los
 principi
 os
 democrát
 ico y
 de
 autonomí
 a
 universi
 taria,
 así
 como el
 derecho
 de
 acceso
 a
 cargos
 públicos
 ,
 porque
 los
 actos
 administ
 rativos
 que
 regularo
 n el
 proceso
 electora
 l lo
 hicieron
 en
 clave
 de
 permitir
 la
 reelecci
 ón
 inmediat
 a,
 porque
 siempre
 contempl
 aron la
 particip
 ación
 del
 rector
 de ese
 momento
 y
 tenían
 como
 finalida
 d
 garantiz
 ar la
 igualdad
 , la
 transpar
 encia y
 la
 imparcia
 lidad
 del
 proceso
 electora
 l.
Este caso plantea una colisión implícita entre la posibilidad del actual
rector de ejercer su derecho de participación en la conformación del poder
político al interior del ente universitario y la necesidad de salvaguardar
los principios de igualdad y de transparencia al menos en dos momentos
identificables: i) la reforma estatutaria y ii) el certamen electoral.

 76. La
 reforma
 estatuta
 ria que
 habilitó
 la
 reelecci
 ón del
 rector
 en la
 UPTC
 fue
 realizad
 a por
 el
 Consejo
 Superior
 de esa
 instituc
 ión en
 ejercici
 o de
 sus
 competen
 cias
 contenid
 as en
 el
 literal
 d) del
 artículo
 13 de
 los
 Estatuto
 s
 Generale
 s[255].
 El
 artículo
 8 del
 Acuerdo
 66 de
 2005
 (Estatut
 os
 Generale
 s)
 establec
 e que
 el
 menciona
 do
 cuerpo
 colegiad
 o es el
 máximo
 órgano
 de
 direcció
 n y de
 gobierno
 de la
 universi
 dad, el
 cual
 está
 integrad
 o por
 las
 siguient
 es
 autorida
 des[256]
 :

 - El Ministro de Educación Nacional o delegado, quien lo presidirá.

 - Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya
 tenido vínculos con el sector universitario.

 - El Gobernador del departamento de Boyacá.

 - Un representante de las directivas académicas, decano de la facultad,
 con asiento en el Consejo Académico, elegido por voto directo de las
 directivas académicas, para un periodo de dos (2) años.

 - Un representante de los Docentes, profesor escalafonado en la
 categoría, al menos, de asociado, de tiempo completo y con una
 antigüedad no menor de cuatro (4) años en la Universidad, elegido por
 voto directo de todos los profesores escalafonados, para un periodo de
 dos (2) años.

 - Un representante de los egresados de la Universidad Pedagógica y
 Tecnológica de Colombia, con título y experiencia profesional no menor
 de cinco (5) años, sin vínculo laboral no contractual con la
 universidad, elegido por voto directo de los egresados, para un
 periodo de dos (2) años.

 - Un representante de los estudiantes, discente de un programa propio
 de pregrado de la universidad, con matrícula vigente, que haya
 aprobado, al menos, el cincuenta por ciento (50%) del plan de estudios
 y no esté bajo sanción disciplinaria; elegido por voto directo de los
 estudiantes con matrícula vigente, para un periodo de dos (2) años.

 - Un representante del sector productivo, con título universitario, sin
 vínculo laboral no contractual con la universidad, ejecutivo de una
 empresa legalmente constituida y vigente en territorio boyacense;
 elegido por voto directo de los representantes de ese sector, para un
 periodo de tres (3) años.

 - Un representante de los exrectores de la Universidad, que haya
 ejercido el cargo de propiedad, elegido por voto directo de los
 mismos, para un periodo de dos (2) años.

 - El rector de la universidad, con voz, pero sin voto.

 77.
 Conforme
 a lo
 anterior
 , la
 normativ
 a
 preceden
 te
 establec
 ió
 garantía
 s de
 traspare
 ncia y
 de
 igualdad
 que
 fortalec
 en la
 independ
 encia e
 imparcia
 lidad
 en el
 ejercici
 o de
 las
 competen
 cias
 por
 parte
 del
 Consejo
 Superior
 ,
 particul
 armente
 la
 autorreg
 ulación
 derivada
 de la
 autonomí
 a
 universi
 taria,
 las
 cuales
 se
 concreta
 n en el
 origen
 diversif
 icado,
 su
 forma
 de
 elección
 y los
 periodos
 para
 particip
 ar en
 el
 mismo,
 así
 como la
 imposibi
 lidad
 de que
 el
 rector
 particip
 e en la
 votación
 de las
 iniciati
 vas que
 se
 tramiten
 . Estas
 reglas
 fueron
 observad
 as en
 el
 proceso
 de
 reforma
 estatuta
 ria que
 dio
 lugar a
 la
 habilita
 ción de
 la
 reelecci
 ón del
 rector.

En efecto, el proyecto de cambio de los Estatutos Generales fue promovido a
instancia del representante de los egresados, quien expuso las razones que
sustentaban la reelección inmediata del director del claustro. Dicha
iniciativa se debatió por todos los miembros del Consejo Superior de forma
trasparente, en condiciones de igualdad y de manera independiente e
imparcial, sin que pudiera advertirse una injerencia indebida o irregular o
la emisión de un voto en favor de la iniciativa por parte de quien fungía
en ese momento en la rectoría de la universidad, puesto que el
representante de los profesores propuso la adición del parágrafo al
artículo 16 ejusdem, mientras que, quien representaba a los estudiantes
contó con la oportunidad para exponer sus razones y manifestar su voto
disidente en relación con la propuesta de cambio.

En tal sentido, las deliberaciones surtidas al interior del órgano superior
se caracterizaron por permitir un debate libre y amplio sobre la reelección
inmediata del rector de la universidad, puesto que, se insiste, siempre
estuvo en la discusiones de la reforma estatutaria la posibilidad de que el
actual director participara en el proceso electoral, la necesidad de
permitir la continuidad de las políticas de la institución educativa, sin
que se presentaran objeciones sobre la legalidad de la misma, puesto que
contemplaron la obligación de expedir regulaciones que garantizaran la
igualdad y la imparcialidad en el certamen electoral con participación del
director de claustro de ese momento.

 78. Ahora
 bien,
 para la
 Sala la
 figura
 de la
 reelecci
 ón no
 desconoc
 ió el
 principi
 o de
 igualdad
 , en el
 sentido
 de que
 generaba
 un
 tratamie
 nto
 privileg
 iado
 para
 uno de
 los
 candidat
 os
 (actual
 rector)
 y una
 restricc
 ión
 indebida
 en los
 derechos
 de los
 demás
 particip
 antes,
 por las
 razones
 que se
 exponen
 a
 continua
 ción:

Este Tribunal en la Sentencia C-1153 de 2005[257] reconoció que en el
escenario de los procesos electorales en los que se admite la reelección
del Presidente de la República, la propuesta política de quien ocupa el
cargo se estructura a partir de su programa de gobierno, el cual
exterioriza durante la campaña y de los resultados de su gestión. De esta
forma, parte significativa de la propuesta programática de quien busca la
reelección lo constituyen los logros obtenidos en su mandato y que los
mismos “(…) son carta de presentación para una segunda fase al mando del
ejecutivo.”[258]

Bajo ese entendido, la Corte consideró que tal ventaja no constituye un
ejercicio abusivo de la posición privilegiada de quien ostenta el cargo en
relación con los demás candidatos, pues los resultados de la gestión
administrativa son “(…) el producto lógico del ejercicio de sus deberes,
[por lo que] es palpable que un propósito de toda campaña reeleccionista es
el recibo de la aprobación popular respecto de los resultados de una
política pública ya en ejecución”[259].

En ese sentido, se trata de un fenómeno “(…) connatural a todo proceso
reeleccionista (…) [que] no puede desconocer el hecho innegable de que la
candidatura a la presidencia de quien ya ostenta el cargo se funda,
legítimamente, sobre un precedente de administración que ya está en marcha
y que produce resultados visibles y concretos, inmediatamente percibidos
por los electores.”[260]. En otras palabras, el candidato presidente tiene
una ventaja que es legítima, puesto que se funda en el ejercicio regular
del cargo.

Por tal razón, la importancia constitucional de la normatividad que regula
los procesos electorales que permiten la reelección radica en la necesidad
de garantizar un ejercicio democrático justo y equilibrado de las
votaciones, principalmente, en el sentido de que los candidatos regulares
tengan igualdad de condiciones de acceso a los canales de promoción de sus
programas y de que, los recursos públicos no sean utilizados en beneficio
del candidato presidente.

Ahora bien, el establecimiento de dichas garantías electorales debe hacerse
de manera ponderada, puesto que el candidato presidente aun en campaña,
sigue comprometido con las funciones regulares asignadas por la
Constitución y la ley, por lo que su restricción tiene como propósito
asegurar la inexistencia de conflictos de intereses y el ejercicio abusivo
de sus funciones, en observancia de los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que orientan la
función administrativa. Sin embargo, dichas limitaciones no pueden
comprometer el servicio público y afectar los engranajes del aparato
estatal en la conducción y gestión de los problemas de la comunidad[261].

Para esta Corte, desconocer la tensión de principios expuesta generaría una

 “(…) tergiversación de la institución de la reelección con motivo de
 una suspicacia abstracta sobre el ejercicio malintencionado del cargo
 presidencial. Para la Corte es claro que la institución creada por el
 constituyente es legítima y democráticamente sostenible, tal como lo
 demuestran otras democracias del mundo, por lo que no resulta de recibo
 que se presuma la mala fe del gobernante y se sugiera, por ello, que el
 mismo debe separarse del ejercicio de sus funciones mientras aspira a
 un segundo periodo presidencial.”[262]

En suma, para este Tribunal, las leyes o regulaciones de garantías
electorales en el marco de un proceso que incluye la reelección, deben
excluir cualquier forma de suspicacia y presunción de mala fe y de ausencia
de moralidad, en el desempeño de las funciones de quien busca reelegirse en
el cargo, y por el contrario, lograr la armonía entre el ejercicio legítimo
de las obligaciones constitucionales y legales de quien aspira a continuar
en el empleo público, el acceso a los medios de difusión de ideas de los
demás candidatos, con el ejercicio, también legítimo de una aspiración
política que no puede entorpecer la prestación del servicio público[263].

 79. Para
 la
 Corte,
 el
 nuevo
 escenari
 o
 democrát
 ico
 acaecido
 por la
 reforma
 estatuta
 ria
 podría
 generar
 conflict
 o entre
 los
 distinto
 s
 derechos
 que
 entran
 en
 colisión
 . Esta
 situació
 n fue
 advertid
 a por
 los
 miembros
 del
 Consejo
 Superior
 en el
 trámite
 de la
 iniciati
 va,
 quienes
 previero
 n la
 necesida
 d de
 una
 reglamen
 tación
 específi
 ca que
 garantiz
 ara la
 traspare
 ncia,
 la
 igualdad
 , la
 moralida
 d y la
 imparcia
 lidad
 en el
 proceso
 electora
 l.

La mencionada exigencia se cumplió con la expedición anticipada y oportuna
de los Acuerdos 039 y 040 ambos del año 2014, que establecieron el
calendario y el reglamento para la elección del funcionario, con la
finalidad de “(…) brindar garantías a todos los candidatos y llevar a cabo
un proceso de designación de rector transparente.”[264]

Específicamente el Acuerdo 040 de 25 de octubre de 2014, estableció las
siguientes reglas[265]:

 “Artículo 1º. La Universidad garantizará el equilibrio informativo en
 la divulgación de las propuestas, permitiendo en igualdad de
 condiciones el acceso de todos los candidatos a los medios de
 comunicación institucionales, para la divulgación de su programa de
 gobierno, a través de la Oficina de Comunicaciones: en la emisora,
 redes sociales y página web.

 Artículo 2º. La Universidad garantizará a todos los candidatos en
 igualdad de condiciones los espacios físicos, la logística para la
 divulgación de sus propuestas en la sede central y sedes seccionales de
 la institución.

 Parágrafo: Si los candidatos consideran pertinente y necesario
 organizar foros, la universidad brindará los espacios académicos y de
 logística para tal fin.

 Artículo 3º. El Rector candidato, durante el proceso de designación de
 rector de la Universidad, no podrá:

 1. Asistir a actos de inauguración de obras públicas de la Institución.

 2. Referirse a su campaña y a los demás candidatos en sus presentaciones
 públicas como Rector.

 3. Utilizar bienes de la Universidad en actividades de su campaña.”

En el artículo 4º de ese mismo cuerpo normativo modificó el cronograma de
la elección y se especificaron cada una de las actuaciones que debían
realizarse para la designación del rector. El acto administrativo en
mención fue publicado en el diario oficial número 49319 de 29 de octubre de
2014[266].

Los mencionados actos administrativos configuraron un marco normativo
previo expedido en ejercicio de la potestad de autorregulación derivado de
la autonomía universitaria, caracterizado por: i) contemplar la reelección
inmediata del rector de aquel momento; ii) prever la participación del
director de la época en el proceso electoral, lo que implicó además, la
publicidad de tal hecho a la comunidad educativa y a los demás aspirantes,
particularmente por lo establecido en el artículo 3º del Acuerdo 040 de 25
de octubre de 2014[267], que consagró las prohibiciones del rector
candidato; iii) fijar con la debida antelación, pues la designación del
funcionario se produjo el 26 de noviembre de 2014 (Acuerdo 042 de esa
fecha), las reglas del proceso electoral que garantizaban la igualdad, la
transparencia y la imparcialidad del certamen electoral.

En efecto, el Acuerdo 039 de 10 de septiembre de 2014 fue publicado en el
diario oficial No. 49.282 de 22 de ese mes y año y establecía el reglamento
y el calendario para la designar el rector de la universidad para el
periodo 2015-2018. Por su parte el Acuerdo 040 de 25 de octubre de 2014,
fue publicado en el diario oficial 49.319 de 29 de ese mismo mes y año, y
modificó el acto administrativo mencionado previamente, con el propósito
de:

 “(…) garantizar la transparencia e imparcialidad del proceso de
 designación de Rector, [por lo que] es necesario establecer unas
 disposiciones que garanticen la igualdad para las personas nominadas a
 Rector de la universidad, para el Rector en ejercicio, durante el
 periodo electoral.”[268]

Estos cuerpos normativos, que fueron presentados como pruebas en uno de los
expedientes de nulidad electoral[269], demuestran la existencia de un marco
jurídico para regular las garantías electorales al interior de la
universidad, particularmente por la participación del actual rector,
aspecto que fue plenamente considerado y que justificó la adopción de
reglas electorales que garantizaran la igualdad, la transparencia y la
imparcialidad del proceso. Adicionalmente, dichas actuaciones
administrativas tuvieron plena vigencia en términos de legalidad, en el
sentido de que no fueron demandadas durante el proceso electoral, por lo
que surtieron plenamente sus efectos jurídicos.

En este caso, la consagración de la figura de la reelección por una sola
vez, produjo una “tensión constructiva”[270] que permitió que cada interés
jurídico presente en el nuevo escenario de participación democrática,
pudiera desarrollarse al tiempo que coexiste de manera armoniosa con los
demás principios[271]. En otras palabras, la interpretación sistemática de
la disposición estatutaria, permite concluir que se habilitó la posibilidad
de reelección por una sola vez, se contempló la posibilidad del que el
actual rector participara en el proceso y que se garantizaron los
principios de igualdad y de transparencia, mediante la regulación
procedimental correspondiente que orientó el trámite electoral.

 80. En
 suma,
 los
 principi
 os de
 igualdad
 ,
 traspare
 ncia,
 moralida
 d e
 imparcia
 lidad y
 de
 independ
 encia,
 fueron
 garantiz
 ados en
 el
 proceso
 de
 reforma
 estatuta
 ria
 para
 habilita
 r la
 reelecci
 ón
 adelanta
 do por
 el
 Consejo
 Superior
 de la
 universi
 dad, en
 el que
 sus
 miembros
 debatie
 ron,
 modifica
 ron, se
 apartaro
 n y
 aprobaro
 n la
 propuest
 a de
 cambio
 normativ
 o, sin
 que se
 demostra
 ra una
 injerenc
 ia
 indebida
 e
 irregula
 r de
 quien
 para
 ese
 momento
 ejercía
 la
 rectoría
 de la
 instituc
 ión.

De igual forma, dichos postulados superiores fueron observados en el
trámite electoral, puesto que, si bien la figura de la reelección crea
privilegios para quien aspira continuar en el cargo, los mismos son
legítimos, derivados del ejercicio de sus funciones estatutarias, la
garantía de un certamen democrático justo y en condiciones de igualdad de
oportunidades para los demás participantes fue reglamentada en el Acuerdo
040 de 2014, con lo cual se desvirtuó la afectación a los principios
invocados por el Consejo de Estado.

 81.
 Finalmen
 te, el
 criterio
 funcion
 al de
 interpre
 tación
 usado
 por el
 Consejo
 de
 Estado
 fue
 simpleme
 nte una
 descripc
 ión de
 los
 efectos
 de la
 equivoca
 da
 concepci
 ón de
 una
 reelecci
 ón
 mediata,
 pues
 se
 limitó
 a
 enunciar
 la
 existenc
 ia de
 una
 inhabili
 dad del
 accionan
 te y de
 la
 prohibic
 ión
 competen
 cial
 del
 Consejo
 Superior
 , sin
 que se
 acredita
 ra de
 qué
 manera
 estas
 situacio
 nes,
 justific
 aban la
 imposici
 ón de
 una
 medida
 restrict
 iva y
 adversa
 al
 núcleo
 esencial
 del
 derecho
 del
 actor
 de
 acceso
 al
 empleo
 público.

 82. De
 acuerdo
 con lo
 expuesto
 ,
 existían
 dos
 lecturas
 posible
 s de la
 norma
 estatuta
 ria,
 por tal
 razón
 ante la
 duda
 hermenéu
 tica,
 la Sala
 consider
 a que
 en
 atención
 a los
 principi
 os pro
 homine,
 pro
 libertat
 is y de
 favorabi
 lidad,
 se debe
 escoger
 la
 opción
 interpre
 tativa
 menos
 restrict
 iva
 posible
 y que
 haga
 efectivo
 s los
 postulad
 os
 superior
 es en
 la
 mayor
 medida
 posible.
 En tal
 sentido,
 el
 parágraf
 o del
 artículo
 16 de
 los
 Estatuto
 s
 Generale
 s fue
 una
 expresió
 n de la
 potestad
 de
 autorreg
 ulación
 de la
 universi
 dad con
 la
 finalida
 d
 efectivi
 zar los
 programa
 s y las
 política
 s de la
 instituc
 ión,
 inclusiv
 e la
 continui
 dad de
 las
 mismas,
 a fin
 de
 garantiz
 ar los
 principi
 os de
 la
 función
 pública.
 Era
 evidente
 para
 los
 miembros
 de ese
 órgano
 que el
 rector
 actual
 podría
 particip
 ar en
 el
 proceso
 como
 candidat
 o, así
 como la
 preocupa
 ción de
 una
 forma
 de
 reelecci
 ón
 indefini
 da, que
 permitie
 ra la
 perpetui
 dad en
 el
 ejercici
 o del
 cargo
 por
 parte
 del
 funciona
 rio de
 turno.

De esta manera, la voluntad del Consejo Superior estuvo dirigida a
implementar una modalidad de reelección por una sola vez y revestida de
todas las garantías que establecieron un escenario electoral en condiciones
de igualdad, publicidad e imparcialidad. Esta opción hermenéutica es la
menos restrictiva de las garantías constitucionales invocadas en el escrito
de tutela, particularmente de los principios democrático y de autonomía
universitaria, así como del derecho fundamental de acceso al ejercicio de
la función pública.

En efecto, si se asumiera una interpretación distinta según la cual la
norma consagra un modelo de reelección mediato, se generaría una
restricción constitucionalmente injustificada de los principios democrático
y de autonomía universitaria, particularmente de la potestad de
autorregulación. De igual manera, limitaría desproporcionadamente el
derecho de ingreso a cargos públicos del actor, pues lo colocaría en un
escenario en el que su garantía de participación política no nació a la
vida jurídica. Tal entendimiento, desconocería la voluntad del Consejo
Superior de considerar un escenario de reelección, inclusive con la
participación como candidato del rector de la época.

Para la Sala, la existencia de principios constitucionales que justifican
el reconocimiento de los derechos constitucionales, también sustentan la
restricción de los mismos, mediante medidas de rango
infraconstitucional[272]. En ese sentido, el entendimiento de la reforma
estatutaria como la posibilidad de reelección inmediata, permite
efectivizar la mayor eficacia posible de los postulados democráticos y de
autonomía universitaria, así como la naturaleza expansiva de los derechos
de participación política y la aplicación excepcional de las inhabilidades,
entendidas como una restricción al principio general de igualdad en el
acceso a los cargos públicos, por lo que su interpretación es restrictiva,
so pena de convertir la excepción en regla.

En tal sentido, esta Corte ha manifestado que en función de los principios
pro homine, pro libertatis y de favorabilidad entre dos interpretaciones
posibles de una norma que regula una situación electoral, debe preferirse
aquella que limite en menor medida los principios democrático y de
autonomía, así como el derecho de las personas a acceder a cargos
públicos[273].

De acuerdo a lo expuesto, la fuerza expansiva de estos postulados
superiores es una clara restricción al alcance de las limitaciones
consagradas sobre el mismo, por esta razón, se exige una interpretación
basada en criterios restrictivos y favorables con la eficacia y el núcleo
esencial de la participación democrática[274].

En conclusión, la aplicación de los principios pro homine, pro libertatis y
de favorabilidad traslada la carga de la argumentación desde la defensa del
derecho a la justificación del límite, por lo que los conflictos, se
resuelven en favor del primero[275]. De esta manera, para la Sala la
interpretación conforme al Texto Superior, es aquella que permite la
reelección por una sola vez.

 83. En
 suma,
 para
 esta
 Corte
 la
 decisión
 judicia
 l
 objeto
 de
 censura
 en sede
 de
 amparo
 incurrió
 en los
 defectos
 sustant
 ivo,
 por
 violació
 n
 directa
 de la
 Constitu
 ción y
 fáctico,
 porque
 desconoc
 ió la
 potestad
 de
 autorreg
 ulación
 del
 Consejo
 Superior
 de la
 UPTC
 que
 establec
 ió: i)
 la
 reelecci
 ón
 inmediat
 a del
 rector
 a
 través
 de una
 reforma
 estatuta
 ria,
 cuyo
 debate
 y
 aprobaci
 ón
 demuestr
 an que
 sus
 miembros
 siempre
 contemp
 laron
 la
 posibili
 dad de
 que el
 actual
 director
 partici
 para
 como
 candidat
 o en el
 proceso
 y sobre
 la cual
 no
 existió
 reparo
 de
 legalida
 d por
 parte
 de los
 intervin
 ientes;
 y, ii)
 el
 marco
 normativ
 o de
 garantía
 s para
 el
 proceso
 electora
 l, que
 establec
 ía
 restricc
 iones
 para el
 rector
 candidat
 o y el
 respecti
 vo
 cronogra
 ma del
 proceso
 electora
 l.

 Ambos actos administrativos, tanto la reforma estatutaria como la
normativa sobre garantías electorales, fueron previamente conocidos por la
comunidad universitaria, debido a que se publicaron en el diario oficial
oportunamente, estaban vigentes al momento de la designación del
funcionario y su legalidad no fue cuestionada.

De igual manera, se desconoció el derecho de participación política del
actor, especialmente el acceso al ejercicio de la función pública, al
haberle impuesto una condición de inelegibilidad desproporcionada y carente
de razón constitucional; y finalmente, se limitó injustificadamente la
libertad de elección del órgano decisional de la universidad, pues redujo
las opciones de candidatos para el cargo de rector.

Decisiones que adoptará la Sala Plena en el presente asunto

 84. Una
 vez ha
 sido
 verifica
 da la
 vulnerac
 ión de
 los
 derechos
 fundame
 ntales
 con
 ocasión
 de una
 providen
 cia
 judicial
 , el
 juez de
 tutela
 debe
 adoptar
 las
 medidas
 necesari
 as para
 la
 protecci
 ón
 efectiva
 de los
 mismos.
 En la
 Sentenci
 a SU-
 053 de
 2015[276]
 , este
 Tribunal
 exploró
 las
 siguient
 es
 alternat
 ivas
 decision
 ales,
 en
 atención
 a las
 particul
 aridades
 de
 cada
 caso,
 entre
 las que
 se
 encuentr
 an: i)
 la
 regla
 general:
 que
 consiste
 en
 dejar
 sin
 efecto
 el
 fallo
 proferid
 o por
 el juez
 ordinari
 o y
 ordenarl
 e que
 dicte
 uno
 nuevo
 ajustado
 a las
 consider
 aciones
 expuesta
 s por
 el juez
 de
 amparo[277]
 porque
 aún
 quedan
 asuntos
 pendient
 es por
 resolver
 por
 parte
 del
 juez
 ordinari
 o; o
 ii) la
 excepció
 n: en
 la que
 la
 Corte
 toma
 directam
 ente
 las
 medidas
 de
 protecci
 ón
 necesari
 as,
 entre
 las que
 se
 encuentr
 a
 expedir
 sentenci
 a
 sustitut
 iva o
 de
 reemplaz
 o, ya
 que no
 quedaría
 alterna
 tiva
 distinta
 para
 garantiz
 ar la
 real y
 efectiva
 protecc
 ión de
 los
 derechos
 fundame
 ntales
 y con
 ello el
 acceso
 a la
 administ
 ración
 de
 justicia
 .

 85. En el
 presente
 asunto,
 la
 Sala
 Plena
 encuentr
 a que
 es
 viable
 ordenar
 al
 Consejo
 de
 Estado
 que
 profiera
 un
 nuevo
 fallo,
 en
 atención
 a que
 aún se
 encuentr
 an
 asuntos
 pendient
 es de
 resolver
 en el
 proceso
 de
 nulidad,
 en
 especial
 , las
 demás
 causales
 de
 nulidad
 expuesta
 s por
 los
 demandan
 tes que
 sustenta
 n las
 pretensi
 ones de
 anulació
 n y que
 no
 fueron
 objeto
 de
 estudio
 por esa
 Corporac
 ión, en
 atención
 a que,
 al
 encontra
 r
 acredita
 da la
 relacion
 ada con
 la
 supuesta
 inhabil
 idad
 del
 actor,
 se
 abstuvo
 de
 analizar
 las
 demás,
 tal y
 como lo
 expuso
 en la
 providen
 cia
 objeto
 de
 censura.

 86. Con
 base en
 lo
 anterior
 , la
 Sala,
 como
 medidas
 de
 protecci
 ón de
 los
 derechos
 fundame
 ntales
 al
 debido
 proceso
 y de
 acceso
 al
 desempeñ
 o de
 cargos
 y de
 funcione
 s
 públicas
 invocad
 os por
 el
 accionan
 te, i)
 revocará
 la
 decisión
 de 10
 de
 noviembr
 e de
 2017,
 proferid
 a en el
 trámite
 del
 tutela
 por la
 Sección
 Primera
 del
 Consejo
 de
 Estado,
 ii)
 conceder
 á el
 amparo
 solicita
 do;
 iii)
 dejará
 sin
 efectos
 la
 sentenci
 a de 3
 de
 marzo
 de
 2016, y
 en
 consecue
 ncia,
 iv)
 ordenará
 a la
 Sección
 Quinta
 del
 Consejo
 de
 Estado,
 que
 profiera
 una
 nueva
 providen
 cia,
 con
 fundamen
 to en
 lo
 expuesto
 en la
 presente
 decisió
 n.

Conclusiones

 87. La
 Sala
 decidió
 sobre
 una
 acción
 de
 tutela
 formulad
 a por
 Gustavo
 Orlando
 Álvarez
 Álvarez
 contra
 la
 Sección
 Quinta
 de la
 Sala de
 lo
 Contenci
 oso
 Administ
 rativo
 del
 Consejo
 de
 Estado
 por la
 presunta
 vulnera
 ción de
 sus
 derechos
 fundame
 ntales
 al
 debido
 proceso,
 a ser
 elegido
 y de
 acceso
 a
 cargos
 públicos
 , así
 como
 los
 principi
 os de
 autonomí
 a
 universi
 taria y
 de
 administ
 ración
 de
 justicia
 ,
 generada
 por la
 sentenci
 a
 proferid
 a el 3
 de
 marzo
 de
 2016,
 que
 resolvió
 anular
 su
 designac
 ión
 como
 rector
 en
 propieda
 d de la
 universi
 dad
 Pedagógi
 ca y
 Tecnológ
 ica de
 Colombia
 para
 el
 periodo
 2015-
 2018,
 porque
 presunta
 mente
 desconoc
 ió la
 prohibic
 ión
 estatuta
 ria de
 reelecci
 ón
 inmediat
 a. El
 actor
 acusó
 dicha
 providen
 cia de
 incurrir
 en
 defectos
 sustant
 ivo,
 por
 violació
 n de la
 Constitu
 ción y
 fáctico.

 88. En el
 presente
 asunto,
 la
 Corte,
 luego
 de
 verifica
 r la
 proceden
 cia de
 la
 tutela
 contra
 la
 providen
 cia
 judicial
 atacada
 ,
 concedió
 el
 amparo
 solicita
 do por
 el
 accionan
 te. En
 efecto,
 realizó
 un
 control
 de
 constitu
 cionalid
 ad de
 la
 sentenci
 a y
 establec
 ió que
 la
 reforma
 estatuta
 ria que
 habilitó
 la
 reelecci
 ón en
 la UPTC
 tenía 2
 lecturas
 posible
 s: de
 una
 parte
 la
 interpre
 tación
 literal,
 gramati
 cal y
 finalist
 a,
 realizad
 a por
 el
 Consejo
 de
 Estado
 en la
 sentenci
 a
 acusada,
 que
 consider
 aba la
 prohibic
 ión
 para el
 rector
 actual
 de ser
 elegido
 nuevamen
 te en
 ese
 cargo;
 y de
 otra,
 el
 entendim
 iento
 sistemát
 ico y
 contextu
 al de
 la
 norma
 estatuta
 ria que
 permite
 la
 reelecci
 ón
 inmediat
 a de
 ese
 funciona
 rio.
 Bajo
 esa
 perspect
 iva,
 esta
 última
 aproxima
 ción
 hermenéu
 tica es
 la más
 ajustada
 a la
 Constitu
 ción,
 porque
 garantiz
 a el
 principi
 o pro
 homine,
 pro
 libertat
 is y de
 favorabi
 lidad
 en
 materia
 electora
 l ya
 que es
 la
 menos
 restrict
 iva de
 los
 derechos
 de
 particip
 ación
 política
 polític
 os del
 actor y
 además,
 efectivi
 za en
 el
 mayor
 grado
 posible
 el
 principi
 o
 democrát
 ico y
 la
 autonomí
 a
 universi
 taria.

 89.
 Conforme
 a lo
 anterior
 , para
 la Sala
 la
 decisión
 judicia
 l
 cuestion
 ada en
 sede de
 amparo
 incurrió
 en los
 defectos
 sustant
 ivo,
 por
 violació
 n
 directa
 de la
 Constitu
 ción y
 fáctico,
 porque
 desconoc
 ió la
 potestad
 de
 autorreg
 ulación
 del
 Consejo
 Superior
 de la
 UPTC
 que
 establec
 ió: i)
 la
 reelecci
 ón
 inmediat
 a del
 rector
 a
 través
 de una
 reforma
 estatuta
 ria,
 cuyo
 debate
 y
 aprobaci
 ón
 demuestr
 an que
 sus
 miembros
 siempre
 contemp
 laron
 la
 posibili
 dad de
 que el
 actual
 director
 partici
 para
 como
 candidat
 o en el
 proceso
 y sobre
 la cual
 no
 existió
 reparo
 de
 legalida
 d por
 parte
 de los
 intervin
 ientes;
 y, ii)
 el
 marco
 normativ
 o de
 garantía
 s para
 el
 proceso
 electora
 l, que
 establec
 ía
 restricc
 iones
 para el
 rector
 candidat
 o y el
 respecti
 vo
 cronogra
 ma del
 proceso
 electora
 l.

Ambos actos administrativos, tanto la reforma estatutaria como la normativa
sobre garantías electorales, fueron previamente conocidos por la comunidad
universitaria, debido a que se publicaron en el diario oficial
oportunamente, estaban vigentes al momento de la designación del
funcionario y su legalidad no fue cuestionada.

De igual manera, se desconoció el derecho de participación política del
actor, especialmente, el acceso al ejercicio de la función pública, al
haberle impuesto una condición de inelegibilidad desproporcionada y carente
de razón constitucional; y finalmente, se limitó injustificadamente la
libertad de elección del órgano decisional de la universidad, pues redujo
las opciones de candidatos para el cargo de rector.

 90. En
 consecue
 ncia,
 la
 Corte
 dejará
 sin
 efectos
 la
 sentenci
 a de 3
 de
 marzo
 de
 2016,
 proferid
 a por
 la
 Sección
 Quinta
 del
 Consejo
 de
 Estado,
 y su
 lugar,
 ordenará
 a ese
 despacho
 judicia
 l que
 profiera
 una
 nueva
 con
 fundamen
 to en
 las
 razones
 expuesta
 s en la
 presente
 decisió
 n.

 III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la
República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,

 RESUELVE

PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos ordenada mediante auto del
catorce (14) de marzo de 2017.

SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia de diez (10) de noviembre de 2017, proferida
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, y en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso al desempeño de funciones y
cargos públicos del señor Gustavo Orlando Álvarez Álvarez.

TERCERO.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de tres (3) de marzo de 2016,
proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, que declaró la nulidad del Acuerdo No. 042 de 26 de
noviembre de 2014 a través del cual se eligió a Gustavo Orlando Álvarez
Álvarez como rector de la UPTC para el periodo 2015-2018.

CUARTO.- ORDENAR a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, que dentro de los quince (15) días
siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva
sentencia judicial, con fundamento en las razones expuestas en la presente
decisión.

QUINTO.- Por Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
 Presidenta

 CARLOS BERNAL PULIDO
 Magistrado
 En comisión

 DIANA FAJARDO RIVERA
 Magistrada

 LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
 Magistrado
 Con salvamento de voto

 ALEJANDRO LINARES CANTILLO
 Magistrado
 Con aclaración de voto

 ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
 Magistrado

 CRISTINA PARDO SCHLESINGER
 Magistrada

 JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
 Magistrado
 Con salvamento de voto

 ALBERTO ROJAS RÍOS
 Magistrado

 MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
 Secretaría General

 SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
 JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
 A LA SENTENCIA SU115/19

 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE ALTAS CORPORACIONES-
 No se cumplen condiciones de la jurisprudencia, para procedencia
 excepcional de la acción de tutela contra sentencia de una Alta Corte
 (Salvamento de voto)

 INTERPRETACION DE NORMAS QUE REGULAN SITUACION ELECTORAL DE RECTOR DE
 UNIVERSIDAD-Consejo de Estado sustentó su decisión en la aplicación
 razonable de criterios hermenéuticos, como el gramatical, el
 sistemático y funcional (Salvamento de voto)

 INTERPRETACION DE NORMAS QUE REGULAN SITUACION ELECTORAL DE RECTOR DE
 UNIVERSIDAD-Sentencia censurada no incurrió en defecto sustantivo
 (Salvamento de voto)

 AUTONOMIA UNIVERSITARIA-No se vio afectada, ya que fue el Consejo
 Superior de la UPTC el que restringió la posibilidad de reelección
 inmediata del rector, al no contemplarla expresamente (salvamento de
 voto)

 Referencia: Expediente T- 5.826.280.
  
 Acción de tutela formulada por Gustavo
 Orlando Álvarez Álvarez contra la Sección
 Quinta de la Sala de lo Contencioso
 Administrativo del Consejo de Estado.

 Magistrada Ponente:
 GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Corte, me permito
expresar las razones que me llevan a apartarme de la posición adoptada por
la mayoría, en la sentencia de la referencia.

El asunto que motivó la acción de tutela

1. El señor Gustavo Orlando Álvarez Álvarez se desempeñó como rector de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (en adelante UPTC) entre
los años 2011 y 2014. Durante dicho lapso, el Consejo Superior de la
Universidad (en adelante CSU), mediante Acuerdo 008 de 2014, estableció la
posibilidad de reelección de las personas que hubieren desempeñado el cargo
de rector. Al respecto, el parágrafo del artículo 1º dispuso lo siguiente:
“el aspirante que haya sido rector en propiedad, podrá ser elegido
nuevamente hasta por una sola vez, por el periodo establecido en el
presente artículo” (énfasis añadido).

2. A través de Acuerdo 042 de 2014, el señor Álvarez Álvarez fue reelecto
por el CSU, como rector de la UPTC para el periodo 2015-2018. Dentro del
término legal, el Ministerio de Educación Nacional acudió al medio de
control de nulidad electoral para controvertir esa decisión, alegando que
en el proceso de elección se incurrió en violación de los estatutos de la
Universidad. Afirmó, en concreto, que se desconoció el parágrafo del
artículo 1º del Acuerdo 008 de 2014, pues este no permite la reelección
inmediata del rector, sino sólo de quien ha finalizado el ejercicio de
dicho cargo.

3. La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 3 de marzo de
2016, accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de la
elección. El Tribunal Supremo de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo consideró que, desde el punto de vista gramatical, la
expresión “haya sido”, contenida en la disposición invocada por el
Ministerio, solo permitía la reelección de quienes hubieren cesado en el
ejercicio de las funciones como rector. Aseguró, así mismo, que la
posibilidad de reelección inmediata otorgaba al candidato-rector un
privilegio contrario a la transparencia e igualdad de la contienda
electoral. Indicó, finalmente, que la ausencia de un dispositivo que
garantizara la igualdad de los candidatos, aunado al hecho de que la
reforma que introdujo la relección se hubiere realizado cuando el señor
Gustavo Álvarez fungía como rector, vició decisivamente la transparencia
del proceso de elección.

El trámite de tutela y la sentencia SU-115 de 2019

4. El señor Gustavo Álvarez formuló acción de tutela contra la sentencia
proferida en única instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por estimar infringidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a
elegir y ser elegido y al acceso a cargos públicos. Aseveró, en síntesis,
que la autoridad judicial accionada incurrió i) en defecto sustantivo, por
cuanto la regla jurídica que empleó para anular su elección no estaba
prevista en el parágrafo del artículo 1º del Acuerdo 008 de 2014, en tanto
este no prohíbe la reelección inmediata del rector; ii) en violación
directa de la Constitución, ya que la inhabilidad que pesaba sobre los
rectores para postularse a un nuevo periodo fue derogada por el artículo 5
del Acuerdo 008 de 2014 y; iii) en defecto fáctico, pues ignoró que el
Acuerdo 040 de 2014, que estableció un catálogo de garantías electorales
dirigidas a asegurar la igualdad y transparencia de la elección, había sido
aportado al proceso.

5. Mediante sentencia del 10 de noviembre de 2017, la Sección Primera del
Consejo de Estado negó el amparo solicitado. Consideró que la pretensión de
nulidad electoral fue resuelta con base en una interpretación razonable de
las normas que regulaban el caso. Estimó, igualmente, que la autoridad
judicial accionada sí valoró el Acuerdo 040 de 2014, pese a lo cual
concluyó que, en efecto, se mantenía un desequilibrio en la contienda
electoral que viciaba la elección.

6. La sentencia SU-115 de 2019, de la que me aparto, revocó el fallo de
tutela de instancia y, en su lugar, concedió la protección de los derechos
al debido proceso y al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos.
De acuerdo con la mayoría, la providencia censurada incurrió en defecto
sustantivo, pues entre dos interpretaciones posibles de la normatividad
involucrada en el asunto, escogió la más restrictiva para los derechos del
actor. Sostuvo, igualmente, que si bien la hermenéutica gramatical
configura una herramienta válida en la labor judicial, en este caso no era
suficiente para resolver la cuestión puesta en conocimiento del juzgador y,
por tanto, se imponía la necesidad de acudir a una comprensión finalista y
sistemática del parágrafo del artículo 1° del Acuerdo 008 de 2014.

7. Por ese sendero, luego de estudiar los antecedentes del Acuerdo 008 de
2014, la Corte encontró que en las discusiones vertidas al interior del
CSU, nunca se excluyó la posibilidad de que el rector en ejercicio pudiera
ser candidato, ya que la modificación de los Estatutos Generales buscaba
ampliar los espacios de participación para las personas que pretendieran
postularse y para los electores. Indicó, así mismo, que la voluntad
expresada por el CSU tenía como finalidad habilitar la reelección del
rector y limitar los periodos para su ejercicio, mas no restringir el
acceso a la función pública del jefe en ejercicio de la Universidad.

8. De igual modo, la mayoría de la Corte encontró que la sentencia atacada
incurrió en defecto fáctico, toda vez que en ella se argumentó la ausencia
total de un marco jurídico para regular las garantías electorales al
interior de la Universidad, sin tener en cuenta que el Acuerdo 040 de 2014
había previsto una serie de cautelas dirigidas a equilibrar la contienda.
Dicha elusión, en criterio de la Sala Plena, tuvo un impacto directo en la
decisión adoptada por el Consejo de Estado, al punto que sustentó la
situación de inelegibilidad aplicada al actor, en la supuesta inexistencia
de garantías para que el proceso de elección se desarrollara con respeto a
los principios de igualdad, transparencia, moralidad e imparcialidad.

9. La Corte Constitucional, en consecuencia, dejó sin efecto la sentencia
proferida el 3 de marzo de 2016 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, y le ordenó adoptar una nueva decisión en la que tomara en
consideración las razones expuestas en la sentencia de unificación.

Las razones de mi desacuerdo

 [L]a acción de tutela no puede ser un mecanismo que
 sirva para que el juez constitucional pueda desplazar
 al juez ordinario en la decisión de la respectiva
 causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de
 tutela convertirse en el máximo intérprete del
 derecho legislado ni suplantar al juez natural en su
 función esencial como juez de instancia. Sentencia C-
 590 de 2005

10. Me aparto de la decisión mayoritaria, pues encuentro que, en el
presente asunto, no están cumplidas las condiciones trazadas por la
jurisprudencia de esta Corporación para la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra sentencias de una Alta Corte. Esto por cuanto, la
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado justificó adecuadamente la providencia cuestionada, a través de una
argumentación que interpreta de forma razonable el ordenamiento jurídico.
Paso a explicar mi postura.

El carácter excepcional de la acción de tutela contra sentencias de Altas
Cortes

11. La acción de tutela constituye una poderosa herramienta para la
protección y realización de los derechos fundamentales. La misma procede
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí mismo o por quien actúe a nombre
del afectado, la protección inmediata de las garantías constitucionales,
cuando quiera que estas resulten amenazadas o vulneradas por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública (Art. 86 C. Pol.).

12. Tratándose de solicitudes de amparo dirigidas a cuestionar providencias
dictadas por los jueces de la República, la Corte ha conciliado la
obligación de salvaguarda efectiva de los derechos fundamentales con los
valores de cosa juzgada, seguridad jurídica, independencia y autonomía
judicial. Esa ponderación fue concretada por el Tribunal Constitucional a
través de la configuración de los requisitos de procedibilidad formal y
material de la acción de tutela contra providencias judiciales. Lo
anterior, por varios motivos: i) los procesos judiciales constituyen
escenarios encaminados, justamente, a la materialización de los bienes
constitucionales fundamentales; ii) la autonomía e independencia judicial
representan conquistas valiosas de la modernidad, que garantizan la
necesaria separación de poderes en un régimen democrático y; iii) la cosa
juzgada y la seguridad jurídica dotan de estabilidad y certidumbre a las
relaciones económicas, sociales y jurídicas de una sociedad, por lo que su
protección comporta un imperativo del Estado de Derecho.

13. El respeto de ese preciso balance evita que los procesos judiciales se
desvíen de la misión de salvaguarda ius fundamental que le son propias y,
al mismo tiempo, asegura que la intervención del juez de tutela en los
trámites ordinarios opere únicamente de manera excepcional y restringida.
Bajo esa misma perspectiva, la Sala Plena de esta Corporación ha sostenido
que, tratándose de decisiones judiciales de una Alta Corte, el carácter
extraordinario y limitado de la acción de tutela se profundiza
ostensiblemente, ya que su posición constitucional, como supremo órgano de
cierre de la respectiva jurisdicción (Art. 234 y 237 C. Pol.), no puede ser
menoscabada a través de injerencias innecesarias y desproporcionadas, que
carezcan de una precisa y suficiente justificación:

 [L]a tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones
 es más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una
 decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es
 definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
 Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos
 fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
 constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
 entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En
 los demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial,
 y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus
 respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
 valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una
 percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión.[278]
 (Énfasis añadido).

14. En mi criterio, esos requisitos, que denotan la suma excepcionalidad de
la acción de tutela contra providencias de una Alta Corte, no se encuentran
cumplidos en el presente asunto. Esto por cuanto el análisis que efectuó el
Consejo de Estado no puede ser calificado como incompatible o abiertamente
contrario a la Constitución. Antes bien, como expondré más adelante, la
decisión cuestionada se enmarca de forma razonable en el marco normativo
superior y representa un desarrollo adecuado de los derechos a la
participación en la conformación del poder político, a la igualdad e
imparcialidad del proceso electoral y al acceso a cargos públicos.

La postura asumida por el Consejo de Estado en la sentencia cuestionada por
vía constitucional no riñe con la Constitución

15. El examen que realizó la Sección Quinta del Consejo de Estado en
relación con el alcance de la normatividad interna de la UPTC no puede
catalogarse como contraevidente o notoriamente adverso al orden
constitucional. Ese Tribunal, en efecto, sustentó su decisión en la
aplicación razonable de autorizados criterios hermenéuticos, como el
gramatical, el sistemático y el funcional.

16. De este modo, el Consejo de Estado explicó que, de acuerdo con el
juicio gramatical, la expresión “haya sido” se refiere a la imposibilidad
de que la persona que estuviera ocupando el cargo de rector, pudiera
postularse para su reelección. Explicó, frente al método sistemático, que
“para la Sala resulta evidente que ante las dos posibles interpretaciones
de la norma, debe prevalecer aquella que resulta acorde con la normativa
superior, en especial con los principios de igualdad, transparencia e
imparcialidad, lo cual impone analizarlos en el caso concreto”. Aseguró, en
relación con el criterio funcional, que “[e]sta modalidad de interpretación
incluye todos los factores relevantes para la atribución de significado a
las disposiciones normativas, como son la finalidad de la regulación, la
intención del legislador y las consecuencias de la interpretación”.

17. Por ese camino, la autoridad accionada concluyó que la posibilidad de
reelección del rector en ejercicio rompía la igualdad que debía primar
entre los candidatos y afectaba la imparcialidad del proceso, habida cuenta
del poder que dicha jefatura ostenta en la Universidad. Fue por ese aspecto
que censuró, además, la posibilidad de que quien ostentaba la condición de
rector al momento de la reforma estatutaria, resultara, a la postre,
beneficiado por normas reeleccionistas que se profirieron bajo su propia
administración. En esa línea, reiteró que el desarrollo de las elecciones
en un plano de igualdad jurídica e imparcialidad material, requería que
“quien ocupa el cargo de rector en el mismo periodo en que se realizó la
reforma del reglamento”, no participe en el proceso de elección
inmediatamente siguiente.[279]

18. La postura del Consejo de Estado, según se advierte, cuenta con un
amplio sustento argumentativo y probatorio que puede catalogarse como
razonable y plausible a la luz de la Constitución y, por ello, no podía ser
objeto de invalidación por parte del juez de tutela. La protección de los
principios de igualdad, transparencia e imparcialidad del proceso
electoral, en efecto, comporta un fin constitucionalmente valioso que dicha
autoridad judicial se propuso alcanzar a través de una lectura admisible de
los bienes superiores en juego.

La sentencia censurada no incurrió en defecto sustantivo

19. En relación con la categoría dogmática de defecto sustantivo en la
acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de la Corte
ha exigido la verificación de un exigente estándar normativo para su
materialización. De este modo, ha señalado que en estos casos “la simple
discrepancia respecto de la interpretación efectuada por el operador
jurídico no configura un defecto sustantivo que invalide la actuación
judicial, pues pueden existir vías jurídicas distintas para resolver un
caso concreto que son admisibles en la medida que sean compatibles con las
garantías y derechos fundamentales de los sujetos procesales”. [280] En
sentido similar, ha sostenido que “para que la interpretación o aplicación
de la norma al caso concreto constituya un defecto sustantivo, debe
acreditarse que el funcionario judicial en forma arbitraria y caprichosa
desconoció lineamientos constitucionales y legales de forma tal que produjo
la vulneración o amenaza de derechos fundamentales de los sujetos
procesales”.[281] (Énfasis añadido).

20. La sentencia SU-115 de 2019 -de la cual me aparto- desconoció ese
estándar jurídico. De un lado, se abstuvo de incluir los criterios de
capricho y arbitrariedad judicial en el parámetro normativo exigible en la
causal de defecto sustantivo. Así mismo, consciente de la ausencia de una
actuación irregular de esas dimensiones, admitió expresamente que en el
juicio electoral no se presentó “una actuación caprichosa y
arbitraria”[282]. En su lugar, aludió a la demostración de un yerro menos
exigente referido a la sola e indeterminada vulneración o “riesgo de
afectación” de garantías fundamentales.

21. Bajo esa premisa, la posición mayoritaria sostuvo que el Consejo de
Estado incurrió en defecto sustantivo, toda vez que la interpretación
literal del parágrafo del artículo 16 del Estatuto General de la UPTC
resultaba restrictiva en el caso concreto. En su criterio, la autoridad
accionada tenía a su alcance una solución más garantista que debía emplear
en virtud del principio pro homine.

22. En esa dirección, la Corte revisó las actas del Consejo Superior
Universitario y concluyó que la finalidad de la reforma era habilitar la
reelección inmediata de los rectores, ya que algunos miembros del cuerpo
colegiado resaltaron las bondades de esa figura. Además, argumentó que “el
proyecto de cambio de los Estatutos Generales fue promovido a instancia del
representante de los egresados, quien expuso las razones que sustentaban la
reelección inmediata del director del claustro”.[283] Insistió que “siempre
estuvo en las discusiones de la reforma estatutaria la posibilidad de que
el actual director participara en el proceso electoral”.[284] Aseguró, en
esa dirección, que entre dos interpretaciones posibles del reglamento de la
UPTC, el Consejo de Estado escogió la más desfavorable para los derechos a
la participación política y al acceso a cargos públicos del accionante, así
como para el principio de autonomía universitaria.

23. En relación con el primer aspecto, lo cierto es que las actas del
Consejo Superior de la UPTC no permiten sostener, de una parte, que la
finalidad de la enmienda de los Estatutos de la Universidad era permitir la
reelección inmediata del rector y, de otra, que esa categoría de reelección
había sido discutida ampliamente al interior del CSU a propuesta del
representante de los egresados. En efecto, como la propia sentencia de
unificación reconoció, “en los antecedentes [de la reforma] no se hizo
mención expresa a la modalidad de reelección inmediata”.[285] A su vez, el
representante de los egresados tampoco promovió un formato de reelección
inmediata de los rectores en ejercicio, ya que en la discusión de la
reforma se refirió consistentemente a la posibilidad de que “cualquiera de
los ex rectores”[286], esto es, de los funcionarios que hubieren cesado en
el ejercicio del cargo, pudiera optar a un periodo más.

24. En lo concerniente al segundo tópico, el Consejo de Estado, lejos de
restringir el principio de participación y el derecho de acceso a cargos
públicos, lo privilegió. Esto por cuanto al limitar la reelección inmediata
del rector, otorgó cautelas a la contienda electoral y promovió la disputa
imparcial y equilibrada de una pluralidad de opciones académicas y
políticas. La autonomía universitaria de la UPTC, por demás, tampoco se vio
afectada con la sentencia acusada, ya que fue el propio Consejo Superior el
que restringió la posibilidad de reelección inmediata del rector al no
contemplarla expresamente –pudiendo hacerlo-, a pesar del “amplio”,
“transparente”, “independiente”, “imparcial” y “libre” debate que, según la
sentencia SU-115 de 2019, se dio sobre ese particular al momento de
modificar el artículo 16 del Estatuto General de la Universidad.[287]

25. En conclusión, la sentencia censurada protegió el carácter expansivo
del principio de participación y salvaguardó los postulados de igualdad e
imparcialidad del proceso electoral que, a su vez, brindan cautelas al
ejercicio de los derechos a elegir y ser elegido. El Consejo de Estado,
como quedó acreditado, realizó una lectura sensata de los derechos y de las
cláusulas jurídicas comprometidas, en armonía con un entendimiento
razonable del ordenamiento superior. Su actuación, por tanto, no puede ser
calificada de modo alguno como arbitraria o desproporcionada y, mucho
menos, como un defecto sustantivo violatorio de las garantías
constitucionales.

La sentencia censurada no incurrió en defecto fáctico

26. La sentencia SU-115 de 2019 indicó que el Consejo de Estado materializó
un defecto fáctico, toda vez que no tomó en consideración que el Acuerdo
040 del 25 de octubre de 2014, obrante en el expediente de nulidad
electoral, introdujo de manera oportuna una serie de medidas dirigidas a
nivelar la contienda. En postura de la mayoría, esa omisión es relevante,
pues influyó en la interpretación del artículo 16 del Estatuto General de
la Universidad, modificado por el Acuerdo 008 del 12 de marzo de 2014.

27. En mi criterio, la falta de mención de este Acuerdo no es determinante
para dejar sin efecto la sentencia atacada, ya que el mismo tan solo se
profirió el 25 de octubre de 2014[288], es decir, luego de iniciado el
proceso electoral, y cuando ya había cerrado el plazo de inscripción de
candidatos (26 de septiembre de 2014)[289]. De esta manera, esa
modificación en las condiciones y procedimientos originales de la elección,
no propició el equilibrio de la competencia. Por el contrario, intensificó
y evidenció la desigualdad de los participantes, pues con el propósito de
“legitimar” el proceso de elección, ignoró que la convocatoria debe ser ley
para las partes y que, por ello, no puede ser objeto de enmienda una vez
iniciado el trámite electoral.

28. Y es que, como colofón, no se puede perder de vista que el Consejo de
Estado, en esencia, enfatizó que lo censurable de la cuestión era que quien
ocupaba el cargo de rector al momento de la reforma que introdujo la
reelección, se viera beneficiado por esta. Esa razonable postura de la
autoridad judicial accionada, empero, no fue compartida por la mayoría de
la Corte, la cual antepuso su propio criterio y, por tanto, dejó sin efecto
la sentencia dictada legítimamente por el juez natural del proceso.

29. Estas son las razones que, en suma, me llevan a salvar el voto frente a
la sentencia SU-115 de 2019.

Fecha ut supra,

 JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
 Magistrado

 ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
 ALEJANDRO LINARES CANTILLO
 A LA SENTENCIA SU115/19

 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE ALTAS CORPORACIONES-
 Procedencia más restrictiva, en la medida que solo tiene cabida cuando
 se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
 intervención del juez constitucional (Aclaración de voto)

 DERECHO DE PARTICIPACION Y ACCESO AL DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y CARGOS
 PUBLICOS DE RECTOR DE UNIVERSIDAD-Se debió declarar que no existía
 prohibición para que rector de la universidad fuera candidato
 (Aclaración de voto)

 DERECHO DE PARTICIPACION Y ACCESO AL DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y CARGOS
 PUBLICOS DE RECTOR DE UNIVERSIDAD-Estudio debió establecer cuál era la
 regla vigente al proceso electoral que concluyó con la designación del
 accionante (Aclaración de voto)

 Referencia: Expediente T-5.826.280

 Acción de tutela instaurada por Gustavo
 Orlando Álvarez Álvarez contra la Sección
 Quinta de la Sala de lo Contencioso
 Administrativo del Consejo de Estado.

 Magistrada Ponente:
 GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

En la parte resolutiva de la sentencia SU-115 de 2019 se decidió, entre
otros, revocar la sentencia de tutela de diez (10) de noviembre de 2017,
proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, y en su lugar, conceder el amparo de
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso al desempeño de
funciones y cargos públicos del señor Gustavo Orlando Álvarez Álvarez. De
igual forma, ordenó dejar sin efectos la sentencia de tres (3) de marzo de
2016, proferida por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, que declaró la nulidad del Acuerdo
No. 042 de 26 de noviembre de 2014 a través del cual se eligió al
accionante como rector de la UPTC para el periodo 2015-2018, y como
consecuencia de lo anterior, ordenar a la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que dentro de los quince
(15) días siguientes a la notificación de la providencia, profiriera una
nueva sentencia, con fundamento en las razones expuestas en la presente
decisión.

A pesar de encontrarme de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría
de la Sala Plena, con el acostumbrado respeto, me permito aclarar mi voto
en relación con algunas consideraciones de la parte motiva de la sentencia
SU-115 de 2019.

 1. En relación con la procedencia de la acción de tutela contra
 providencias judiciales proferidas por altas cortes, diferente a
 cualquier otra tutela contra providencia judicial, es importante
 considerar su carácter excepcional. Lo anterior, en la medida que, al
 tratarse de una acción de tutela instaurada contra providencias que
 son el resultado de la interpretación de un órgano de cierre, es
 preciso abordar los principios de igualdad y seguridad jurídica como
 asuntos estrechamente vinculados al respeto del precedente. De esta
 forma, ha reconocido la reciente jurisprudencia de esta corporación
 que teniendo en cuenta la relevancia que tiene la jurisprudencia de
 los órganos de cierre, en tanto con ella se asegura la uniformidad en
 las decisiones de los jueces y se ofrecen criterios de interpretación
 que permiten lograr la seguridad jurídica, la tutela contra
 providencias judiciales de las altas Cortes es más restrictiva.

 2. En este sentido, tal como ha sido reiterado por la Corte desde la
 sentencia C-590 de 2005, “la acción de tutela no puede ser un
 mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al
 juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por
 esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo
 intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su
 función esencial como juez de instancia”. Igualmente, la
 jurisprudencia de este tribunal ha reconocido que “[L]a tutela contra
 providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva,
 en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
 manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible
 con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir
 el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el
 control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura
 una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del
 juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía
 e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos
 supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las
 interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de
 tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera
 llegado a otra conclusión”[290] (negrillas fuera de texto original).

 3. En ese orden, cuando la solicitud de amparo se dirija en contra de una
 decisión adoptada por una alta Corporación, además de cumplir con los
 requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y con los
 especiales de procedibilidad contra providencias judiciales, se debe
 acreditar una irregularidad que contraríe abiertamente los mandatos
 constitucionales, de tal manera que amerite la intervención urgente
 del juez de tutela[291]. Por lo anterior, considero que en este caso
 debió haberse revisado en mayor nivel de detalle si se debía dar
 aplicación o no al criterio definido en las sentencias SU-573 de 2017
 y SU-050 y 072 de 2018, entre otras, referente a verificar la
 existencia de una anomalía de tal entidad en el fallo objeto de
 revisión proferido por el Consejo de Estado, que exigiese la imperiosa
 intervención de la Corte Constitucional.

 4. Adicionalmente, en mi opinión, el examen que realizó la Sección Quinta
 del Consejo de Estado en relación con el alcance la normatividad
 interna de la UPTC, no podría ser tachado de forma absoluta como
 incompatible o abiertamente contrario al orden constitucional. En
 efecto, las decisiones adoptadas en las sentencias objeto de revisión
 obedecen a una aplicación razonable de criterios de interpretación,
 como lo es la interpretación literal, esto es, la expresión “haya
 sido” se refiere a la imposibilidad de que la persona “estuviera
 ocupando el cargo de rector, pudiera postularse para su reelección”.

 5. En este sentido, la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Plena
 de la Corte ha debido limitarse a examinar si, a la luz de las reglas
 vigentes al momento de llevarse a cabo la elección del accionante, era
 o no posible la postulación del señor Gustavo Orlando Álvarez Álvarez
 teniendo en cuenta que en aquel entonces se encontraba ocupando el
 cargo de rector. En esa dirección la Corte ha debido limitar su
 pronunciamiento a indicar (i) que si bien en el Acuerdo 008 de 2014 se
 establecía que el aspirante que haya sido Rector en propiedad, podrá
 ser elegido nuevamente hasta por una sola vez -lo que sugería que no
 podía intervenir en el proceso electoral quien estuviera ocupando tal
 posición-; (ii) en el Acuerdo 040 de 2014 se reguló específicamente la
 posibilidad de que quien estuviera ocupando la rectoría participara
 como candidato estableciendo, en el artículo 3º, que el Rector
 candidato no podría (a) asistir a actos de inauguración de obras
 públicas de la Institución (b) referirse a su campaña y a los demás
 candidatos en sus presentaciones públicas como Rector y (c) utilizar
 bienes de la Universidad en actividades de su campaña.

 6. Con base en lo anterior y con fundamento en las normas vigentes y en
 particular el referido artículo 3º del Acuerdo 040 de 2014 conducían a
 concluir que, a pesar de la regla establecida en el Acuerdo 008 de
 2014, no existía una prohibición de que el rector fuera candidato.
 Asimismo, debió la decisión de la mayoría exponer con argumentos y
 razones suficientes, cómo a través del mencionado Acuerdo 040 de 2014
 se garantizaron los principios de igualdad, transparencia e
 imparcialidad del proceso electoral.

 7. Finalmente, es importante señalar que la sentencia SU-115 de 2019 se
 ocupa de asuntos cuyo tratamiento no era necesario para la decisión;
 por ejemplo, los relacionados con la caracterización general de la
 reelección o el derecho de participar en cargos públicos, y el alcance
 del principio pro homine. A mi juicio en este caso no se estaba
 juzgando si las universidades pueden o no autorizar la reelección de
 los rectores, o si las autoridades de la universidad eran o no
 competentes para expedir el Acuerdo 040 de 2014. El asunto requería,
 únicamente, ocuparse de establecer cuál era la regla vigente al
 proceso electoral que concluyó con la designación del accionante y, a
 partir de ello, definir la configuración del defecto que hacía
 procedente la acción de tutela, dando así espacio para que la decisión
 de la mayoría tuviese una mayor deferencia respecto de las decisiones
 adoptadas por altas cortes como órganos de cierre.

Con el debido respeto, en los términos anteriores dejo consignada mi
aclaración de voto.

Fecha ut supra,

 ALEJANDRO LINARES CANTILLO
 Magistrado

 -----------------------
[1] El texto de la norma es el siguiente: “El aspirante que haya sido
rector en propiedad, podrá ser elegido nuevamente hasta por una sola vez,
por el periodo establecido en el presunto artículo.”
[2] Folio 35 cuaderno principal.
[3] Folios 252-287 cuaderno principal.
[4] Los Consejeros que salvaron su voto fueron Carlos Enrique Moreno Rubio
y Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
[5] Folio 104v cuaderno principal. En efecto la providencia expresó: “En
efecto, se trata de un cambio radical que permitió la participación de
ciertos sujetos que antes tenían vedado el acceso al proceso electoral de
designación del rector de dicho ente autónomo, pues el Acuerdo No. 008 de
marzo de 2014 consintió la reelección de la primera autoridad de la UPTC.”
[6] Folio 105 cuaderno principal.
[7] Ibidem.
[8] Folio 105v cuaderno principal.
[9] Folio 106 cuaderno principal.
[10] Ibidem.
[11] Ibidem.
[12] Folio 106v cuaderno principal.
[13] Folio 107v cuaderno principal.
[14] Ibidem.
[15] Folio 108 cuaderno principal.
[16] Folio 108v cuaderno principal.
[17]Folio 108 cuaderno principal.
[18] Ibidem.
[19] Folio 108v-109 cuaderno principal.
[20] Folio 109v cuaderno principal.
[21] Ibidem.
[22] Folio 109 cuaderno principal.
[23] Folio
[24] Folios 8 y 9 cuaderno principal.
[25] Folio 8 cuaderno principal
[26] Folio 10 cuaderno principal.
[27] Folios 111-115 cuaderno principal
[28] Folios 137-138 cuaderno principal.
[29] Folios 143-151 cuaderno principal.
[30] Folios 149-151 cuaderno principal.
[31] Folio 165 cuaderno principal.
[32] Ibídem.
[33] Folios 190-192 cuaderno principal.
[34] Folio 223 cuaderno principal.
[35] Folios 1-3 cuaderno de revisión
[36] Folios 8-18 cuaderno de revisión
[37] Folios 22-95 cuaderno de revisión
[38] Folio 97 cuaderno de revisión.
[39] Ibídem.
[40] Folios 99-115 cuaderno de revisión.
[41] Folios 252-287 cuaderno principal.
[42] Folios 70-72 cuaderno principal.
[43] Folios 073-074 cuaderno de pruebas (copia simple del expediente de la
acción de nulidad No. 11001-0328-000-2015-00001-00 Actor Carlos Julio
Becerra Martínez).
[44] Folios 091-092 cuaderno principal.
[45] Folio 278 cuaderno principal.
[46] Folios 282-283 cuaderno principal.
[47] Folios 315-317 cuaderno principal.
[48] Folios 320-330 cuaderno principal.
[49] Folios 322-323 cuaderno principal.
[50] Folios 331-337 cuaderno principal.
[51] Folios 368-373 cuaderno principal.
[52] Folio 386 cuaderno principal.
[53] Este capítulo se desarrolla con fundamento en las consideraciones
expuestas en las sentencias SU-242 de 2015, T-610 de 2015, SU-454 de 2016 y
SU-041 de 2018, todas con ponencia de la Magistrada Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[54] T-006 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-223 de 1992 M.P. Ciro
Angarita Barón, T-413 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón, T-474 de 1992
Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras.
[55] M. P. Jaime Córdoba Triviño. En este fallo se declaró inexequible una
expresión del artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que impedía el ejercicio
de cualquier acción, incluida la tutela, contra las sentencias proferidas
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[56] Tomado de la sentencia SU-242 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, ver también sentencia T-610 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[57] Sentencia T-504 de 2000 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[58] Sentencia T-315 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[59] Sentencias T-008 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-159 de 2002
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[60] Sentencia T-658 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[61] Tomado de la sentencia SU-242 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[62] Folio 274 cuaderno principal.
[63] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[64] Sentencia SU-539 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[65]  CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho
en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra
con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica,
al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa
aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada
entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no
habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de
cosa juzgada y fue rechazada.
[66] El texto de la norma es el siguiente: “El aspirante que haya sido
rector en propiedad, podrá ser elegido nuevamente hasta por una sola vez,
por el periodo establecido en el presunto asunto.”
[67] Folio 35 cuaderno principal.
[68] Folios 252-287 cuaderno principal.
[69] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[70] Sentencia T-522 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[71] Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1031 de 2001 todas con
ponencia del Dr. Eduardo Montealegre Lynnett; T-1625 de 2000 M.P. Martha
Victoria Sáchica Méndez.
[72] Sentencia SU-210 de 2017 M.P. José Antonio Cepeda Amaris
[73] Sentencia SU-632 de 2017 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[74] Sentencias SU-159 de 2002, T-295 de 2005 y T-743 de 2008 todas con
ponencia del Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 2005, T-657 de 2006
ambas con ponencia del dar Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 de 2007 M.P.
Jaime Córdoba Triviño, T-033 de 2010, y T-792 de 2010 ambas con ponencia
del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
[75] Sentencia SU-242 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[76]Sentencia T-189 de 2005 M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
[77]Sentencia T-205 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[78]Sentencia T-800 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería
[79]Sentencia T-522 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[80]Sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[81]Sentencias T-051 de 2009 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 de
2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[82]Sentencias T-462 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de
2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 1999.
[83]Sentencia T-018 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[84]Sentencia T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[85]Sentencia T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[86] Capítulo desarrollado en la sentencia SU-041 de 2018 M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[87] Sentencia T-1232 de 2003 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[88] Sentencia C-1026 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[89] Sagües, N.P. Del juez legal al juez constitucional. Disponible en
www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=8&IDN=396&ID
A=1376, consultado el diez (10) de abril de 2018.
[90] Pozzolo, S. Neoconstitucionalismo y especificidad de la interpretación
constitucional. Doxa 21 – II 1998, disponible en
www.cervantesvirtual.com/obra/neoconstitucionalismo-y-especificidad-de-la-
interpretacin-0/, consultado el diez (10) de abril de 2018.
[91] Dice la Corte en la Sentencia C – 590 de 2002 (M.P Jaime Córdoba
Triviño), que se deja de aplicar una disposición iusfundamental en los
casos en que, “… si bien no se está ante una burda trasgresión de la
Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales”.
[92] En la sentencia C – 590 de 2005 se reconoció autonomía a esta causal
de procedibilidad de la acción de tutela, y se establecieron algunos
criterios para su aplicación.
[93] Sentencia SU-198 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas silva.
[94] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[95] SU-918 de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[96] La Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, M. P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, determinó que, en lo que hace al análisis del material
probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.
[97] Ver, entre otras, las sentencias T-231 de 1994, M. P. Eduardo
Cifuentes Muñoz; T-442 de 1994, M. P. Antonio Barrera Carbonell; T-008 de
1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-025 de 2001, M. P. Eduardo
Montealegre Lynett; SU-159 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-
109 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-264 de 2009, M. P. Luis
Ernesto Vargas Silva; T-114 de 2010, M. P. Mauricio González Cuervo, SU-198
de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. En ésta última se indicó
expresamente: “la intervención del juez de tutela, en relación con el
manejo dado por el juez de conocimiento es, y debe ser, de carácter
extremadamente reducido. El respeto por los principios de autonomía
judicial y del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un
examen exhaustivo del material probatorio”.(negrita fuera del texto
original).
[98] Ver sentencia T-442 de 1994, M. P. Alejandro Martínez Caballero. Allí
se indicó: “si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para
valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar
libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de
la sana crítica…, dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad
evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios
objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este
desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa
de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u
omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el hecho
o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.”
[99] Sentencia SU-489 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[100] Cfr., entre otras, SU-159 de 2002, precitada.
[101] Cfr., entre otras, T-442 de 1994 y SU-159 de 2002, precitadas.
[102] SU-198 de 2013, precitada, y T-636 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[103] T-310 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[104] Sentencia SU-447 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo, citada por
la sentencia T-213 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[105] Sentencia T-637 de 2001 M.P Manuel José Cepeda Espinosa.
[106] Sentencia T-1337 de 2001 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes
[107] Sentencia C-180 de 1994 M.P. Hernando Herrera Vergara.
[108] Sentencia T-637 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[109] Sentencia T-1337 de 2001 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[110] Sentencia C-180 de 1994 M.P. Hernando Herrera Vergara,
[111] Sentencia T-066 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[112] Picado, Sonia. 2007. Derechos Políticos como Derechos Humanos.
En Tratado de derecho electoral comparado de América Latina  — 2ª ed. —
México : FCE, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de
Heidelberg, International IDEA, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Instituto Federal Electoral, 2007. Pág. 48. Citado en la
sentencia T-066 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[113] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[114] T-066 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[115] Sentencia T-1337 de 2001 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[116] Sentencia C-089 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[117] Ibidem.
[118] “Artículo 21.
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a
las funciones públicas de su país.
[119] Artículo 25. Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las
distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas,
de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección
de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de la voluntad de los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
[120] “Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y
oportunidades:
a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes libremente elegidos;
b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre
expresión de la voluntad de los electores, y
c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a
que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o
condena, por juez competente, en proceso penal.
[121] Sentencia del 23 de junio de 2005. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Párrafos 196 y 206.
[122] Sentencia de 6 de Agosto de 2008. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Párrafo 166.
[123] Sentencia C-089A de 1994 M.P. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[124] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[125] M.P. Jaime Sanin Greiffenstein.
[126] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[127] Al respecto ver también la sentencia T-1337 de 2001 M.P. Rodrigo
Uprimny Yepes.
[128] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[129] Sentencia T-003 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[130] Ibídem.
[131] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[132] Reiterado en sentencia C-176 de 2017 M.P. Alberto Rojas Ríos.
[133] Sentencia SU-544 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[134] Ibídem.
[135] En sentencia C-028 de 2006, dijo la Corte: “Así las cosas, es
menester indicar que el derecho a acceder al ejercicio de las funciones
públicas, como ningún otro derecho fundamental, puede ser considerado como
absoluto. Por el contrario, el legislador puede limitarlo, puesto que sobre
el mismo se hacen efectivas ciertas restricciones, que se justifican
esencialmente en la consecución de la prevalencia del interés general y de
los principios que deben orientar el cumplimiento de la función pública, se
reitera, todo ello en aras a la consecución de los fines estatales y de la
transparencia y probidad de quienes ejercen la función pública, por ello no
podría decirse que con las normas acusadas se afecta dicho derecho, en la
medida en que dicha restricción se encuentra justificada.”
[136] Sentencia C-176 de 2017 M.P. Alberto Rojas Ríos.
[137] Ibídem.
[138] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[139] Sentencia T-309 de 1993.
[140] Sentencia T-313 de 2006.
[141] Sentencia T-451 de 2001.
[142] Sentencia SU-441 de 2001.
[143] Sentencia C-100 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[144] Al respecto, se pueden consultar las sentencias C-537 de 1993 M.P.
Ciro Angarita Barón, C-200 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C-408
de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería, reiteradas en la sentencia C-100 de
1994 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[145] Sentencias C-631 de 1996 y C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrero
Carbonell.
[146] Sentencia C-209 de 2009. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[147] Sentencia C-612 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos
[148] Sentencia C-100 de 1994 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[149] Gran parte del desarrollo de este aparte está contenida en el
salvamento de voto de la suscrita Magistrada Sustanciadora a la sentencia
SU-625 de 2015 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[150] Sentencia C612 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos, ver también sentencia
C-028 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[151] Sentencia C-209 de 2000 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[152] Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también
sentencias C-558 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz, Sentencia C-483 de 1998
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[153] Consejo De Estado, Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo,
sentencia del 8 de febrero de 2011, Exp. 11001031500020100099000 PI.
Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio
[154] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, sentencia de 12 de octubre de 2001. Exp. 2721 C.P. Roberto Medina
López.
[155] Sentencia C-558 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Diaz.
[156] Sentencia C-181 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz. Ver también la
sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell, C-209 de 2000 M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa, entre otros.
[157] Sentencia C-194 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, entre
otras.
[158] Sentencia T-343 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[159] Rozo Acuña, E. Inelegibilidad e irrelegibilidad en el derecho público
latinoamericano. En García López E. “pensamiento republicano y derecho
constitucional. El problema de la irrelegibilidad en las democracias
contemporáneas”. Universidad del Rosario. 2007, Bogotá, Pág. 115.
[160] Bobillo de la Peña, F, J. Reelegibilidad presidencial en América
Latina. en García López E, Ob. Cit. Pág. 119.
[161] Ibídem.
[162] Ibídem.
[163] Gomes Canotilho, J.J. Observaciones a las propuestas de relatorías de
Eloy García, en García López, Óp. Cit. Pág. 72.
[164] Rozo Acuña, Ob. Cit. Pág. 115.
[165] M.P. Humberto Sierra Porto.
[166] Sentencia C-141 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[167] Ibídem.
[168] Ibídem.
[169] García López, E. La irregibilidad como mecanismo institucional de la
democracia republicana: su recepción en el Estado constitucional de
partidos, en García López, E. Ob. Cit. Pág. 56 y 57.
[170] Fernández-Miranda y Campoamor. “Inelegibilidad”, Temas Básicos de
Derecho Constitucional, Manuel Aragón Reyes (coord.), t.1., Madrid,
Civitas, 2001, pág. 201, citado en Vanegas Gil, P.P. Las candidaturas en el
derecho electoral colombiano. Universidad Externado de Colombia, Bogotá,
2009, Pág. 76.
[171] Vanegas Gil P-P- Ob- cit. Pág. 76.
[172] Ibidem. Pág. 85.
[173] Gomes Canotilho, Ob. Cit. Pág. 72.
[174] M.P. Rodrigo Escobar Gil
[175] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[176] Decreto Ley 2241 de 1986.
[177] M.P. Alejandro Martínez Caballero
[178] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[179] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[180] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, sentencia de 3 de septiembre de 1999.
[181] Vanegas Gil, Ob. Cit. Pág. 85.
[182] Caamaño Domínguez. F. El derecho al sufragio pasivo. Prontuario de
jurisprudencia constitucional 1981-1990, Pamplona, Aranzadi, 2000, pág. 22.
Citado en Vanegas Gil, Ob. Cit. Pág. 87.
[183] TÜNNERMANN BERNHEIM, Carlos. La autonomía universitaria en el
contexto actual. Universidades, 2008, vol. 58, no 36. Al citar el Foro
Internacional sobre Autonomía Universitaria auspiciado por la Asociación
Colombiana de Universidades (ASCUN), junio de 2004.
[184] MARSISKE SCHULTE, Renate. Historia de la autonomía universitaria en
América Latina. Perfiles educativos, 2004, vol. 26, no 105-106, p. 160-167.
[185] Sentencia T-102 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[186] UNESCO. Conferencia mundial sobre la educación superior: la educación
superior en el siglo XXI: visión y acción. 1998.
[187] TÜNNERMANN BERNHEIM, Carlos. La autonomía universitaria en el
contexto actual. Universidades, 2008, vol. 58, no 36. En el mismo sentido,
Sentencia C-491 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[188] TÜNNERMANN BERNHEIM, Carlos. La autonomía universitaria en el
contexto actual. Universidades, 2008, vol. 58, no 36.
[189] UNESCO. Conferencia mundial sobre la educación superior: la educación
superior en el siglo XXI: visión y acción. 1998.
[190] Ley 30 de 1992. Artículo 30.
[191] Ley 30 de 1992. Artículo 28.
[192] Dándolo a conocer al Ministerio de Educación Nacional, conforme el
parágrafo del artículo 29.
[193] Dándolos a conocer al Ministerio de Educación Nacional, conforme el
parágrafo del artículo 29.
[194] Dándolos a conocer al Ministerio de Educación Nacional, conforme el
parágrafo del artículo 29.
[195] Ley 30 de 1992. Artículos 28 y 29.
[196] Ver entre otras las Sentencias T-068 de 2012, T-056 de 2011, T-152 de
2015 y T-365 de 2015.
[197] Ver entre otras las Sentencias C-560 de 1997, C-926 de 2005 y C-654
de 2007.
[198] Ver entre otras las Sentencias T-277 de 2016 y T-281ª de 2012.
[199] Términos empleados en TÜNNERMANN BERNHEIM, Carlos. La autonomía
universitaria en el contexto actual. Universidades, 2008, vol. 58, no 36.
[200] M.P. Hernando Herrera Vergara.
[201] Recogidas también por la Sala Plena mediante sentencia C-535 de 2017.
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[202] Sentencia T-056 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[203] Sentencia C-926 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[204] Sentencia C-507 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[205] Es el caso de la propuesta de clasificación que se encuentra en
SANDOVAL RUIZ, Justo Evelio. La autonomía universitaria en la constitución
colombiana de 1991. Historia de la Educación Colombiana, 2001, vol. 3, no
3, p. 1.
[206] TÜNNERMANN BERNHEIM, Carlos. La autonomía universitaria en el
contexto actual. Universidades, 2008, vol. 58, no 36.
[207] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[208] Sentencia T-102 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, al referir
la Sentencia T-202 de 2000 M.P. Fabio Morón Díaz.
[209] Sobre el carácter no absoluto y limitado de la autonomía
universitaria, ver sentencias T-672 de 1998, C-517 de 1999, C-829 de 2002,
C-918 de 2002, C-121 de 2003, T-1228 de 2004, C-452 de 2006, T-758 de 2008,
C-568 de 2010, C-491 de 2016 y C-535 de 2017.
[210] UNESCO. Conferencia mundial sobre la educación superior: la educación
superior en el siglo XXI: visión y acción. 1998.
[211] Sentencia T-097 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[212] GONZÁLEZ PÉREZ, Luis Raúl y GUADARRAMA LÓPEZ, Enrique. Autonomía
universitaria y universidad pública. El autogobierno universitario.
Universidad Nacional Autónoma de México, 2009. p.53.
[213] GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, La autonomía universitaria en la Constitución
y en la ley, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2005. En
cita en: GONZÁLEZ PÉREZ, Luis Raúl; GUADARRAMA LÓPEZ, Enrique. Autonomía
universitaria y universidad pública. El autogobierno universitario.
Universidad Nacional Autónoma de México, 2009. p.53.
[214] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[215] M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[216] Ley 30 de 1992. Artículo 57.
[217] Lay 30 de 1992. Artículo 62.
[218] M.P. Fabio Morón Díaz.
[219] En el mismo sentido ver las sentencias C-195 de 1994 y C-475 de 1999.

[220] Folio 104v cuaderno principal. En efecto la providencia expresó: “En
efecto, se trata de un cambio radical que permitió la participación de
ciertos sujetos que antes tenían vedado el acceso al proceso electoral de
designación del rector de dicho ente autónomo, pues el Acuerdo No. 008 de
marzo de 2014 consintió la relección de la primera autoridad de la UPTC.”
[221] Folio 105 cuaderno principal.
[222] Ibídem.
[223] Folio 105v cuaderno principal.
[224] Folio 106 cuaderno principal.
[225] Ibídem.
[226] Ibídem.
[227] Folio 106v cuaderno principal.
[228] Folio 107v cuaderno principal.
[229] Ibídem.
[230] Folio 108 cuaderno principal.
[231] Folio 108v cuaderno principal.
[232]Folio 108 cuaderno principal.
[233] Ibídem.
[234] Folio 108v-109 cuaderno principal.
[235] Folio 109v cuaderno principal.
[236] Sentencia C-042 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[237] Hegenbarth, R. Juristische Hermeneutik und linguistische Pragmatik.
Dargestell am Beispiel der Lehre vom Wortlaut als Grenze der Auslegung,
Königstein/Ts. 1982. Pág. 155, citado por Klatt M. Hacer el derecho
explícito. Normatividad semántica en la argumentación jurídica. Marcial
Pons. 2017. Pág. 95. Desarrollado en la sentencia C-042 de 2018 M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[238] Depenheuer, O. Der Wortlaut als Grenze. Thesen zu einem Topos der
Verfassunginterpretation, Heidelberg, 1988. Pág. 51. Cutado por Klatt M.
Ob. Cit, pág. 100. Desarrollado en la Sentencia C-042 de 2018 M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[239] Alexy, R. Teoría de la argumentación jurídica. Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2008. Pág. 226-227.
[240] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[241] Esta postura fue reiterada en sentencia C-147 de 1998 M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[242] Sentencia C-577 de 2011 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Reiterado en sentencia C-042 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[243] Al respecto ver. Kahn, P. W. Construir el caso. El arte de la
jurisprudencia. Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes.
Bogotá, 2017. Pág. 187.
[244] Barak A. Proporcionalidad. Los derechos fundamentales y sus
restricciones. Palestra. 2017, Lima. Pág. 89.
[245] Folio 146 cuaderno de pruebas (copia simple del expediente de la
acción de nulidad No. 11001-0328-000-2015-00001-00 Actor Carlos Julio
Becerra Martínez)
[246] Ibídem.
[247] Ibídem.
[248] Folio 148 cuaderno de pruebas (copia simple del expediente de la
acción de nulidad No. 11001-0328-000-2015-00001-00 Actor Carlos Julio
Becerra Martínez)
[249] Ibídem.
[250] Folio 159 cuaderno de pruebas (copia simple del expediente de la
acción de nulidad No. 11001-0328-000-2015-00001-00 Actor Carlos Julio
Becerra Martínez)
[251] Folio 160 cuaderno de pruebas (copia simple del expediente de la
acción de nulidad No. 11001-0328-000-2015-00001-00 Actor Carlos Julio
Becerra Martínez)
[252] Ibídem.
[253] Folio 161 cuaderno de pruebas (copia simple del expediente de la
acción de nulidad No. 11001-0328-000-2015-00001-00 Actor Carlos Julio
Becerra Martínez)
[254] Folio 161 cuaderno de pruebas (copia simple del expediente de la
acción de nulidad No. 11001-0328-000-2015-00001-00 Actor Carlos Julio
Becerra Martínez)
[255] Artículo 13. Son funciones del Consejo Superior: d. Expedir y
Modificar los estatutos y reglamentos de la institución. (folio 043
cuaderno de pruebas (copia simple del expediente de la acción de nulidad
No. 11001-0328-000-2015-00001-00 Actor Carlos Julio Becerra Martínez)
[256] Folios 042-043 cuaderno de pruebas (copia simple del expediente de la
acción de nulidad No. 11001-0328-000-2015-00001-00 Actor Carlos Julio
Becerra Martínez)

[257] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En esta providencia la Corte estudió
la constitucionalidad del al Proyecto de Ley Estatutaria N° 216/05 Senado,
N° 235-Cámara, “por medio de la cual se reglamenta la elección de
Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f)
de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en
el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones”.
[258] Sentencia C-1153 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[259] Ibídem.
[260] Ibídem.
[261] Ibídem.
[262] Ibídem.
[263] Ibídem.
[264] Considerando final del Acuerdo 040 de 2014, visible a folio 070 del
cuaderno de pruebas (copia simple del expediente de la acción de nulidad
No. 11001-0328-000-2015-00001-00 Actor Carlos Julio Becerra Martínez)
[265] Folios 70-72 cuaderno principal.
[266] Folios 073-074 del cuaderno de pruebas (copia simple del expediente
de la acción de nulidad No. 11001-0328-000-2015-00001-00 Actor Carlos Julio
Becerra Martínez).
[267] Artículo 3º. El Rector candidato, durante el proceso de designación
de rector de la Universidad, no podrá:
 4. Asistir a actos de inauguración de obras públicas de la Institución.
 5. Referirse a su campaña y a los demás candidatos en sus presentaciones
 públicas como Rector.
 6. Utilizar bienes de la Universidad en actividades de su campaña.”
[268] Folio 070 del cuaderno de pruebas (copia simple del expediente de la
acción de nulidad No. 11001-0328-000-2015-00001-00 Actor Carlos Julio
Becerra Martínez).
[269] Al respecto ver los folios 065 y siguientes del cuaderno de pruebas
(copia simple del expediente de la acción de nulidad No. 11001-0328-000-
2015-00001-00 Actor Carlos Julio Becerra Martínez).
[270] Barak, Ob. Cit. Pág. 253
[271] Ibídem.
[272] Barack, Ob. Cit. Pág. 196.
[273] Sentencia C-147 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[274] Estas consideraciones fueron tomadas de la sentencia del Tribunal
Constitucional Español STC 254/1998 F.J. 8, citada en Prieto Sanchís, L. El
constitucionalismo de los derechos, Editorial Trotta. Madrid, 2013. Pág.
223.
[275] Prieto Sanchís, Ob. Cit. Pág. 223.
[276] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[277] Al respecto ver sentencias T-254 de 2006, T-410 de 2007, T-887 de
2007, T-1092 de 2007, T-437 de 2008, T-341 de 2008, T-580 de 2008, T-1112
de 2008, T-109 de 2009 y T-186 de 2009 y T-736 de 2009.
[278] Cfr. Sentencia SU-917 de 2010.
[279] Al respecto la sentencia afirmó: “En consecuencia, estimar como
admisible que quien ocupa el cargo de rector en el mismo período en que se
realizó la reforma del reglamento, participe en el proceso de elección,
implicaría otorgarle un privilegio, en tanto contaría con un mayor poder al
interior de la universidad, en detrimento de los demás candidatos que no
tendrían igual acceso a los medios, quebrantando con ello los principios
analizados”.
[280] Cfr. Sentencia SU-050 de 2017.
[281] Ibídem.
[282] Cfr. Sentencia SU-115 de 2019, página 43.
[283] Ibídem, página 50.
[284] Ibídem, página 50.
[285] Ibídem, pagina 48.
[286] Ibídem, pagina 45 y 47. Énfasis añadido.
[287] Ibídem, pagina 50.
[288] El mismo se puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/secretaria_general/consejo_super
ior/acuerdos_2014/Acuerdo_040_2014.pdf
[289] De conformidad con los Acuerdos 039 y 040 de 2014 del CSU de la UPTC,
la publicación del Acuerdo que convocó a elecciones se efectuó entre el 15
y el 19 de septiembre de 2014; la difusión de la convocatoria se realizó
entre el 18 y el 22 de septiembre del mismo año; la inscripción de
candidatos a rector estuvo abierta entre el 22 y el 26 de septiembre de ese
año; mientras que la verificación y certificación del cumplimiento de
requisitos se llevó a cabo el 29 de septiembre de 2014. El Acuerdo 040 de
2014, que dispuso algunas garantías electorales para nivelar la contienda,
tan solo se dictó el 25 de octubre, esto es, cuando ya había iniciado y
avanzado el proceso electoral.
[290] Corte Constitucional, sentencia SU-917 de 2010.
[291] Corte Constitucional, sentencias T-398 de 2017 y SU-050 y SU-072 de
2018.