Sentencia T-106/17 PRINCIPIO DE INMEDIATEZ COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Debe ponderarse bajo el criterio del plazo razonable y oportuno  ACCION DE TUTELA COMO MECANISMO SUBSIDIARIO DE PROTECCION ANTE LA EXISTENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE-Reiteración de jurisprudencia ACCION DE TUTELA PARA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Reiteración de jurisprudencia sobre requisitos y condiciones necesarias para su procedencia INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Improcedencia de tutela por cuanto no se cumplió con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez El requisito de inmediatez no se configura en el presente caso, debido a que la demandante: (i) ha podido vivir por más de 20 años en condiciones dignas sin el ingreso adicional que exige; (ii) no expuso razones que justificaran su prolongada inactividad; (iii) no se evidencia una amenaza grave de sus derechos fundamentales; y (iv) no se encuentra en una situación de debilidad manifiesta. Tampoco se encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad, debido a que la edad de la peticionaria no resulta suficiente para colegir un perjuicio irremediable ni la falta de idoneidad de las vías ordinarias Referencia: Expediente T-5.840.741 Acción de tutela instaurada por Cecilia Restrepo de Peña contra el Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Procedencia: Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Asunto: Indexación de la primera mesada pensional, y los requisitos de subsidiariedad e inmediatez de la acción de tutela Magistrada sustanciadora: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Bogotá D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete (2017) La Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio y Aquiles Arrieta Gómez (e), y por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia adoptado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 22 de septiembre de 2016, que confirmó la sentencia proferida el 17 de agosto de 2016, por el Juzgado Cuarenta y Seis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, por medio de la cual se denegó el amparo constitucional solicitado por Cecilia Restrepo de Peña. El asunto llegó a la Corte Constitucional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, por remisión que efectuó la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El 17 de noviembre de 2016, la Sala Número Once de Selección de Tutelas de esta Corporación escogió el presente caso para su revisión. I. ANTECEDENTES El 5 de agosto de 2016, la señora Cecilia Restrepo de Peña, a través de apoderada, promovió acción de tutela contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales, por considerar que esta entidad vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, vida digna, mínimo vital, igualdad, debido proceso y a mantener el poder adquisitivo de la mesada pensional. La accionante indicó que la afectación de sus derechos se desprende de la Resolución 1220 del 20 de mayo de 2014 expedida por la entidad accionada, en la que se denegó la indexación de la mesada pensional que recibe como cónyuge supérstite de Josué Vicente Peña Salcedo, a pesar de que la mesada reconocida corresponde a un s.m.l.m.v. y que el último salario que devengó su esposo como trabajador de la empresa accionada ascendía a 5.86 veces el s.m.l.m.v. A. Hechos y pretensiones 1. La accionante indicó que su cónyuge, Josué Vicente Peña Salcedo, trabajó para la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia desde el 2 de septiembre de 1950 y que el 20 de junio de 1971, tras cumplir 20 años de servicios, se retiró de dicha empresa. 2. Mediante Resolución 863 expedida el 17 de septiembre de 1984 Ferrocarriles Nacionales de Colombia advirtió que respecto de Josué Vicente Peña concurría el tiempo de servicios (20 años) y la edad de jubilación (50 años que cumplió el 20 de julio de 1984), razón por la que reconoció pensión de jubilación en favor de aquél a partir del 21 de julio de 1984, sin precisar el monto de la mesada. 3. La actora resaltó que la liquidación expedida el 10 de octubre de 1984 indicó que se trataba de “pensión de jubilación mínima” y se refirió como salario de liquidación el mínimo legal vigente del año 1984, a pesar de que el último salario devengado por su cónyuge equivalía a 5.86 veces el salario mínimo mensual legal vigente de la época. 4. Posteriormente, como consecuencia del fallecimiento de Josué Vicente Peña, la entidad accionada expidió la Resolución 840 del 23 de marzo de 1994, en la que se reconoció la sustitución pensional en favor de la accionante y sus hijos menores de edad. 5. En mayo de 2014, la actora le solicitó a la entidad accionada la indexación de la primera mesada pensional, particularmente que el monto se ajustara al último salario que devengó su cónyuge. 6. Mediante la Resolución 1220 de 20 de mayo de 2014 el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia denegó la solicitud de indexación presentada por la actora, debido a que al trabajador se le reconoció y pagó la pensión de jubilación desde el día siguiente al de su retiro de la empresa, lo que descarta que sobre la mesada se hubieren proyectado los efectos negativos de la inflación. 7. Por medio de la Resolución 2499 de 30 de septiembre de 2014, la entidad accionada resolvió el recurso de reposición formulado en contra del acto que denegó la indexación de la primera mesada y confirmó la decisión cuestionada. 8. Posteriormente, la accionante insistió en la indexación de la mesada a través de una nueva petición, que fue negada por la Resolución 268 de 24 de febrero de 2015. 9. En la solicitud de amparo la promotora de la acción reconoció que cuenta con otros mecanismos para reclamar la indexación de la mesada pensional y precisó que no acudió a dichas vías ordinarias por su edad y porque en sede de tutela acreditó el cumplimiento de los requisitos para la prosperidad de su pretensión. B. Actuaciones en sede de tutela Por medio de auto del 9 de agosto de 2016, el Juzgado Cuarenta y Seis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá admitió a trámite la acción de tutela y dispuso la notificación de la entidad accionada para que ejerciera su derecho de defensa. Respuesta del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia La entidad accionada, luego de referir las actuaciones que ha adelantado, particularmente el reconocimiento de la pensión de jubilación a Josué Vicente Peña Salcedo, la posterior sustitución de la prestación en favor de Cecilia Restrepo de Peña como cónyuge supérstite de aquél y la denegación de la indexación, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, debido a que la accionante cuenta con mecanismos judiciales ordinarios para discutir el derecho a la indexación de la mesada. C. Decisiones objeto de revisión Fallo de primera instancia El 17 de agosto de 2016, el a quo declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad. En particular, indicó que la pretensión de la actora está dirigida a cuestionar los actos administrativos a través de los que el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia denegó la solicitud de indexación de la primera mesada pensional, los cuales gozan de presunción de legalidad y pueden ser cuestionados a través de mecanismos judiciales ordinarios. La impugnación El 24 de agosto de 2016, la actora impugnó el fallo de primera instancia y cuestionó la falta de un pronunciamiento del a quo con respecto a: (i) los perjuicios que le ha provocado la decisión de la entidad accionada; (ii) la especial protección de la que es sujeto en razón de su edad; (iii) la jurisprudencia constitucional que ha reconocido la posible configuración de un perjuicio irremediable cuando se conjuga la pérdida del poder adquisitivo del ingreso y la edad avanzada del sujeto; y (iv) la conducta de la entidad accionada, dirigida a denegar el reconocimiento de las pensiones o liquidarlas por debajo de los montos correspondientes. Fallo de segunda instancia Mediante sentencia del 22 de septiembre de 2016, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia. Particularmente, el ad quem refirió el carácter subsidiario de la acción de tutela y la jurisprudencia constitucional sobre su improcedencia general para resolver controversias relacionadas con la reliquidación de prestaciones sociales y cuestionar actos administrativos. En concordancia con el presupuesto de subsidiariedad, el juez indicó que si bien la actora cuenta con 75 años y es sujeto de especial protección constitucional, esa circunstancia no es suficiente para establecer la procedencia del amparo, ya que puede cuestionar la decisión que denegó el reconocimiento de la indexación de la mesada pensional a través de vías ordinarias y no acreditó la configuración de un perjuicio irremediable. Sobre este aspecto señaló que“(…) nada permite explicar por qué a lo largo de tantos años de estar devengando su pensión, sólo ahora acude –y por vía de tutela- a pedir un remedio que por la vía ordinaria le puede ser considerado. La desidia que ello demuestra hace improcedente su aplicación, aun a pesar de la edad que hoy presenta la accionante.” D. Actuaciones en sede de revisión El 16 de enero de 2017, la magistrada sustanciadora profirió auto en el que requirió a la accionante y al Fondo del Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia para que respondieran algunas preguntas relacionadas con las circunstancias del caso, particularmente con las condiciones socioeconómicas de la actora, el monto de la mesada pensional que recibe y el último salario devengado por Josué Vicente Peña Salcedo. Respuesta de Cecilia Restrepo de Peña En atención a las preguntas elevadas en esta sede, la accionante indicó que tiene 4 hijos mayores que no conviven con ella; recibe pensión sustitutiva por el monto de $772.190; sus ingresos se derivan de “la sustitución pensional que adquirí a través de la pensión que en vida tenía mi difunto esposo JOSUE VICENTE PEÑA SALCEDO, mi pensión y los apoyos económicos que mis hijos me prestan” y sus gastos mensuales ascienden a $2’070.283, los cuales incluyen el pago de servicios públicos de energía, gas, acueducto, telefonía y televisión, cuota de administración, mercado, transporte, vestuario, préstamo bancario, tarjeta de crédito, actividades sociales, servicio doméstico y recreación. También precisó que por sugerencia de su apoderada elevó la pretensión de reconocimiento de la indexación de la mesada pensional a través de acción de tutela y no por las vías ordinarias, y aportó algunos documentos dirigidos a establecer el monto del último salario que devengó su cónyuge como trabajador de la empresa accionada. Respuesta del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia Como respuesta a las preguntas elevadas en auto de 16 de enero de 2017, la entidad accionada señaló que: (i) de acuerdo con el último reporte de pago la mesada pensional de Cecilia Restrepo de Peña asciende a $737.717; (ii) mediante Resolución 863 de 17 de septiembre de 1984 se le reconoció a Josué Vicente Peña Salcedo pensión de jubilación, efectiva a partir del 21 de julio de 1984; (iii) a la fecha del fallecimiento de Josué Vicente Peña Salcedo recibía una mesada pensional por la suma de $87.215; y que (iv) mediante Resolución 840 de 23 de marzo de 1994 dispuso el pago del 50% del monto de la mesada a Cecilia Restrepo de Peña en calidad de cónyuge supérstite y el 50% restante a favor de los hijos del causante y hasta cumplir la mayoría de edad. II. CONSIDERACIONES Competencia 1.- Corresponde a la Corte Constitucional analizar, en Sala de Revisión, las sentencias proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Asunto objeto de revisión y problema jurídico 2.- Como se indicó en el acápite de hechos, Cecilia Restrepo de Peña presentó acción de tutela por considerar que el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, vida digna, mínimo vital, igualdad, debido proceso y a mantener el poder adquisitivo de la mesada pensional, al negarle la indexación de la pensión que le fue reconocida como cónyuge supérstite de Josué Vicente Peña Salcedo el 23 de marzo de 1994. En particular, la accionante señaló que su esposo trabajó ante la entidad accionada hasta el 20 de junio de 1971 y que para el momento de su retiro devengaba 5.86 veces el salario mínimo legal mensual vigente de la época. Sin embargo, en Resolución núm. 863 del 17 de septiembre de 1984, cuando aquél cumplió el requisito de edad, se le reconoció pensión de jubilación por un s.m.l.m.v. sin considerar el monto equivalente del último salario devengado, lo que desconoce el derecho a mantener el poder adquisitivo de la pensión. La actora indicó que como consecuencia de la vulneración del referido derecho en los años 2014 y 2015 elevó peticiones ante el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia con el propósito de que se indexara la mesada pensional que recibe por la sustitución pensional reconocida en la Resolución 840 de 23 de marzo de 1994, las cuales fueron denegadas por la entidad accionada con razones que, aduce, desconocen las circunstancias en las que se produjo el reconocimiento de la pensión de jubilación, particularmente el transcurso de más de 10 años entre el momento en el que se produjo el retiro y se reconoció el derecho. 3.- Como quiera que (i) de acuerdo con el artículo 86 de la Carta Política la acción de tutela está revestida de especiales características que, a su vez, demarcan sus requisitos de procedencia, y (ii) en el presente caso la accionante y los jueces de instancia reconocieron la existencia de mecanismos ordinarios para obtener la pretensión elevada en el escrito de tutela, la Sala primero deberá determinar la concurrencia de dichos presupuestos. En efecto, la situación fáctica exige a la Sala verificar si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la tutela para obtener el reconocimiento del derecho a la indexación de la primera mesada pensional que reclama la actora, particularmente los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez, imperiosos para estudiar el fondo del asunto. 4.- Para resolver la cuestión planteada, es necesario abordar el análisis de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y luego, con fundamento en ese estudio general se examinará la concurrencia de los requisitos en el caso objeto de estudio. Procedencia de la acción de tutela 5.- En el análisis que le corresponde adelantar al juez para determinar la procedencia de la acción de tutela debe establecer la concurrencia de los requisitos generales, que emanan del artículo 86 de la Carta Política, según el cual: “[t]oda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Este precepto determina la legitimación en la causa y la necesidad de que se formule la acción dentro de un plazo razonable, contado desde el momento en el que se generó la vulneración o amenaza del derecho fundamental, de tal manera que el amparo constitucional no se convierta en un factor de inseguridad jurídica y de posible afectación de los derechos de terceros. El presupuesto de inmediatez para el reconocimiento de derechos pensionales. Reiteración de jurisprudencia 6.- Esta Corporación ha resaltado que de conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela no tiene término de caducidad. Sin embargo la solicitud de amparo debe formularse en un término razonable desde el momento en el que se produjo el hecho vulnerador. Esta exigencia se deriva de la finalidad de la acción constitucional, que pretende conjurar situaciones urgentes que requieren de la actuación rápida de los jueces. Por ende, cuando el mecanismo se utiliza mucho tiempo después de la acción u omisión que se alega como violatoria de derechos, se desvirtúa su carácter apremiante. Asimismo, este requisito de procedencia tiene por objeto respetar o mantener la certeza y estabilidad de los actos o decisiones que no han sido controvertidos durante un tiempo razonable, respecto de los cuales se presume la legalidad de sus efectos ante la ausencia de controversias jurídicas. 7.- En atención a esas consideraciones, la jurisprudencia de esta Corporación ha determinado que, de acuerdo con los hechos del caso, corresponde al juez establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. En efecto, bajo ciertas circunstancias y situaciones de excepcionalidad, el juez constitucional puede concluir que una acción de tutela interpuesta después de un tiempo considerable desde la amenaza o vulneración del derecho fundamental, resulta procedente. La jurisprudencia ha identificado tres eventos en los que esto sucede:   “(i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras. (ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata. (iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan’.” En síntesis, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que el presupuesto de inmediatez: (i) tiene fundamento en la finalidad de la acción, la cual supone la protección urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental0100090000032100000000000500000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0202000200030000001e00040000002701ffff030000000000