Sentencia T-526/14 ACCION DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSION DE VEJEZ-Procedencia cuando afecta mínimo vital y no existe otro medio eficaz de defensa  LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA Y AGENCIA OFICIOSA EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Agente oficioso en representación de hermano DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCION POR MEDIO DE ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia ALLANAMIENTO A LA MORA-Pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social  Cuando las entidades encargadas de administrar los aportes al sistema general de seguridad social, en salud y pensiones, dejan de recibir dichos aportes, y los reciben con posterioridad a la fecha correspondiente para su pago, o no realizan las gestiones orientadas a obtener su pago, conforme las herramientas establecidas en la ley para este efecto, se entiende que se allanan a la mora, siendo necesario que asuman las consecuencias de su negligencia, sin que los efectos nocivos de dicha circunstancia puedan ser trasladados al trabajador que requiere la prestación de los servicios de salud o que reclama su pensión por cumplir ya con los requisitos para acceder a ella. DERECHO A LA VIDA DIGNA Y A LA SEGURIDAD SOCIAL-Orden a Colpensiones reconocer pensión de vejez Referencia: expediente T-4287721 Acción de tutela presentada por Aura Matilde Lara Vásquez, como agente oficiosa de Fernando Lara Vásquez, contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil catorce (2014) La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y previo el cumplimiento de los requisitos y trámites legales y reglamen­tarios, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de las sentencias proferidas, en primera instancia, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá el 16 de diciembre de 2013, y en segunda instancia, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. I. ANTECEDENTES La señora Aura Matilde Lara Vásquez, actuando como agente oficiosa de su hermano Fernando Lara Vásquez, interpuso acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), solicitando la protección de los derechos fundamentales de su agenciado a la seguridad social, la salud, el mínimo vital y la vida, los cuales considera vulnerados por la entidad accionada al no reconocerle la pensión de vejez, prestación a la cual considera que tiene derecho, porque es beneficiario del régimen de transición y cumple con los requisitos legales establecidos en el Decreto 758 de 1990 para acceder a la misma. A continuación se exponen los fundamentos de la demanda: 1. Hechos. 1.1 Fernando Lara Vásquez tiene sesenta y tres (63) años de edad, y reside actualmente, junto con su familia compuesta por su cónyuge y sus dos (2) hijas de 21 y 16 años de edad, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. 1.2 El actor se afilió al Instituto de Seguros Sociales desde el 23 de septiembre de 1969 y afirma que cotizó mil ciento cuarenta y siete (1147) semanas hasta el 31 de octubre de 2011, incluidas 64 semanas de aportes correspondientes a tiempo laborado al servicio de la empresa Arinco Ltda., que no han sido registradas por Colpensiones en su historia laboral. 1.3 Mediante Resolución GNR 199402 del 2 de agosto de 2013, Colpensiones le negó al señor Lara Vásquez el reconocimiento de la pensión de vejez, argumentando que el peticionario no acreditó el número de semanas mínimas para obtener la pensión requerida, conforme lo establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Colpensiones consideró que esta es la norma que rige la solicitud pensional del señor Lara Vásquez porque el peticionario perdió el derecho a ser beneficiario del régimen de transición al no acreditar más de 750 semanas de aportes al 25 de julio de 2005. 1.4 La agente oficiosa afirma que interpuso los recursos de reposición y apelación en contra de la anterior resolución, porque considera que el actor cotizó más de setecientas sesenta (760) semanas al 25 de julio de 2005, por lo cual tiene derecho a ser beneficiario del régimen de transición. 1.5 Asimismo, manifiesta que interpuso la acción de tutela para evitar que se cause un perjuicio irremediable en la salud y la vida del señor Fernando Lara Vásquez, ya que i) fue diagnosticado en octubre de 2013 con adenocarcinoma prostático Gleasson 8, que hizo metástasis a su sistema óseo; ii) no pudo seguir trabajando por su enfermedad; iii) no cuenta con un seguro médico que le permita cubrir los costos que su salud requiere; iv) sus ahorros los destinó al pago del tratamiento de la misma; y v) su familia depende de él económicamente. 2. Respuesta de la entidad accionada. Colpensiones no se pronunció sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela. 3. Sentencia de primera instancia. El Juez Quinto Civil del Circuito de Bogotá profirió sentencia de primera instancia el 16 de diciembre de 2013, en la que declaró la improcedencia de la acción de tutela porque esta fue interpuesta antes de que la entidad accionada hubiera resuelto los recursos interpuestos contra de la Resolución GNR 199402 del 2 de agosto de 2013. 4. Sentencia de segunda instancia. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia mediante sentencia del 30 de enero de 2014, porque la acción se interpuso antes de que Colpensiones hubiera resuelto los recursos en contra de la Resolución GNR 199402 del 2 de agosto de 2013, y el actor cuenta con las acciones ante la jurisdicción laboral para resolver sus pretensiones respecto del número de semanas aportadas y de su condición de beneficiario del régimen de transición. 5. Actuaciones adelantadas en sede de revisión. 1.1 Mediante comunicación radicada en la Secretaría General de esta Corporación el 15 de mayo de 2014, la señora Aura Matilde Lara Vásquez aportó copia de los certificados de los sueldos recibidos por el señor Fernando Lara Vásquez por parte de la empresa Arinco Ltda. desde 1978 hasta 1984. Asimismo, la agente oficiosa aportó copia de la Resolución No. GNR 120540 del 7 de abril de 2014, por medio de la cual Colpensiones resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 199402 del 2 de agosto de 2013. En dicho acto se confirma la decisión adoptada en el acto administrativo impugnado, porque se considera que el señor Fernando Lara Vásquez perdió la condición de beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, al no haber aportado más de 750 semanas al 25 de julio de 2005. Además, se concluye que el peticionario no tiene derecho a la pensión de vejez, porque no cuenta con el número de semanas de aportes requerido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. 1.2 Con fundamento en los principios de celeridad, eficacia, oficiosidad e informalidad que guían la actuación del juez de tutela, se estableció comunicación telefónica con la señora Aura Matilde Lara Vásquez el día 12 de junio del año en curso, y se le solicitó que aportara los siguientes documentos: i) copia de su registro civil y el del señor Fernando Lara Vásquez, y ii) copia de la historia laboral del señor Fernando Lara Vásquez. 1.3 En respuesta a esta solicitud, la agente oficiosa remitió los documentos solicitados mediante comunicación radicada en la Secretaría General de esta Corporación el 17 de junio de 2014. II. Consideraciones y fundamentos 1. Competencia. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Formulación del problema jurídico. Con fundamento en los antecedentes expuestos, la Sala de Revisión deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿Vulnera Colpensiones los derechos fundamentales a la seguridad social y a la vida digna de una persona de sesenta y tres (63) años de edad (el señor Fernando Lara Vásquez), en tratamiento paliativo de un cáncer de próstata que le hizo metástasis a su sistema óseo (Fernando Lara Vásquez), al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de vejez con base en los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por medio del Decreto 758 de 1990, porque considera que su afiliado dejó de ser beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a partir del 31 de julio de 2010, ya que al momento de entrar en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005 (25 de julio de 2005) no contaba con más de setecientas cincuenta (750) semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones, sin tener en cuenta que, en concepto del actor, en su historia laboral no se registran algunas semanas con las que alcanzaría este tiempo de aportes? Para resolver el problema jurídico propuesto, i) se establecerá la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto; ii) se definirá la legitimidad de la señora Aura Matilde Lara Vásquez para actuar como agente oficiosa del señor Fernando Lara Vásquez; iii) se harán algunas consideraciones sobre la protección del derecho a la seguridad social por medio de la acción de tutela; iv) se reiterará la jurisprudencia de esta Corporación sobre el allanamiento a la mora en el pago de aportes a la seguridad social; y con base en las mencionadas consideraciones v) se resolverá el caso concreto. 3. Procedencia de la acción de tutela. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, la jurisprudencia constitucional y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991 por el cual se regulan el trámite de la acción de tutela, esta sólo procede (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; (ii) cuando existiendo, ese medio carece de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto; o (iii) cuando se interpone para evitar la consumación de un perjuicio irremediable en un derecho fundamental, evento en el que el amparo procede de manera transitoria; es decir, mientras se produce una decisión definitiva por parte del juez natural de cada proceso. En el caso objeto estudio la Sala de Revisión encuentra que, aunque el señor Fernando Lara Vásquez cuenta con las acciones judiciales ordinarias para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez, estas no son eficaces para proteger sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, por su delicado estado de salud. En el expediente está acreditado que el señor Fernando Lara Vásquez padece Adenocarcinoma de Próstata Gleason 4+4=8 con metástasis ósea a columna vertebral, fémures, pelvis anterior y posterior, y que está recibiendo tratamiento paliativo porque los médicos tratantes consideran que no es un paciente quirúrgico, como se afirma en el informe médico del 12 de mayo de 2014. Esta condición muestra que si se someten las pretensiones del actor a un trámite ordinario, es probable que la duración del proceso supere su expectativa de vida. Por lo anterior, la celeridad de la acción de tutela hace que sea el mecanismo procedente para pronunciarse sobre los derechos a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna del señor Lara Vásquez. 4. Legitimación de la señora Aura Matilde Lara Vásquez para actuar como agente oficiosa del señor Fernando Lara Vásquez. La acción de tutela objeto de estudio fue interpuesta por la señora Aura Matilde Lara Vásquez, quien afirma que actúa como agente oficiosa del señor Fernando Lara Vásquez. Por esta razón, se reiterará la jurisprudencia sobre la agencia oficiosa, como una forma de legitimación por activa para promover la acción de tutela. En la sentencia T-531 de 2002 se estudió la acción de tutela interpuesta por un abogado que afirmó que actuaba en calidad de agente oficioso y apoderado de sesenta y cuatro (64) pensionados de una entidad territorial. En la demanda se solicitó el cumplimiento de un fallo de tutela anterior que ordenaba la cancelación de unas mesadas pensionales que esta entidad les adeudaba. En sus consideraciones la Corte estudió si el abogado estaba legitimado para interponer la segunda acción de tutela, ya que no había manifestado las razones por las que sus representados estaban en imposibilidad de promover la defensa de sus derechos fundamentales y porque los poderes le habían sido otorgados solamente para adelantar el primer proceso de tutela. La Corte empezó por señalar que la agencia oficiosa es una de las formas admitidas en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 para promover la acción de tutela, y que su validez se fundamenta en los principios constitucionales de eficacia de los derechos fundamentales (Art. 2 CP), prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (Art. 228 CP) y solidaridad (Art. 1° CP). Adicionalmente, la Corte sostuvo los elementos normativos de la agencia oficiosa y los efectos de la figura, en los siguientes términos: “Los elementos normativos de la agencia oficiosa están señalados expresamente en el decreto 2591 de 1991 y de manera implícita en la Constitución y en los decretos reglamentarios de la acción tutela. La Sala los sintetiza de la siguiente manera: (i) La manifestación del agente oficioso en el sentido de actuar como tal. (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa. (iii) La existencia de la agencia no implica una relación formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos (iv) La ratificación oportuna por parte del agenciado de los hechos y de las pretensiones consignadas en el escrito de acción de tutela por el agente.” En ese proceso la Corte Constitucional concluyó que el abogado no estaba legitimado para interponer la acción de tutela como agente oficioso, porque no se acreditó que los supuestos agenciados estuvieran en imposibilidad de promover por si mismos la defensa de sus derechos fundamentales y en el expediente no existía escrito alguno que ratificara la actuación del abogado. Adicionalmente, concluyó que el abogado tampoco estaba legitimado para actuar como apoderado, porque los poderes le habían sido otorgados para interponer la primera acción de tutela, y no podía entenderse que estos le permitieran promover nuevos procesos de tutela. En aplicación de las reglas expuestas al caso objeto de estudio, la Sala de Revisión encuentra que la acción de tutela objeto de estudio cumple con los elementos normativos de la agencia oficiosa. En primer lugar, la señora Aura Matilde Lara Vásquez manifestó en el escrito de tutela que actúa como agente oficiosa de su hermano el señor Fernando Lara Vásquez, porque está en imposibilidad física de promover la defensa de sus derechos, por la grave enfermedad que padece (adenocarcinoma de próstata Gleason 4+4=8 con metástasis ósea a columna vertebral, fémures, pelvis anterior y posterior la cual lo tiene postrado), y porque reside en Santo Domingo, República Dominicana, donde está siendo tratado por su enfermedad. Finalmente, existen elementos para inferir la voluntad del señor Fernando Lara Vásquez de que se le reconozca su pensión de vejez, ya que en el expediente obra copia de una autorización otorgada a la señora Aura Matilde Lara Vásquez, para que esta tramite la solicitud de reconocimiento de su pensión de vejez, interponga acciones de tutela y “asuma la calidad de agente oficiosa en el evento de requerirse”. Por las razones expuestas, la Sala de Revisión concluye que la señora Aura Matilde Lara Vásquez sí está legitimada para actuar como agente oficiosa del señor Fernando Lara Vásquez. 5. Protección del derecho a la seguridad social por medio de la acción de tutela. La acción de tutela interpuesta en representación del señor Fernando Lara Vásquez tiene por objeto el reconocimiento de su pensión de vejez. Por esta razón, es necesario hacer algunas consideraciones sobre la protección del derecho a la seguridad social por medio de la acción de tutela. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el derecho a la seguridad social es un derecho humano reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por Colombia. Por lo anterior, debe entenderse que la seguridad social forma una unidad con los demás derechos humanos, pues estos son interdependientes, integrales y universales. Concretamente, se ha dicho: “Esta interdependencia y unidad de los derechos humanos tiene como fundamento la idea de que para proteger verdaderamente la dignidad humana es necesario que la persona no sólo tenga órbitas de acción que se encuentren libres de interferencia ajena, como lo quería la filosofía liberal, sino que además es menester que el individuo tenga posibilidades de participación en los destinos colectivos de la sociedad de la cual hace parte, conforme a las aspiraciones de la filosofía democrática, y también que se le aseguren una mínimas condiciones materiales de existencia, según los postulados de las filosofías políticas de orientación social. Los derechos humanos son pues una unidad compleja. Por ello algunos sectores de la doctrina suelen clasificar los derechos humanos en derechos de libertad, provenientes de la tradición liberal, derechos de participación, que son desarrollo de la filosofía democrática, y derechos sociales prestacionales, que corresponden a la influencia de las corrientes de orientación social y socialista.” La Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la seguridad social hace parte de los denominados derechos económicos, sociales y culturales (en adelante, DESC), los cuales son entendidos como la garantía de unas condiciones mínimas de existencia digna. Asimismo, ha indicado que la protección de estos derechos es un desarrollo del Estado social de derecho, fórmula política e ideológica acogida en la Constitución Política. La consagración de los DESC, implica que el Estado colombiano asume determinados deberes, como el de adoptar las medidas necesarias para lograr progresivamente su plena efectividad y permitir el ejercicio de los mismos. Por esta razón, la Corte Constitucional ha entendido que la protección judicial de los DESC hace parte de esas medidas, y que la acción de tutela es una de las formas que puede adoptar esa protección judicial. Sobre este punto, ha dicho: “Con todo, para la Corte también es claro [que] la obligación de tomar medidas legislativas no significa que algunas de las cláusulas del tratado no sean directamente auto ejecutables, pues algunos derechos son de aplicación inmediata, tal y como se señaló anteriormente. Además, tampoco debe pensarse que estos derechos sociales prestacionales son puramente programáticos, esto es, que son únicamente obligaciones para las autoridades pero que no implican derechos correlativos de los particulares, puesto que, en determinados contextos y dadas ciertas condiciones, los derechos sociales prestacionales pueden ser protegidos por diferentes vías judiciales, como las acciones de nulidad e inconstitucionalidad, las acciones populares o incluso la acción de tutela.” En conclusión, teniendo en cuenta que la seguridad social hace parte de los DESC, y que la protección judicial de estos derechos es un desarrollo del deber del Estado colombiano de adoptar las medidas necesarias para lograr la plena efectividad de los mismos, debe entenderse que el derecho a la seguridad social puede protegerse por medio de la acción de tutela. 6. Allanamiento a la mora en los aportes a la seguridad social. Reiteración de jurisprudencia. En diversos pronunciamientos, la Corte Constitucional ha reiterado su posición en el sentido de afirmar que, cuando los aportes a la seguridad social se realizan de manera extemporánea o dejan de hacerse, existe la obligación de la entidad de seguridad social encargada de administrarlos de adelantar el procedimiento legal correspondiente para obtener el pago efectivo de dichos aportes, a fin de garantizar, por una parte, la sostenibilidad del sistema, y por la otra, asegurar el pago efectivo de los derechos amparados por el sistema de seguridad social, como las incapacidades, licencias de maternidad y pensiones. La sentencia C-177 de 1998 se pronunció en extenso sobre este tema, al examinar la constitucionalidad de los artículos 33 (parcial) y 209 de la Ley 100 de 1993. En efecto, en aquella oportunidad la Corte Constitucional se planteó la pregunta acerca de si resultaba contrario a la Constitución que se estableciera una suerte de sanción para el trabajador, consistente en la pérdida de su derecho de acceso a la pensión o a la prestación del servicio de salud, cuando, aunque se hayan efectuado los descuentos correspondientes al trabajador, el empleador no hizo los aportes a las entidades encargadas de administrar la pensión o de prestar los servicios de salud, por causas no imputables al trabajador. La Corte Constitucional, definió en aquella oportunidad un contenido mínimo del derecho a la pensión, en los siguientes términos: “Existe entonces un contenido constitucionalmente protegido al derecho a la pensión, que puede ser caracterizado así: en la medida en que un asalariado ha realizado las cotizaciones determinadas por la ley, o ha laborado los tiempos legalmente previstos en aquellos casos en que el patrono asume la integralidad de la cotización, entonces se entiende que el trabajador tiene derecho al reconocimiento y pago oportuno de la pensión legalmente establecida, la cual goza de protección y garantía efectiva por parte del Estado, todo lo cual, a su vez, deriva de una obligación legal y constitucional de afiliarse a la seguridad social, derecho que es irrenunciable (C.P. art. 48). Por ello esta Corporación ya había señalado que ‘quien ha satisfecho los requisitos de edad y tiempo de servicio o número de semanas cotizadas, exigidas por la ley para acceder a una pensión de jubilación o de vejez, tiene un derecho adquirido a gozar de la misma’. Por ende, y a pesar de que el derecho a la pensión es de configuración legal, la Corte considera que la norma acusada establece una cierta limitación al contenido constitucionalmente protegido de este derecho, puesto que personas que efectivamente han cotizado durante determinadas semanas a empresas o cajas privadas no pueden acumular esos períodos por una razón que no les es imputable, puesto que no depende de ellos, sino de las empresas o las cajas, que se efectúe el traslado de la correspondiente suma actualizada”. En este sentido, la Corporación continuó el camino ya iniciado por la Jurisprudencia en relación con el derecho a la seguridad social, en las que ya se había consolidado que una vez cumplidos los requisitos para acceder a la pensión, dicha circunstancia deja de ser una mera expectativa y se convierte en un auténtico derecho que hace parte de su patrimonio. Así las cosas, para la Corte Constitucional: “Se trata, entonces, de un derecho adquirido por el trabajador; aquel que se causa a favor de la persona que ha reunido los requisitos elementales para acceder a la pensión de vejez, luego de haber realizado un ‘ahorro forzoso’ durante gran parte de su vida, teniendo, en consecuencia, el derecho a recibir tal prestación, con el único fin de llegar a la tercera edad y vivir dignamente, acorde con su esfuerzo laboral pasado. Todo lo anterior, se dirige a señalar que ninguna entidad administradora de fondos de pensiones puede adoptar decisiones subjetivas; aún teniendo la discrecionalidad para reconocer o negar la pensión de vejez, no pueden asumir una postura desfavorable al solicitante aludiendo incumplimientos del patrono para no reconocer la pensión de vejez. Esta prestación no es gratuita ni menos una dádiva que generosamente da una entidad administradora, se trata de un verdadero derecho adquirido que protege la Constitución Política para que cuando el ser humano llegue a la edad de jubilación exigida por la ley, pueda descansar y, además, según el caso, seguir respondiendo a las necesidades de su familia (artículos 13, 25, 46, 48 y 53 de la Constitución). Por tanto, cuando los requisitos de edad, tiempo de servicio, o semanas cotizadas han pasado de simples expectativas a verdaderos derechos, no pueden ser desconocidos por normas posteriores o por simples decisiones emanadas de las empresas administradoras de pensiones, porque se desconocerían los derechos que ostentan los ex-trabajadores que han llegado a reunir los requisitos anteriormente descritos, los cuales son imprescriptibles”. Ahora bien, cuando las entidades encargadas de administrar los aportes al sistema general de seguridad social, en salud y pensiones, dejan de recibir dichos aportes, y los reciben con posterioridad a la fecha correspondiente para su pago, o no realizan las gestiones orientadas a obtener su pago, conforme las herramientas establecidas en la ley para este efecto, se entiende que se allanan a la mora, siendo necesario que asuman las consecuencias de su negligencia, sin que los efectos nocivos de dicha circunstancia puedan ser trasladados al trabajador que requiere la prestación de los servicios de salud o que reclama su pensión por cumplir ya con los requisitos para acceder a ella. En efecto, aunque esta figura tuvo su origen en el ámbito de las licencias de maternidad, la Corte Constitucional ha extendido su aplicación a circunstancias similares, en las que las entidades del sistema general de seguridad social, se han negado a las prestaciones que les corresponden, con el argumento de la extemporaneidad en los pagos, sin que hubieran actuado para remediar esta situación, conforme las herramientas establecidas en la ley. Al respecto, esta Corporación ha sostenido: “[…] cuando las entidades administradoras de pensiones reciben cotizaciones con posterioridad a la fecha correspondiente para su pago, o no realizan las gestiones orientadas a obtener su pago, la Corte ha entendido que se allanan a la mora. Es necesario entonces que asuman las consecuencias de su negligencia, sin que los efectos nocivos de dicha circunstancia puedan ser trasladados al trabajador que requiere la prestación de los servicios de salud o que reclama su pensión por cumplir ya con los requisitos para acceder a ella. […] si bien la figura del allanamiento a la mora tuvo su origen en el ámbito de las licencias de maternidad, la Corte Constitucional ha extendido su aplicación a circunstancias similares en las que las entidades del sistema general de seguridad social se han negado a pagar las prestaciones que les corresponden con el argumento de la omisión o extemporaneidad en las cotizaciones. Para justificarlo, la Corte ha considerado que la negligencia de las entidades administradoras de dineros del sistema de seguridad social implica en todos los casos una posible vulneración del mínimo vital y una actuación contraria a la buena fe por parte de la entidad. Así las cosas, conforme la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, es claro que, en los casos de mora patronal en el pago de los aportes al sistema de seguridad social y frente a esta circunstancia las entidades encargadas de recibir y administrar estos aportes, (i) no utilizan las herramientas que la ley les permite para hacer el cobro de estos dineros o, (ii) extemporáneamente los recibe, se allanan a dicha mora patronal y pierden la posibilidad de excusarse en el cumplimiento estricto de las obligaciones que la normatividad general que regula el sistema les impone. En conclusión, dado el contenido específico del derecho a la pensión en nuestro ordenamiento, y las condiciones establecidas por la jurisprudencia de la Corporación para el surgimiento del allanamiento a la mora, es claro que dicha teoría aplica en el caso concreto de las solicitudes pensionales. Esto es así, por la concurrencia de los elementos que la jurisprudencia ha identificado como comunes para la aplicación de este fenómeno a diversos casos concretos, por lo que en aras de los principios de buena fe y de confianza legítima, cuando un empleador ha dejado de pagar los aportes a la seguridad social en pensiones y la entidad los ha recibido extemporáneamente o no ha sido diligente en el cobro de éstos, se allana a la mora, encontrándose jurídicamente amparado el trabajador frente a su expectativa legítima de acceder a su derecho a la pensión, más aún cuando de dicha prestación depende el mantenimiento de su vida en condiciones de dignidad. 7. Colpensiones vulneró los derechos fundamentales del señor Fernando Lara Vásquez a la seguridad social y a una vida digna, al no tener en cuenta algunas semanas que debió considerar aportadas. El Instituto de Seguros Sociales le negó la pensión de vejez al señor Fernando Lara Vásquez, porque argumenta que su afiliado dejó de ser beneficiario del régimen de transición al no aportar más de 750 semanas antes del 25 de julio de 2005, y que no cuenta con el número de semanas mínimas para pensionarse requeridas en la Ley 100 de 1993 para obtener el derecho al reconocimiento de la pensión que se reclama. Por su parte, la agente oficiosa afirma que el señor Lara Vásquez sigue siendo beneficiario del régimen de transición, porque aportó más de 760 semanas antes de que entrara a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, y que tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, debido a que cumple los requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990. El señor Lara Vásquez padece actualmente de cáncer de próstata con metástasis al sistema óseo, enfermedad por la cual está recibiendo tratamiento paliativo, los altos costos de este tratamiento y la falta de recursos económicos del actor para su sostenimiento y el de su familia, llevan a la Sala Primera de Revisión a concluir que la acción de tutela es el mecanismo judicial procedente para pronunciarse en forma definitiva sobre la protección de los derechos a la seguridad social y a la vida digna del actor, ya que la duración de un proceso ordinario podría superar su expectativa de vida, máxime teniendo en cuenta, que como lo afirma la agente oficiosa, (y su dicho no fue desvirtuado), el señor Lara Vásquez está en condiciones económicas muy difíciles. Al respecto de la solicitud de reconocimiento de la pensión, en el material probatorio que obra en el expediente se encuentra que mediante Resolución No. GNR 199402 del 2 de agosto de 2013, Colpensiones estudió la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez del señor Fernando Lara Vásquez a partir de la siguiente relación de semanas, las cuales consignó en al acto correspondiente: ENTIDAD LABORO|DESDE|HASTA|NOVEDAD|DIAS| Banco Gran Col S.A.|19690923|19700715|Tiempo servicio|296| 987654321 Arinco Ltda.|19770301|19780102|Tiempo servicio|308| Arinco Ltda.|19780130|19780517|Tiempo servicio|108| 10987654321 Arinco Ltda.|19780516|19801130|Tiempo servicio|930| 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ari|19810107|19810430|Tiempo servicio|114| 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ari|19810501|19810531|Tiempo servicio |31| 4 3 2 1 Arinco Ltda.|19820519|19850604|Tiempo servicio|1113| Arinco S.A.|19850221|19870731|Tiempo servicio|891| Caminos Vecinales Bgta.|19861229|19870601|Tiempo servicio|153| 6 5 4 3 2 1 Pinski y Asociados|19870805|19880430|Tiempo servicio|270| Arinco S.A.|19880719|19881125|Tiempo servicio|130| Fernando Lara Vásquez|20021101|20021127|Tiempo servicio|27| Fernando Lara Vásquez|20021201|20080129|Tiempo servicio|1859| Fernando Lara Vásquez|20080201|20111031|Tiempo servicio|1350| Con fundamento en esta relación Colpensiones sostuvo que al 25 de julio de 2005 el señor Fernando Lara Vásquez no acreditó 750 semanas de aportes, razón por la cual dejó de ser beneficiario del régimen de transición. Analizada esta información, la Sala de Revisión considera que Colpensiones no calculó adecuadamente el número de semanas aportadas por el señor Lara Vásquez al 25 de julio de 2005, ya que para esta fecha había aportado cinco mil trescientos treinta y ocho (5338) días, equivalentes a setecientas sesenta y dos (762) semanas. Por lo tanto, debería concluirse que Colpensiones vulneró el derecho a la seguridad social del actor, al considerar que este dejó de ser beneficiario del régimen de transición, porque su decisión se fundamentó en un supuesto de hecho equivocado. Ahora bien, en la Resolución GNR 120540 del 7 de abril de 2014, por la cual la entidad accionada resuelve el recurso de reposición interpuesto por el señor Lara Vásquez en contra de la resolución 199402 del 2 de agosto de 2013, Colpensiones presentó un nuevo argumento para concluir que el actor no alcanzó a cotizar las semanas necesarias para seguir siendo beneficiario del régimen de transición. En esta resolución, la entidad accionada introduce un nuevo argumento para fundamentar su negativa. Sostiene que entre el 29 de diciembre de 1986 y el 1° de junio de 1987, el señor Fernando Lara Vásquez realizó aportes simultáneos como trabajador del Fondo Nacional de Caminos Vecinales y de la empresa Arinco S.A. Por esta razón, y con fundamento en el artículo 81 del Acuerdo 044 de 1989, la entidad accionada dice que este tiempo sólo puede contabilizarse una sola vez, y por lo tanto, que el afiliado perdió el derecho a ser beneficiario del régimen de transición. Por su parte, la agente oficiosa afirma que no existió la cotización simultánea alegada por Colpensiones y que “los aportes cancelados por Arinco Ltda, para el periodo comprendido del 29-12-1986 al 01-06-1987 corresponden a pagos de aportes de otros periodos”. Sin embargo, el derecho al régimen de transición del señor Fernando Lara Vásquez no depende de que los supuestos aportes simultáneos sean contabilizados dos (2) veces. Ello porque veinticinco (25) semanas laboradas al servicio de la empresa Arinco Ltda., no aparecen como aportadas al sistema de salud y pensiones, las cuales serían suficientes para concluir que el señor Lara Vásquez conserva su derecho al régimen de transición. La siguiente es la relación expuesta en el escrito de tutela de las semanas en discusión: Desde|Hasta|Días| 1/12/1980|31/12/1980|30| 1/1/1982|31/5/1982|151| 1/5/1988|1/6/1988|31| Total|212| Respecto de estos periodos, la agente oficiosa presentó una solicitud de corrección de la historia laboral del señor Fernando Lara Vásquez ante Colpensiones. Adicionalmente, en sede de revisión se aportó copia de las constancias expedidas por el contador de la empresa Arinco Ltda., identificada con Nit. 60.003.552, en la que se relacionan los ingresos percibidos por el señor Fernando Lara Vásquez desde 1979 hasta 1984 como trabajador al servicio de esa empresa, y en las que se certifica que durante esos años la empresa hizo las deducciones correspondientes al Instituto de Seguros Sociales. El material probatorio que obra en el expediente muestra que el señor Fernando Lara Vásquez estuvo vinculado laboralmente a la empresa Arinco Ltda. desde 1977 hasta el año 1986, y que se efectuaron en la nómina los descuentos correspondientes al Instituto de Seguros Sociales. En efecto, en la relación de cotizaciones reconocida por Colpensiones, se encuentran aportes del señor Lara Vásquez por parte de Arinco Ltda. desde el 1° de marzo de 1977 hasta el 31 de julio de 1987. Sin embargo, respecto de los mencionados períodos las certificaciones remitidas al expediente, que muestran una vinculación ininterrumpida del actor con la mencionada empresa. Adicionalmente, aunque la agente oficiosa solicitó la corrección de la historia laboral del señor Fernando Lara Vásquez ante Colpensiones, esta entidad no ha ofrecido una respuesta satisfactoria respecto de las razones por las que esos períodos no han sido incluidos. Hay entonces constancia en el expediente que durante los años 1980 y 1982 el señor Fernando Lara Vásquez estuvo vinculado con la empresa Arinco Ltda., y que su empleador hizo los descuentos al Instituto de Seguros Sociales. En consecuencia, debe concluirse que aunque en la historia laboral del actor no están registrados sus aportes del 1° al 31 de diciembre de 1980 y del 1° de enero al 31 de mayo de 1982, este hecho no es imputable al afiliado, y por lo tanto, no debe asumir las consecuencias negativas de esta situación, especialmente si de ello depende el reconocimiento de su pensión de vejez en un momento en el que padece una enfermedad grave y requiere de los recursos para su tratamiento y el sostenimiento de su familia. Por lo tanto, aunque no está claro si el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) omitió adelantar el cobro de los aportes de los mencionados períodos o si estos fueron realizados extemporáneamente, lo cierto es que la entidad accionada contaba con los recursos para adelantar el cobro de los mismos, razón por la cual debe concluirse que se allanó a la mora y que esos aportes deben ser tenidos en cuenta para el reconocimiento de su pensión de vejez. Así, si a las setecientas treinta y seis (736) semanas que no están en discusión se le suman los 181 días de aportes, correspondientes a los períodos del 1° al 31 de diciembre de 1980 y del 1° de enero al 31 de mayo de 1982, en los que existe evidencia de que el actor laboró y le fueron deducidos los aportes correspondientes, debe concluirse que al 25 de julio de 2005 el señor Fernando Lara Vásquez contaba por lo menos con setecientas sesenta y un (761) semanas de aportes, que sigue siendo beneficiario del régimen de transición y que tiene derecho a pensionarse con base en la edad, el número de semanas cotizadas. En el régimen que resulta aplicable al actor, se establece que tienen derecho a la pensión de vejez los hombres de 60 o más años de edad, que hayan aportado quinientas (500) semanas durante los veinte (20) años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, o mil (1000) semanas de cotización en cualquier tiempo. El señor Fernando Lara Vásquez, actualmente tiene sesenta y tres (63) años de edad, y durante su vida laboral ha cotizado por lo menos mil cuarenta y cinco (1045) semanas, tal como lo reconoció Colpensiones en las Resoluciones GNR 199402 del 2 de agosto de 2013 y GNR 120540 del 7 de abril de 2014. Por las razones expuestas, la Sala Primera de Revisión revocará los fallos proferidos por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 30 de enero de 2014 y por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá el 16 de diciembre de 2013, en las que se declaró la improcedencia de la acción de tutela. En su lugar, se tutelarán los derechos fundamentales del señor Fernando Lara Vásquez a la seguridad social y a la vida digna. Se dejarán sin efecto las Resoluciones GNR 199402 del 2 de agosto de 2013 y GNR 120540 del 7 de abril de 2014 y se ordenará a Colpensiones que dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la presente sentencia le reconozca pensión de vejez al señor Fernando Lara Vásquez. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- REVOCAR las sentencias proferidas por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 30 de enero de 2014, y por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá el 16 de diciembre de 2013, que declararon la improcedencia de la acción de tutela, y en su lugar, TUTELAR los derechos a la seguridad social y a la vida digna del señor Fernando Lara Vásquez. Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS las Resoluciones GNR 199402 del 2 de agosto de 2013 y GNR 120540 del 7 de abril de 2014 proferidas por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. Tercero.- ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, RECONOZCA la pensión de vejez al señor Fernando Lara Vásquez consagrada en el Decreto 758 de 1990. Cuarto.- Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. MARIA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada MAURICIO GONZALEZ CUERVO Magistrado LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ Secretaria General